El titular de Salud, Álvaro Erazo, conversará con pacientes aquejadas de cáncer, quienes no han recibido tratamiento en la salud pública para seguir viviendo.Además la Corte Suprema debería fallar esta semana en el caso de Virginia Marcell, a quien se le negó un tratamiento en contra de un cáncer terminal.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de dos mujeres que padecen cáncer mamario y determinó que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Isapre Cruz Blanca deben proporcionarles medicamentos de manera gratuita, pese a que no está incluido en el Plan AUGE.
EL tribunal de alzada indicó que en los casos de Cecilia Legal Vargas y Patricia Vásquez Ibáñez, se vulneraban las garantías constitucionales de derecho a la vida, integridad física y a la protección de la salud al negarles tratamientos vitales y cuyos costos oscilan entre los 14 y los 21 millones de pesos.
Ambos fallos se conocen en medio del llamado hecho el ministro de Salud, Álvaro Erazo a no judicializar casos de atención médica, sino a resolverlos bajo la institucionalidad de salud.
“Los tribunales se han visto obligados a ejercer para proteger a la familia. Nosotros esperamos que esto no termine en los tribunales, sino que se pueda resolver de manera estructural dentro del sistema de salud. No le podemos asignar responsabilidad a los tribunales, los tribunales actúan ejerciendo el derecho de las personas una vez que son convocados a hacerlo, lo que sí es cierto, es que estoy significa un enorme esfuerxzo de las personas, recurrir a abogados”, sostuvo Erazo.
En vista de resoluciones judiciales de este tipo, Virginia Marcell espera que esta semana la Corte Suprema falle a su favor en el litigio que la enfrenta con el Estado. Ella padece de un cáncer renal terminal y la Corte de Apelaciones ya ordenó al Hospital San Juan de Dios brindarle tratamiento gratuito, lo que incluye la compra de un medicamento cuyas ocho dosis cuestan cerca de treinta millones de pesos, pero el hospital apeló a la sanción a través del Consejo de Defensa del Estado.
“Espero rapidez en estos momentos, porque para mí cada día es vida. Todos los días doy gracias a Dios por un día más de vida que me da, pero si esto lo alarga la corte, esto es un día menos de vida. Estoy apelando a la humanidad de las personas, a la humanidad de estos cristianos, para poder seguir viviendo”, afirmó Marcell.
El máximo tribunal ya revisó los antecedentes y escuchó los alegatos de ambas partes con carácter de urgencia, por lo que se vislumbra un rápido fallo.Ante esta situación, el ministro Erazo citó a una reunión para hoy a Virginia Marcell y otras personas que viven situaciones similares.
Es el caso de Laura Sepúlveda, quien presenta un cáncer mamario cuyo tratamiento fue suspendido por el Hospital del Salvador por falta de recursos.
Ella necesita catorce dosis de un medicamento y el costo total de su proceso le cuesta más de 20 millones de pesos. En ocasiones anteriores recurrió al ministerio en busca de solución, pero sólo le ofrecieron pagarle una dosis.
“Estoy esperando ese momento para hablar con el ministro de Salud. Dios quiera que él acceda a mis peticiones, porque he mandado muchas peticiones que yo misma he ido a dejar y siempre he tenido la misma respuesta, porque como yo soy enferma de cáncer mamario, él me había dicho que me donaba una dosis al año, es igual como que no tuviera nada”, señaló Sepúlveda.
Los fallos judiciales que preceden estos casos han señalado que las instituciones que no han financiado el costo de los tratamientos oncológicos han actuado de manera ilegal y arbitraria, lo que ha sido permanentemente negado por las autoridades de salud bajo el argumento de que no están obligados a hacerlo.
El titular de Salud, Álvaro Erazo, conversará con pacientes aquejadas de cáncer, quienes no han recibido tratamiento en la salud pública para seguir viviendo.Además la Corte Suprema debería fallar esta semana en el caso de Virginia Marcell, a quien se le negó un tratamiento en contra de un cáncer terminal.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de dos mujeres que padecen cáncer mamario y determinó que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Isapre Cruz Blanca deben proporcionarles medicamentos de manera gratuita, pese a que no está incluido en el Plan AUGE.
EL tribunal de alzada indicó que en los casos de Cecilia Legal Vargas y Patricia Vásquez Ibáñez, se vulneraban las garantías constitucionales de derecho a la vida, integridad física y a la protección de la salud al negarles tratamientos vitales y cuyos costos oscilan entre los 14 y los 21 millones de pesos.
Ambos fallos se conocen en medio del llamado hecho el ministro de Salud, Álvaro Erazo a no judicializar casos de atención médica, sino a resolverlos bajo la institucionalidad de salud.
“Los tribunales se han visto obligados a ejercer para proteger a la familia. Nosotros esperamos que esto no termine en los tribunales, sino que se pueda resolver de manera estructural dentro del sistema de salud. No le podemos asignar responsabilidad a los tribunales, los tribunales actúan ejerciendo el derecho de las personas una vez que son convocados a hacerlo, lo que sí es cierto, es que estoy significa un enorme esfuerxzo de las personas, recurrir a abogados”, sostuvo Erazo.
En vista de resoluciones judiciales de este tipo, Virginia Marcell espera que esta semana la Corte Suprema falle a su favor en el litigio que la enfrenta con el Estado. Ella padece de un cáncer renal terminal y la Corte de Apelaciones ya ordenó al Hospital San Juan de Dios brindarle tratamiento gratuito, lo que incluye la compra de un medicamento cuyas ocho dosis cuestan cerca de treinta millones de pesos, pero el hospital apeló a la sanción a través del Consejo de Defensa del Estado.
“Espero rapidez en estos momentos, porque para mí cada día es vida. Todos los días doy gracias a Dios por un día más de vida que me da, pero si esto lo alarga la corte, esto es un día menos de vida. Estoy apelando a la humanidad de las personas, a la humanidad de estos cristianos, para poder seguir viviendo”, afirmó Marcell.
El máximo tribunal ya revisó los antecedentes y escuchó los alegatos de ambas partes con carácter de urgencia, por lo que se vislumbra un rápido fallo.Ante esta situación, el ministro Erazo citó a una reunión para hoy a Virginia Marcell y otras personas que viven situaciones similares.
Es el caso de Laura Sepúlveda, quien presenta un cáncer mamario cuyo tratamiento fue suspendido por el Hospital del Salvador por falta de recursos.
Ella necesita catorce dosis de un medicamento y el costo total de su proceso le cuesta más de 20 millones de pesos. En ocasiones anteriores recurrió al ministerio en busca de solución, pero sólo le ofrecieron pagarle una dosis.
“Estoy esperando ese momento para hablar con el ministro de Salud. Dios quiera que él acceda a mis peticiones, porque he mandado muchas peticiones que yo misma he ido a dejar y siempre he tenido la misma respuesta, porque como yo soy enferma de cáncer mamario, él me había dicho que me donaba una dosis al año, es igual como que no tuviera nada”, señaló Sepúlveda.
Los fallos judiciales que preceden estos casos han señalado que las instituciones que no han financiado el costo de los tratamientos oncológicos han actuado de manera ilegal y arbitraria, lo que ha sido permanentemente negado por las autoridades de salud bajo el argumento de que no están obligados a hacerlo.
El titular de Salud, Álvaro Erazo, conversará con pacientes aquejadas de cáncer, quienes no han recibido tratamiento en la salud pública para seguir viviendo.Además la Corte Suprema debería fallar esta semana en el caso de Virginia Marcell, a quien se le negó un tratamiento en contra de un cáncer terminal.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de dos mujeres que padecen cáncer mamario y determinó que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Isapre Cruz Blanca deben proporcionarles medicamentos de manera gratuita, pese a que no está incluido en el Plan AUGE.
EL tribunal de alzada indicó que en los casos de Cecilia Legal Vargas y Patricia Vásquez Ibáñez, se vulneraban las garantías constitucionales de derecho a la vida, integridad física y a la protección de la salud al negarles tratamientos vitales y cuyos costos oscilan entre los 14 y los 21 millones de pesos.
Ambos fallos se conocen en medio del llamado hecho el ministro de Salud, Álvaro Erazo a no judicializar casos de atención médica, sino a resolverlos bajo la institucionalidad de salud.
“Los tribunales se han visto obligados a ejercer para proteger a la familia. Nosotros esperamos que esto no termine en los tribunales, sino que se pueda resolver de manera estructural dentro del sistema de salud. No le podemos asignar responsabilidad a los tribunales, los tribunales actúan ejerciendo el derecho de las personas una vez que son convocados a hacerlo, lo que sí es cierto, es que estoy significa un enorme esfuerxzo de las personas, recurrir a abogados”, sostuvo Erazo.
En vista de resoluciones judiciales de este tipo, Virginia Marcell espera que esta semana la Corte Suprema falle a su favor en el litigio que la enfrenta con el Estado. Ella padece de un cáncer renal terminal y la Corte de Apelaciones ya ordenó al Hospital San Juan de Dios brindarle tratamiento gratuito, lo que incluye la compra de un medicamento cuyas ocho dosis cuestan cerca de treinta millones de pesos, pero el hospital apeló a la sanción a través del Consejo de Defensa del Estado.
“Espero rapidez en estos momentos, porque para mí cada día es vida. Todos los días doy gracias a Dios por un día más de vida que me da, pero si esto lo alarga la corte, esto es un día menos de vida. Estoy apelando a la humanidad de las personas, a la humanidad de estos cristianos, para poder seguir viviendo”, afirmó Marcell.
El máximo tribunal ya revisó los antecedentes y escuchó los alegatos de ambas partes con carácter de urgencia, por lo que se vislumbra un rápido fallo.Ante esta situación, el ministro Erazo citó a una reunión para hoy a Virginia Marcell y otras personas que viven situaciones similares.
Es el caso de Laura Sepúlveda, quien presenta un cáncer mamario cuyo tratamiento fue suspendido por el Hospital del Salvador por falta de recursos.
Ella necesita catorce dosis de un medicamento y el costo total de su proceso le cuesta más de 20 millones de pesos. En ocasiones anteriores recurrió al ministerio en busca de solución, pero sólo le ofrecieron pagarle una dosis.
“Estoy esperando ese momento para hablar con el ministro de Salud. Dios quiera que él acceda a mis peticiones, porque he mandado muchas peticiones que yo misma he ido a dejar y siempre he tenido la misma respuesta, porque como yo soy enferma de cáncer mamario, él me había dicho que me donaba una dosis al año, es igual como que no tuviera nada”, señaló Sepúlveda.
Los fallos judiciales que preceden estos casos han señalado que las instituciones que no han financiado el costo de los tratamientos oncológicos han actuado de manera ilegal y arbitraria, lo que ha sido permanentemente negado por las autoridades de salud bajo el argumento de que no están obligados a hacerlo.
