La séptima versión del informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales revela que el gobierno, en los informes oficiales que envía a diferentes organismos internacionales para dar cuenta de la situación de los DD.HH. en Chile, omite información relevante.
La aseveración se basa en el análisis de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante 2008 y 2009 en los que, según el estudio, la autoridad ha omitido informes alternativos aportados por la sociedad civil. Estos últimos análisis, llamados "informes sombra", permiten aportar elementos alternativos que contrarresten las informaciones oficiales.
Uno de los casos paradigmáticos se refiere a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente los menores de edad. En este tema, diversas entidades -como la UDP, Unicef, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría- plantearon denuncias graves.
La séptima versión del informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales revela que el gobierno, en los informes oficiales que envía a diferentes organismos internacionales para dar cuenta de la situación de los DD.HH. en Chile, omite información relevante.
La aseveración se basa en el análisis de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante 2008 y 2009 en los que, según el estudio, la autoridad ha omitido informes alternativos aportados por la sociedad civil. Estos últimos análisis, llamados "informes sombra", permiten aportar elementos alternativos que contrarresten las informaciones oficiales.
Uno de los casos paradigmáticos se refiere a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente los menores de edad. En este tema, diversas entidades -como la UDP, Unicef, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría- plantearon denuncias graves.
La séptima versión del informe anual sobre Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales revela que el gobierno, en los informes oficiales que envía a diferentes organismos internacionales para dar cuenta de la situación de los DD.HH. en Chile, omite información relevante.
La aseveración se basa en el análisis de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante 2008 y 2009 en los que, según el estudio, la autoridad ha omitido informes alternativos aportados por la sociedad civil. Estos últimos análisis, llamados "informes sombra", permiten aportar elementos alternativos que contrarresten las informaciones oficiales.
Uno de los casos paradigmáticos se refiere a la situación de las personas privadas de libertad, especialmente los menores de edad. En este tema, diversas entidades -como la UDP, Unicef, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría- plantearon denuncias graves.
