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Familia de joven desaparecido en democracia acusa presiones

El Ejecutivo reiteró que el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que relevó este caso como una violación a las garantías fundamentales, “desprestigian” al país. En tanto, la familia del joven solicita cambio de fiscal que lleva la causa.

Diana Porras

  Viernes 27 de noviembre 2009 14:06 hrs. 
Radio-Uchile

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El Ejecutivo reiteró que el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que relevó este caso como una violación a las garantías fundamentales, “desprestigian” al país. En tanto, la familia del joven solicita cambio de fiscal que lleva la causa.

Ayer el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, manifestó que le parecía “completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desaparecido, y mucho menos parangonar esta situación con los crímenes que ocurrieron en el período de la dictadura", y agregó que "son cosas que no tienen nada que ver y que confunden a la opinión pública, no le hacen bien al país, dañan la imagen internacional de Chile y es algo que el gobierno rechaza".

Pero en la práctica este caso mantiene bajo la incertidumbre a la familia del joven José Huenante en Puerto Montt, después de su desaparición el año 2005 y que fue denominado como el “primer caso de detenido desaparecido en democracia” en el Informe 2009 de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Pero sus cercanos no sólo están bajo la duda sino con diversos cuestionamientos por los alcances que está teniendo la causa. Así lo informó el abogado de la familia del menor, Luis Correa Bluas, quien afirmó que el fiscal que lleva el caso, Sergio Coronado, está bajo presión para pasar la causa a la justicia militar, por eso piden que sea otro personero quien se encargue de seguir en este proceso.

“Lo que ha hecho el Ministerio Público es solicitar nuevamente que pase la causa a la justicia militar, allanándose a una petición de defensa de uno de los acusados, lo que es absolutamente inusual. Una vez que el Ministerio Público se ha convencido que existe delito, acusa y por ende vamos a juicio oral, dice ‘sabe qué, ahora me arrepentí y, en consecuencia, voy a acceder a la petición de la defensa de ir a la Justicia Militar. Eso, además de parecernos serio, grave, irregular, significa impunidad”, denunció Correa.

Estos antecedentes fueron analizados nuevamente por el gobierno, esta vez el ministro del Interior, Edmundo Pérez  Yoma, quien cuestionó los casos y criticó que la imagen de Chile se ve desprestigiada.

“A mí me parece que toda esta argumentación y todos estos informes que han estado saliendo son absolutamente fuera de lugar. Me parece que no se puede seguir, porque  se desprestigia todo lo que se ha hecho en torno a la defensa de los derechos humanos y todo lo que se ha hecho durante estos años en el país”, señaló el ministro.

El ministro Pérez hace mención a la imagen que tiene Chile en el exterior, pero el país ya ha recibido, incluso este año, recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos y fue examinado tres veces por organizaciones de este tipo.

Una de ellas  fue el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, la que recomendó reformar  el Código de Justicia Militar, mediante el cual “se establecen límites a la competencia material y personal de los tribunales militares” que, hasta hoy, tiene facultades para enjuiciar a civiles y para los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por uniformados. El Comité reiteró también a nuestro país “que elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar”.

De esta forma diversos antecedentes desde los abogados de la causa de José Huenante, así como el Informe de la Universidad Diego Portales ponen en alerta al gobierno que esta imagen del país no es tan clara ni tan positiva como ellos manifiesta.

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