El Colectivo 119 de familiares de víctimas de la Operación Colombo entregó una carta al presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para que los tribunales se apeguen a las normas internacionales en materia de derechos humanos, de manera que no se siga beneficiando a agentes de la dictadura.

La permanente aplicación de beneficios a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, mantiene preocupadas a las agrupaciones de familiares de las víctimas debido a las bajas condenas que reciben agentes de organismos represivos, incluyendo a quienes integraron ramas de las Fuerzas Armadas.

Por eso, el Colectivo 119 de familiares de víctimas de la Operación Colombo, entregó una carta al presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para que los tribunales se apeguen a las normas internacionales suscritas por el país en los últimos años.

Pero es precisamente en este tiempo donde se ha registrado una gran cantidad de casos en donde los victimarios optan a importantes beneficios, como relató el dirigente de esta organización humanitaria, Jorge Robotham.

“Los últimos años han sido las penas remitidas de una forma escandalosa. Solamente el año 2009 hemos encontrado 39 sentencias de la Corte Suprema en las cuales remiten las penas o le aplican unas penas bajas que les permiten salir en forma condicional, incluso, el mayor criminal de la historia, que es el ex general Contreras, está beneficiado por estas sentencias que está aplicando la Corte”, denunció Robotham.

Jorge es hermano de Jaime Robotham, detenido desaparecido desde el 31 de diciembre de 1974, y por quien hasta hoy se espera una sentencia de los tribunales. Indicó que esto contraviene el derecho internacional que ha adherido el Estado chileno en materia de derechos humanos.

Precisamente, con este tipo de sentencias que terminan en la prescripción o en condenas muy bajas, es que el país queda en un mal pie frente a la comunidad internacional, explicó por su parte el dirigente del Colectivo 119 de familiares de víctimas de la Operación Colombo,  Roberto D’orival.

 “Aquí claramente el Estado chileno está siendo infractor del derecho internacional, porque ha suscrito varias convenciones, leyes que están por sobre la legislación nacional y sin embargo los jueces de la Corte Suprema siguen aplicando leyes que benefician a los peores violadores de derechos humanos de este país. Es el Estado chileno, no solamente su Poder Judicial el que está en entredicho en el concierto internacional”, aseguró D’orival.

Ejemplo de los beneficios son los que se dictaron en el caso del asesinato del matrimonio Lejderman-Ávalos, donde las condenas finalmente no superaron los cinco años de presidio, a pesar que se establecieron todas las responsabilidades por parte de los tribunales. Misma situación sucedió con quienes dieron muerte al ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jeckar Neghme, quienes finalmente quedaron en libertad gracias a todos los beneficios que se aplicaron.

En el gobierno, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, señaló que esperan que los tribunales apliquen las máximas condenas posibles, aunque recordó que el Poder Judicial es independiente y que sus dictámenes se deben respetar.

“Pensamos que para la Historia de Chile, y especialmente para el futuro, es importante que en los casos de derechos humanos la justicia haga su mayor esfuerzo, se avance en la verdad y se aplique la ley. Y la ley, estamos claros en el mundo entero, ha buscado que este tipo de casos tengan las mayores sanciones, sean considerados imprescriptibles, donde las fronteras son superadas y cada vez en la humanidad hay un acuerdo muy amplio. Ahora, cómo esos criterios jurídicos que están expresados en nuestras leyes, se aplican, es la tarea de nuestros tribunales”, señaló Tohá.

Justicia con clemencia es el concepto que se ha acuñado por parte de los abogados de derechos humanos respecto a cómo están operando los tribunales de justicia en esta materia, en las que en casos contados se aplica el decreto ley de amnistía, se determina quiénes son los responsables de estos atropellos, pero finalmente quedan en libertad o en el peor de los casos son condenados a la cárcel, pero a recintos donde cuentan con una serie de garantías muy distintas a cualquier otro reo en el país.