La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que había ordenado a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el pago de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la carrera de perito criminalístico, correspondientes a la sede de la casa de estudios en esa ciudad.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió un recurso de queja presentado en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El fallo del tribunal de alzada había determinado la sanción a la universidad por infringir la Ley del Consumidor, ya que había ofrecido la mencionada carrera indicando que poseía un amplio campo laboral, lo que no se condecía con la realidad.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no es procedente sancionar a dicha universidad ya que el Juzgado de Policía Local de San Fernando, donde se presentó la acción inicial, no es competente para tramitarla, sino que esto corresponde a un juzgado de letras en lo civil.
El dictamen explica que "no se trata de un asunto que pueda ser conocido por el juez de policía local respectivo, sino que de acuerdo a las pautas antes analizadas, es de competencia de un tribunal civil, conforme a las reglas generales".
La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que había ordenado a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el pago de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la carrera de perito criminalístico, correspondientes a la sede de la casa de estudios en esa ciudad.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió un recurso de queja presentado en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El fallo del tribunal de alzada había determinado la sanción a la universidad por infringir la Ley del Consumidor, ya que había ofrecido la mencionada carrera indicando que poseía un amplio campo laboral, lo que no se condecía con la realidad.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no es procedente sancionar a dicha universidad ya que el Juzgado de Policía Local de San Fernando, donde se presentó la acción inicial, no es competente para tramitarla, sino que esto corresponde a un juzgado de letras en lo civil.
El dictamen explica que "no se trata de un asunto que pueda ser conocido por el juez de policía local respectivo, sino que de acuerdo a las pautas antes analizadas, es de competencia de un tribunal civil, conforme a las reglas generales".
La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que había ordenado a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el pago de 408 millones de pesos a 43 estudiantes de la carrera de perito criminalístico, correspondientes a la sede de la casa de estudios en esa ciudad.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió un recurso de queja presentado en contra del dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El fallo del tribunal de alzada había determinado la sanción a la universidad por infringir la Ley del Consumidor, ya que había ofrecido la mencionada carrera indicando que poseía un amplio campo laboral, lo que no se condecía con la realidad.
Sin embargo, la Corte Suprema determinó que no es procedente sancionar a dicha universidad ya que el Juzgado de Policía Local de San Fernando, donde se presentó la acción inicial, no es competente para tramitarla, sino que esto corresponde a un juzgado de letras en lo civil.
El dictamen explica que "no se trata de un asunto que pueda ser conocido por el juez de policía local respectivo, sino que de acuerdo a las pautas antes analizadas, es de competencia de un tribunal civil, conforme a las reglas generales".
