Graves irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la Región Metropolitana, fueron denunciadas por la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

A través de una subcomisión que se encargó de investigar ese proyecto, se determinó un eventual riesgo de desabastecimiento de agua potable y riego para la capital.

Otro punto que llamó la atención de los parlamentarios fue la debilidad de la actual institucionalidad ambiental, que favorece a los grandes grupos inversionistas en desmedro del cuidado del medio ambiente.

Pese a que la ministra directora de la Conama, Ana Lya Uriarte, afirmó que todos los trámites de aprobación medioambiental están en regla, el diputado miembro de la instancia fiscalizadora, Enrique Accorsi, indicó que han detectado anomalías en todos ellos.

“Sabemos que la legalidad vigente es 99 por ciento a favor de las empresas y sólo uno para la ciudadanía. Con la nueva normativa las cosas serían bastante diferentes. Vamos a esperar el informe de las comisiones investigadoras de las Coremas, pero en todos los documentos tenemos reparos de fondo”, dijo el legislador.

Los informes parlamentarios señalaron además que con la instalación de la central se verá afectada la cuenca del Río Maipo, debido a la degradación de los suelos y a la destrucción de los ríos afluentes El Volcán, el Yeso y El colorado.

El presidente de la comisión, Roberto Sepúlveda, manifestó que el texto contiene observaciones graves en las que se demuestra la falta de rigurosidad de algunos servicios públicos y presiones hacia funcionarios por encargo de la compañía AES Gener.

“Da vergüenza la institucionalidad ambiental en el país. Numerosos servicios públicos miraron para el lado para que la empresa hiciera lo que quería y para dar aprobación a un proyecto que, si bien es necesario, no cumple con la ley de bases del medio ambiente. En esto, la Conaf recibió presiones”, comentó el diputado.

En los últimos meses de trabajo, la comisión citó a las sesiones a representantes de servicios públicos, organizaciones ciudadanas y ambientales, antecedentes suficientes para realizar una serie de indicaciones a otros proyectos energéticos que amenazan la conservación del medioambiente en diversas regiones del país.

Sepúlveda adelantó que la Sala tendrá que referirse a estos reparos  y “va a emitir un juicio demoledor y aplastante en esta materia”.

“No se puede seguir violando, en reiteradas ocasiones, la normativa ambiental, que de alguna manera delimita las formas en que debe establecerse la instalación de una central hidroeléctrica, pero no a cualquier precio. No puede ser que se pasen a llevar convenios internacionales, áreas de protección y la voluntad de la ciudadanía”, sentenció.

Ese último punto fue particularmente criticado por los parlamentarios, quienes ven con preocupación que la participación ciudadana no sea vinculante en este tipo de levantamientos energéticos.

De hecho, hace varios años, diversas organizaciones han alertado acerca de los peligros de aprobar proyectos como este, en la Región Metropolitana y realizan actividades para informar a la comunidad.

Lorella Edda Lopresti, presidenta de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, valoró el trabajo de la Cámara Baja y destacó que se solicite a la Contraloría que revise la actuación de los servicios responsables de la evaluación ambiental del proyecto, especialmente la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Servicio Nacional de Geología y Minería.

“Se está solicitando que haya una investigación que vaya más allá de los informes redactados por nosotros. Es importante porque corrobora muchos de los aspectos que hemos denunciado desde nuestra condición de ciudadanos y que también fueron comunicados a todos los servicios públicos encargados de la evaluación de impacto ambiental. Todo confirma que hay un problema técnico y que es algo que no puede hacerse”, concluyó la ambientalista.

La dirigenta indicó que los principales desafíos de las organizaciones están dirigidos a delinear las acciones que se seguirán en el gobierno venidero.