Por medio de una invitación, la OCDE notificó la membresía de Chile. Entre los optimistas aseguran que esta “cofradía” elevará nuestro estándar en varias materias, otros dicen que no pasará nada inmediato, mientras que algunos aseguran que importaremos lo peor de las malas prácticas del neoliberalismo.

El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aceptó a Chile como su integrante permanente número 31 enviándole una invitación para pertenecer al denominado "club de los países desarrollados”.

La entidad internacional, con sede en Paris, destacó que Chile se convierte en "segundo miembro latinoamericano, luego de México".

El gobierno chileno aceptará formalmente la invitación el próximo 11 de enero en el Palacio de La Moneda, cuando se firme el "acuerdo de acceso", en un encuentro al que asistirán la Presidenta Michelle Bachelet y el titular de la OCDE, Ángel Gurría.

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, agradeció la decisión de la entidad y subrayó su importancia relevando que es "en primer lugar una asociación de democracias".

Por su parte, la representante de nuestro país ante el organismo internacional, Karen Poniachik, manifestó desde Europa que esto es un logro trascendental para Chile en materia de políticas públicas y buenas prácticas corporativas.

“Este es un gran día para Chile y los chilenos porque damos un paso más en nuestro proceso de integración internacional, pero más importante que eso, damos un paso más en la modernización del Estado y a mejorar la calidad de nuestras políticas públicas.  La OCDE nos va a exigir permanentemente estar mejorando, mejorando nuestras leyes, nuestra institucionalidad, nuestros programas, nuestra estadística y eso, sin lugar a dudas, nos va a beneficiar a todos los chilenos”, dijo. 

Mientras tanto, el máximo representante gremial del empresariado, Rafael Guilisasti, si bien valoró el avance internacional que significa este trámite, dijo que esto no implicará una transformación inmediata del país.

“La OCDE no nos va a cambiar la realidad, pero nos pone en un grupo de países que han ejecutado, la mayoría de ellos bastante satisfactoriamente, la tarea de ser países desarrollados, lo cual significan buenas políticas públicas, buenas prácticas corporativas en las empresas privadas, niveles de buena calidad de gestión del Estado. Es una buena noticia para Chile que no produce resultados inmediatos, sino que simplemente nos coloca en un punto de referencia hacia el cual Chile tiene que mirar hacia el futuro”, indicó. 

Una visión más  escéptica del asunto aportó el director del instituto de estudios Cenda, el economista Hugo Fazio, quien afirmó que el ingreso de Chile a esta membrecía importará las prácticas de los países que generaron la actual crisis económica.

“Tenemos que tomar el ejemplo del funcionamiento corporativo, pero esas son las empresas que han llevado al derrumbe a la economía mundial, eso es lo que se trae como ejemplo, entonces no le encuentro ninguna coherencia. Los países no industrializados que han incorporado a la OCDE, hay dos casos anteriores a Chile, que son México y Turquía, ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? ¿El ser parte de la OCDE ha posibilitado que enfrenten mejor la situación? Los hechos están indicando que no, México entre los países importantes de América Latina es el que tiene la recesión más fuerte”, aseguró Fazio. 

La OCDE es una organización de 31 países que tiene como finalidad coordinar desde sus políticas económicas y sociales hasta temas de educación, empleo y otras materias.

Cabe señalar que en 2007 la entidad invitó a Chile, Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia a iniciar las negociaciones para ingresar al "club".

A fines de octubre el Congreso aprobó la última ley que exigía como requisito el denominado "club de los países ricos". Se trata de la norma sobre intercambio de información tributaria. Las otras iniciativas se refieren a un nuevo gobierno corporativo de Codelco, mejoras en gobiernos corporativos de empresas privadas y establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos como cohecho y lavado de dinero, que ya fueron despachados por el Parlamento.