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¿Quién le pone el cascabel al gato televisivo pagado?

Columna de opinión por Toño Freire
Miércoles 23 de diciembre 2009 21:00 hrs.


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Pensar que a comienzos de los años 90 cuando empezaron a ofrecer la TV cable en el país nos aseguraron que jamás pasarían las odiosas tandas publicitarias. Ese fue el mejor argumento de venta esgrimido por los empresarios para cazar incautos ya fatigados por los casi quince minutos de comerciales por hora que emitían los canales. La ley de octubre del 70 había fijado la publicidad televisiva en 12 minutos, pero a esa altura, tal como ahora, para beneplácito del bolsillo de propietarios de las estaciones, nadie se preocupaba de respetarla.

Entonces las cuotas mensuales para inscribirse en el flamante sistema comunicacional, de acuerdo con el barrio o región, danzaban entre cuatro y seis mil pesos. En la capital, Metropoli Intercom de los Edwards acometió la empresa de cablear la ciudad; TV Max a través de pantallas microonda trabajó el espacio. En breve plazo Ricardo Claro compró a los dueños del El Mercurio. Ambas compañías juraban que con veinte mil matriculados salvaban sus costos de inversión y obtenían utilidades.
 
Para apreciar la bondad de tan próspero negocio audiovisual, cito uno de los párrafos que en 1999 escribiera en mi Libro “El Kike, La Chechi, El Gonzalo y El Malo”: “En materia de precios estos aumentan todos los meses, abundando los reclamos por alzas inconsultas; la censura a los filmes es otra materia de reclamos; igualmente el incumplimiento de la promesa de no hacer publicidad. El balance de 1998 arrojó francas utilidades para la TV cable. Según El Mercurio, en los primeros nueve meses, Metropoli obtuvo ganancias por 2.522 millones de pesos y VTR Cable-Express, 3.256 millones en utilidades. Por añadidura, los sondeos de opinión demuestran que a la hora del rating, hay momentos en que superan en aceptación a la TV Abierta”.

Las líneas reproducidas, transcurrida una década, conservan total vigencia. El brillante negocio se fue a las nubes y los millones de dólares caen ahora en  manos de sociedades extranjeras.  Por cierto, la promesa de no hacer publicidad pasó completamente al olvido. El silencio reina cuando se pregunta a alguien del Consejo Nacional de TV ¿quién aprobó la autorización o si se pueden revisar las actas del directorio que las bendijo? A nivel de gabinete del Interior tampoco saben qué pasó y en la subsecretaria de Telecomunicaciones explican que su misión es supervigilar aspectos técnicos.   

Aunque el tiempo haya transcurrido, para tranquilidad de la opinión pública debería informarse qué razones motivaron autorizar a la TV de pago, cable y satelital, para castigarlos con largas cargas de avisaje enriqueciendo aún más a sus empresarios. En vista del creciente aumento de sus abonados, se trata de una medida de sanidad pública. Cobrando aproximados $ 23.000 mensuales la cantidad que reúnen es tan grande que ya hace tambalear contabilidades de los siete canales de la TV terrestre metropolitana.

Los estudios de la Subtel demuestran que en el presente el 35% de los hogares se endeuda con servicios de TV pagada; significa, tres de cada diez casas a nivel nacional. Las últimas cifras indican que los suscriptores en el cable ya  llegaron a 934.147 mil y los abonados al acceso satelital alcanzaron 631.974. Si en un trienio los alámbricos aumentaron un 15 %; los satelitales brincaron en un impensado 517%. A septiembre, ambas tecnologías se empinaban sobre el 1.500.000. Aún cuando en tan desmesurado aumento influye la vulgar y escasamente creativa calidad de las producciones de la TV abierta, a él, asimismo, cooperaron la entrada al mercado de nuevas compañías como Telefónica, Movistar, Telmex. Frente a una expansión tan voluminosa, a las puertas de la TV digital y, a lo mejor, de un futuro gobierno rabiosamente empresarial, ¿no valdría la pena revisar la legislación publicitaria para la TV de pago? 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.