La Corte Suprema desechó sancionar a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) por infracción a la Ley del Consumidor por publicidad engañosa, al ofrecer la carrera de perito criminalístico con amplio campo laboral.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron un recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había determinado, en junio pasado, un pago total de poco más de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la sede Rancagua.
Los magistrados justificaron su resolución avalados porque el Juzgado de Policía Local de San Fernando, quien determinó la multa en primera instancia, no es competente para conocer la acción, ya que se trata de una acción de interés difuso, propia de la tramitación de un juzgado de letras en lo civil.
La Corte Suprema desechó sancionar a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) por infracción a la Ley del Consumidor por publicidad engañosa, al ofrecer la carrera de perito criminalístico con amplio campo laboral.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron un recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había determinado, en junio pasado, un pago total de poco más de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la sede Rancagua.
Los magistrados justificaron su resolución avalados porque el Juzgado de Policía Local de San Fernando, quien determinó la multa en primera instancia, no es competente para conocer la acción, ya que se trata de una acción de interés difuso, propia de la tramitación de un juzgado de letras en lo civil.
La Corte Suprema desechó sancionar a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) por infracción a la Ley del Consumidor por publicidad engañosa, al ofrecer la carrera de perito criminalístico con amplio campo laboral.
En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron un recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había determinado, en junio pasado, un pago total de poco más de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la sede Rancagua.
Los magistrados justificaron su resolución avalados porque el Juzgado de Policía Local de San Fernando, quien determinó la multa en primera instancia, no es competente para conocer la acción, ya que se trata de una acción de interés difuso, propia de la tramitación de un juzgado de letras en lo civil.
