El llamamiento, que fue firmado por una serie de  personalidades chilenas y extranjeras, apunta al término de la militarización y de las querellas contra comuneros y dirigentes mapuches, entre otras demandas. El gobierno celebró el hecho e informó que el conflicto ha evolucionado positivamente durante el último tiempo.

Terminar con la militarización de las comunidades mapuches, así como también con las querellas contra comuneros y dirigentes de esta etnia, son parte de las demandas que suscriben una serie de personalidades de la sociedad chilena y de otras latitudes en un llamamiento presentado por la Comisión Ética contra la Tortura.

Juana Aguilera, representante de este organismo humanitario, señaló que resultan inaceptables las sistemáticas acciones de violencia que se registran en diversas comunas de La Araucanía, que han terminado incluso con comuneros muertos, como el caso de Jaime Mendoza Collío, además de otros integrantes que resultan gravemente heridos y deben trasladarse a Santiago por miedo a quedar detenidos y ser imputados de diversos delitos.

“Hemos tenido que recibir a loncos y personas que han perdido sus ojos, gente que ha estado herida con perdigones, que no han podido y que tienen terror de ir a los hospitales públicos de la zona, porque allá hay una complicidad y muchas veces son detenidos ahí mismo. Hemos tenido que generar las condiciones para sacarlos de allá, llegar a Santiago y posibilitarles atención médica. Eso es inaceptable para un país que en el concierto internacional, se plantea como líder de los derechos humanos. No puede ser”, denunció Aguilera.

A esta situación se suma la violación a los derechos de los niños, que sufren diversos traumas, como han constatado organismos estatales de educación y de salud mental, donde los dibujos más recurrentes son en rojo y de carabineros en diferentes procedimientos en sus comunidades.

Además están las denuncias calificadas como montajes de la prensa por el historiador y académico de la Universidad de Chile Sergio Grez Toso, como la aseveración del fiscal de La Araucanía, Francisco Ljubetic, al diario La Tercera del sábado, en donde cuestionaba  a Pamela Pessoa, mujer de Héctor Llaintul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, por el hecho de trabajar como asistente social en el servicio de salud de Cañete.

“Hoy en Chile una persona no tiene derecho a tener lazos de parentesco, de amistad o de solidaridad con cualquier persona que sea sometida a proceso por alguno de estos fiscales encargados de perseguir a los luchadores mapuches. Esto me parece de la máxima gravedad, es algo que no se debe dejar pasar, la ciudadanía chilena tiene que reaccionar frente a estos hechos, que nos afectan a todos, no solamente a los presos políticos mapuches”, afirmó Grez.

Para el historiador esto es igual a la época del macartismo en los Estados Unidos en la década del ‘50, cuando los gobiernos norteamericanos perseguían a comunistas y a quienes pensaran o solidarizaran con las ideas más progresistas, entre ellos el propio Charles Chaplin o Marlon Brando.

Pero en el gobierno el ministro Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, intentó bajar la intensidad de la discusión al reiterar que en las comunidades se registra una menor actividad policial, al tiempo que saludó el llamamiento para buscar una salida pacífica a las demandas territoriales de los mapuches.

“Si ese llamamiento apunta a que haya más paz en La Araucanía, es lo que nosotros también quisiéramos y que las justas reivindicaciones del pueblo mapuche se encaucen por la vía de la ley y del diálogo. El Llamado habría que extenderlo a las comunidades indígenas que han tenido, a veces, actitudes más violentas, y también a las distintas decisiones que toman las autoridades. Pero en general, la situación hoy es mucho mejor”, señaló Viera Gallo.

Sin embargo, para los firmantes del llamamiento para terminar con la violencia policial en La Araucanía, estas buenas intenciones planteadas en el gobierno deben ir acompañadas de acciones concretas, por ejemplo, retirando el contingente policial exclusivo para vigilar los predios de privados en la zona, con dinero de todos los chilenos.