Las ISAPRE no se cansan de sorprendernos, ahora las emprenden contra el Poder Judicial.

Apareció en las noticias que la ISAPRE Cruz Blanca recurriría al Tribunal Constitucional, reclamando porque los tribunales además de fallar en contra de ella en los juicios por alza discrecional de planes de salud, la obligan a pagar los costos del juicio, enriqueciendo con ello a oficinas de abogados que se han especializado en este tipo de juicios.

Son dos los temas que quiero comentar a raíz de esta noticia, el primero tiene que ver con la mezquindad reiterada de las ISAPRE y el segundo con el espiral de gastos que puede generar la judicialización de la práctica médica.

En un comentario anterior señalé que las ISAPRE con quiénes más lucran son con sus beneficiarios cautivos, la mayoría de ellos personas adultas mayores sanas a quienes les resulta imposible cambiarse de ISAPRE y que, por lo tanto, tienen que aceptar alzas abusivas en sus planes de salud. Esto es lo que llamo mezquindad, es una industria que no se preocupa por la salud de sus afiliados sino de maximizar sus ganancias y cubrirse de todos los posibles riesgos. Al contrario de lo que ocurre con otras áreas de la economía a las ISAPRE no les interesa lo que pase con sus usuarios, lo que les importa es que paguen su cotización y ese valor lo manejan arbitrariamente.

Cruz Blanca alega por los reclamos de sus usuarios y curiosamente fue la única que subió sus planes en marzo pasado. Las restantes no lo hicieron en consideración de la crisis y previniendo una migración masiva a FONASA.

Los reclamos de asegurados disconformes con la conducta de las ISAPRE han subido de 737 el 2007 a 5.214 el 2008 y este año se esperan más de 8 mil.

¿No será mejor que las ISAPRE se preocupen de mejorar la relación con sus usuarios que de reclamar porque el costo de los juicios que pierden también los tienen que pagar ellas? ¿No será mejor prevenir los juicios que lamentarse por las consecuencias? Es una industria que tiene que revisar en profundidad su manera de hacer las cosas. Hasta ahora lo único que ha acumulado es desprestigio y baja confiabilidad.

El segundo tema que surge a partir de la noticia que comentamos es la irrupción de oficinas de abogados que buscan beneficios a partir de la mala relación del sistema de seguros o de hospitales, clínicas y médicos con sus usuarios. Son oficinas aparentemente especializadas en defender los derechos de los pacientes y que han descubierto en ello un nicho de mercado muy lucrativo.

Para evitar esto en el AUGE se instaló la figura de la mediación, una instancia anterior al juicio y que busca un buen acuerdo entre las partes. Personalmente asistí a varias de ellas en el sistema público y pude constatar que detrás de los reclamos de los pacientes muchas veces lo único que ellos buscaban eran buenas explicaciones o disculpas por parte del médico tratante. Muy rara vez había intención de grandes reparaciones económicas.

La única manera de prevenir la judicialización de la medicina es a través de la humanización de la práctica médica. Incorporar e informar al paciente y su familia de las decisiones médicas que se están tomando; dar espacio a las expresiones de dolor y frustración; comunicar los problemas e incluso los posibles errores que se cometieron en el manejo de un caso será mejor que parapetarse en el anonimato, rehuir las responsabilidades y confiar que los abogados del seguro por mala práctica sabrán salir adelante.

Recuperar la confianza en la relación médico paciente y hacer que esto también llegue a las instituciones de salud ya sean clínicas, hospitales, ISAPRE o FONASA será la única forma de prevenir la invasión de los abogados y los juicios.

En el caso que hemos comentado, Cruz Blanca eligió el peor de los caminos.