El Juez Edmundo Carbone ordenó suspender la aplicación de dos artículos de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, recién apobada en Argentina y cuestionada por las grandes empresas periodísticas de ese país.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, al dejar sin efecto el artículo 41, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
Carbone consideró en su resolución, girada a la jefatura de Gabinete argentina, que ambos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.
Después que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
El Juez Edmundo Carbone ordenó suspender la aplicación de dos artículos de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, recién apobada en Argentina y cuestionada por las grandes empresas periodísticas de ese país.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, al dejar sin efecto el artículo 41, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
Carbone consideró en su resolución, girada a la jefatura de Gabinete argentina, que ambos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.
Después que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
El Juez Edmundo Carbone ordenó suspender la aplicación de dos artículos de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, recién apobada en Argentina y cuestionada por las grandes empresas periodísticas de ese país.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, al dejar sin efecto el artículo 41, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
Carbone consideró en su resolución, girada a la jefatura de Gabinete argentina, que ambos artículos "conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.
Después que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
Mientras el oficialismo, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
