Por blanqueamiento de dinero y alzamiento de bienes investiga ahora el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, a la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su albacea, Óscar Aitken y los ex ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Graniffo y Hernán Donoso.
Por eso, ordenó a la familia de Pinochet el pago de una fianza de 77 millones de dólares con el objetivo de no trabar embargo sobre unos 100 millones de la misma moneda en propiedad de la familia y cuyo origen es investigado por el magistrado.
El juez que investiga el caso Riggs en nuestro país, Manuel Valderrama, si bien dijo que la arista de lavado de dinero no es parte de las indagaciones que lleva adelante, calificó como importante las diligencias que pretende llevar a cabo el juez español. “En lo que respecta a mi proceso no hay ninguna decisión por ese cause y se siguen investigando los delitos por los que han sido procesados algunos ex militares”, dijo el jurista.
Valderrama reconoció además que la línea investigativa que se sigue en nuestro país no está enfocada en el lavado de dinero sino en la malversación de caudales públicos.
Mientras, el abogado querellante en el caso Riggs, Alfonso Insunza, señaló que las diligencias de Garzón serían un paso importante para poder esclarecer la participación que le cabe tanto a la viuda del ex dictador como a los otros tres individuos imputados del delito de blanqueamiento de activos.
“Él habla de 77 millones e incluso imputa al Banco de Chile porque las operaciones financieras se habrían convenido desde esa institución a Nueva York. Mi duda no es si la justicia chilena va a autorizar al juez Garzón para que presencie las indagatorias. Si eso fuera así, sería positivo para la justicia aunque sea la internacional, porque en la chilena la familia estuvo sometida a proceso hace dos años por el juez Cerda y la Corte Suprema, en definitiva, acogió el recurso de amparo y quedaron libres”, indicó Insunza.
Luego de conocer la decisión de Garzón, uno de los integrantes de la familia Pinochet, Rodrigo García, señaló que esta es una maniobra política, al tiempo que subrayó que ninguno de los miembros de su familia está procesado por estas imputaciones. Su madre en tanto, Lucía Pinochet Hiriart, argumentó que en cinco años de investigación no se ha descubierto nada, para luego afirmar que “las razones humanitarias no existen para nosotros”.
Para la diputada socialista Isabel Allende, estas afirmaciones son un insulto para quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, precisamente, bajo el régimen que encabezó Augusto Pinochet, al tiempo que recalcó que de una vez el país merece conocer el origen de la fortuna que tiene la familia del ex dictador.
“Creo que los chilenos necesitan y merecen una explicación. Yo no tengo posibilidad alguna en decirles en qué consisten las diligencias, qué es lo que va a pasar después, pero lo importante es que, efectivamente, sepamos el origen de esa fortuna, del patrimonio, de dónde salió, entre otras cosas”, comentó Allende.
Al mismo tiempo, la parlamentaria emplazó a los dirigentes de la Alianza a dar a conocer una posición respecto a este tema, ya que desde que se conoció que Pinochet tenía cuentas ocultas en bancos de los Estados Unidos, nunca solicitaron una comisión investigadora para esclarecer estos hechos ni tampoco la utilización de documentación falsa a nombre de Daniel López, entre otras irregularidades.
Por blanqueamiento de dinero y alzamiento de bienes investiga ahora el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, a la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su albacea, Óscar Aitken y los ex ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Graniffo y Hernán Donoso.
Por eso, ordenó a la familia de Pinochet el pago de una fianza de 77 millones de dólares con el objetivo de no trabar embargo sobre unos 100 millones de la misma moneda en propiedad de la familia y cuyo origen es investigado por el magistrado.
El juez que investiga el caso Riggs en nuestro país, Manuel Valderrama, si bien dijo que la arista de lavado de dinero no es parte de las indagaciones que lleva adelante, calificó como importante las diligencias que pretende llevar a cabo el juez español. “En lo que respecta a mi proceso no hay ninguna decisión por ese cause y se siguen investigando los delitos por los que han sido procesados algunos ex militares”, dijo el jurista.
Valderrama reconoció además que la línea investigativa que se sigue en nuestro país no está enfocada en el lavado de dinero sino en la malversación de caudales públicos.
Mientras, el abogado querellante en el caso Riggs, Alfonso Insunza, señaló que las diligencias de Garzón serían un paso importante para poder esclarecer la participación que le cabe tanto a la viuda del ex dictador como a los otros tres individuos imputados del delito de blanqueamiento de activos.
“Él habla de 77 millones e incluso imputa al Banco de Chile porque las operaciones financieras se habrían convenido desde esa institución a Nueva York. Mi duda no es si la justicia chilena va a autorizar al juez Garzón para que presencie las indagatorias. Si eso fuera así, sería positivo para la justicia aunque sea la internacional, porque en la chilena la familia estuvo sometida a proceso hace dos años por el juez Cerda y la Corte Suprema, en definitiva, acogió el recurso de amparo y quedaron libres”, indicó Insunza.
Luego de conocer la decisión de Garzón, uno de los integrantes de la familia Pinochet, Rodrigo García, señaló que esta es una maniobra política, al tiempo que subrayó que ninguno de los miembros de su familia está procesado por estas imputaciones. Su madre en tanto, Lucía Pinochet Hiriart, argumentó que en cinco años de investigación no se ha descubierto nada, para luego afirmar que “las razones humanitarias no existen para nosotros”.
Para la diputada socialista Isabel Allende, estas afirmaciones son un insulto para quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, precisamente, bajo el régimen que encabezó Augusto Pinochet, al tiempo que recalcó que de una vez el país merece conocer el origen de la fortuna que tiene la familia del ex dictador.
“Creo que los chilenos necesitan y merecen una explicación. Yo no tengo posibilidad alguna en decirles en qué consisten las diligencias, qué es lo que va a pasar después, pero lo importante es que, efectivamente, sepamos el origen de esa fortuna, del patrimonio, de dónde salió, entre otras cosas”, comentó Allende.
Al mismo tiempo, la parlamentaria emplazó a los dirigentes de la Alianza a dar a conocer una posición respecto a este tema, ya que desde que se conoció que Pinochet tenía cuentas ocultas en bancos de los Estados Unidos, nunca solicitaron una comisión investigadora para esclarecer estos hechos ni tampoco la utilización de documentación falsa a nombre de Daniel López, entre otras irregularidades.
Por blanqueamiento de dinero y alzamiento de bienes investiga ahora el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, a la viuda del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su albacea, Óscar Aitken y los ex ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Graniffo y Hernán Donoso.
Por eso, ordenó a la familia de Pinochet el pago de una fianza de 77 millones de dólares con el objetivo de no trabar embargo sobre unos 100 millones de la misma moneda en propiedad de la familia y cuyo origen es investigado por el magistrado.
El juez que investiga el caso Riggs en nuestro país, Manuel Valderrama, si bien dijo que la arista de lavado de dinero no es parte de las indagaciones que lleva adelante, calificó como importante las diligencias que pretende llevar a cabo el juez español. “En lo que respecta a mi proceso no hay ninguna decisión por ese cause y se siguen investigando los delitos por los que han sido procesados algunos ex militares”, dijo el jurista.
Valderrama reconoció además que la línea investigativa que se sigue en nuestro país no está enfocada en el lavado de dinero sino en la malversación de caudales públicos.
Mientras, el abogado querellante en el caso Riggs, Alfonso Insunza, señaló que las diligencias de Garzón serían un paso importante para poder esclarecer la participación que le cabe tanto a la viuda del ex dictador como a los otros tres individuos imputados del delito de blanqueamiento de activos.
“Él habla de 77 millones e incluso imputa al Banco de Chile porque las operaciones financieras se habrían convenido desde esa institución a Nueva York. Mi duda no es si la justicia chilena va a autorizar al juez Garzón para que presencie las indagatorias. Si eso fuera así, sería positivo para la justicia aunque sea la internacional, porque en la chilena la familia estuvo sometida a proceso hace dos años por el juez Cerda y la Corte Suprema, en definitiva, acogió el recurso de amparo y quedaron libres”, indicó Insunza.
Luego de conocer la decisión de Garzón, uno de los integrantes de la familia Pinochet, Rodrigo García, señaló que esta es una maniobra política, al tiempo que subrayó que ninguno de los miembros de su familia está procesado por estas imputaciones. Su madre en tanto, Lucía Pinochet Hiriart, argumentó que en cinco años de investigación no se ha descubierto nada, para luego afirmar que “las razones humanitarias no existen para nosotros”.
Para la diputada socialista Isabel Allende, estas afirmaciones son un insulto para quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, precisamente, bajo el régimen que encabezó Augusto Pinochet, al tiempo que recalcó que de una vez el país merece conocer el origen de la fortuna que tiene la familia del ex dictador.
“Creo que los chilenos necesitan y merecen una explicación. Yo no tengo posibilidad alguna en decirles en qué consisten las diligencias, qué es lo que va a pasar después, pero lo importante es que, efectivamente, sepamos el origen de esa fortuna, del patrimonio, de dónde salió, entre otras cosas”, comentó Allende.
Al mismo tiempo, la parlamentaria emplazó a los dirigentes de la Alianza a dar a conocer una posición respecto a este tema, ya que desde que se conoció que Pinochet tenía cuentas ocultas en bancos de los Estados Unidos, nunca solicitaron una comisión investigadora para esclarecer estos hechos ni tampoco la utilización de documentación falsa a nombre de Daniel López, entre otras irregularidades.
