La aplicación de la media prescripción o el sólo paso del tiempo justificó que a quienes hicieron desaparecer a Luciano Aedo y a Nelson Curiñir en 1973, se les condenara a penas mínimas o remitidas.
Luciano Aedo y Nelson Curiñir comparten el haber sido militantes de izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular, apresados en octubre de 1973 en la región de La Araucanía y, desde entonces, ambos forman parte de la lista de detenidos desaparecidos.
A pesar que la investigación judicial determinó las circunstancias de sus arrestos y los responsables de sus desapariciones, los tribunales aplicaron condenas muy bajas considerando el paso del tiempo o la media prescripción, además que los uniformados involucrados en estos casos no tenían antecedentes penales previos, lo que les permitió acceder a penas que se consideran para simples delitos en nuestra legislación.
Por eso, sus familiares junto a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Temuco decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como señaló el presidente del organismo, Carlos Oliva.
"Los criminales están siendo enviados a sus casas con penas remitidas y la única privación que tienen es firmar en Gendarmería una vez al mes. Reciben condenas irrisorias, de dos o tres años, y que luego las cambian por estas firmas en Gendarmería, lo que nosotros consideramos una clara denegación de justicia, ante eso como agrupación en la región hemos decidido apoyar a los familiares para llevar las causas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó Oliva.
El dirigente indicó que les preocupa el accionar del Poder Judicial, que aplica sentencias que no están a la altura de lo que buscan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es sancionar con las máximas condenas para dejar sentado el precedente de que el Estado no permitirá se repita este tipo de atropellos.
Sin embargo, aseguró que en Chile incluso el gobierno y Poder Legislativo, no hacen mucho por revertir esta situación que se registra hace bastante tiempo.
"En el caso del Poder Ejecutivo también vemos con mucha preocupación que se haya aceptado como una norma esta situación, pero los familiares no entendemos, ni compartimos que esto sea la justicia. No podemos entender que crímenes de lesa humanidad que en todo el mundo según los tratados internacionales son considerados de la más alta gravedad, las penas que en Chile se están aplicando son de esta categoría, casi no son condenas", enfatizó el dirigente.
Oliva afirmó que en las próximas semanas se hará la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia preliminar que estudia si un caso debe ser visto por la CIDH.
Estos se suman a la demanda presentada ante la instancia internacional por el hijo del matrimonio de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, el primero argentino y ella mexicana, también por las bajas condenas que se aplicó por parte de la Corte Suprema luego de establecer que ambos fueron ejecutados por una patrulla militar en el Valle del Elqui en diciembre de 1973.
La aplicación de la media prescripción o el sólo paso del tiempo justificó que a quienes hicieron desaparecer a Luciano Aedo y a Nelson Curiñir en 1973, se les condenara a penas mínimas o remitidas.
Luciano Aedo y Nelson Curiñir comparten el haber sido militantes de izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular, apresados en octubre de 1973 en la región de La Araucanía y, desde entonces, ambos forman parte de la lista de detenidos desaparecidos.
A pesar que la investigación judicial determinó las circunstancias de sus arrestos y los responsables de sus desapariciones, los tribunales aplicaron condenas muy bajas considerando el paso del tiempo o la media prescripción, además que los uniformados involucrados en estos casos no tenían antecedentes penales previos, lo que les permitió acceder a penas que se consideran para simples delitos en nuestra legislación.
Por eso, sus familiares junto a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Temuco decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como señaló el presidente del organismo, Carlos Oliva.
"Los criminales están siendo enviados a sus casas con penas remitidas y la única privación que tienen es firmar en Gendarmería una vez al mes. Reciben condenas irrisorias, de dos o tres años, y que luego las cambian por estas firmas en Gendarmería, lo que nosotros consideramos una clara denegación de justicia, ante eso como agrupación en la región hemos decidido apoyar a los familiares para llevar las causas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó Oliva.
El dirigente indicó que les preocupa el accionar del Poder Judicial, que aplica sentencias que no están a la altura de lo que buscan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es sancionar con las máximas condenas para dejar sentado el precedente de que el Estado no permitirá se repita este tipo de atropellos.
Sin embargo, aseguró que en Chile incluso el gobierno y Poder Legislativo, no hacen mucho por revertir esta situación que se registra hace bastante tiempo.
"En el caso del Poder Ejecutivo también vemos con mucha preocupación que se haya aceptado como una norma esta situación, pero los familiares no entendemos, ni compartimos que esto sea la justicia. No podemos entender que crímenes de lesa humanidad que en todo el mundo según los tratados internacionales son considerados de la más alta gravedad, las penas que en Chile se están aplicando son de esta categoría, casi no son condenas", enfatizó el dirigente.
Oliva afirmó que en las próximas semanas se hará la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia preliminar que estudia si un caso debe ser visto por la CIDH.
Estos se suman a la demanda presentada ante la instancia internacional por el hijo del matrimonio de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, el primero argentino y ella mexicana, también por las bajas condenas que se aplicó por parte de la Corte Suprema luego de establecer que ambos fueron ejecutados por una patrulla militar en el Valle del Elqui en diciembre de 1973.
La aplicación de la media prescripción o el sólo paso del tiempo justificó que a quienes hicieron desaparecer a Luciano Aedo y a Nelson Curiñir en 1973, se les condenara a penas mínimas o remitidas.
Luciano Aedo y Nelson Curiñir comparten el haber sido militantes de izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular, apresados en octubre de 1973 en la región de La Araucanía y, desde entonces, ambos forman parte de la lista de detenidos desaparecidos.
A pesar que la investigación judicial determinó las circunstancias de sus arrestos y los responsables de sus desapariciones, los tribunales aplicaron condenas muy bajas considerando el paso del tiempo o la media prescripción, además que los uniformados involucrados en estos casos no tenían antecedentes penales previos, lo que les permitió acceder a penas que se consideran para simples delitos en nuestra legislación.
Por eso, sus familiares junto a la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Temuco decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como señaló el presidente del organismo, Carlos Oliva.
"Los criminales están siendo enviados a sus casas con penas remitidas y la única privación que tienen es firmar en Gendarmería una vez al mes. Reciben condenas irrisorias, de dos o tres años, y que luego las cambian por estas firmas en Gendarmería, lo que nosotros consideramos una clara denegación de justicia, ante eso como agrupación en la región hemos decidido apoyar a los familiares para llevar las causas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó Oliva.
El dirigente indicó que les preocupa el accionar del Poder Judicial, que aplica sentencias que no están a la altura de lo que buscan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es sancionar con las máximas condenas para dejar sentado el precedente de que el Estado no permitirá se repita este tipo de atropellos.
Sin embargo, aseguró que en Chile incluso el gobierno y Poder Legislativo, no hacen mucho por revertir esta situación que se registra hace bastante tiempo.
"En el caso del Poder Ejecutivo también vemos con mucha preocupación que se haya aceptado como una norma esta situación, pero los familiares no entendemos, ni compartimos que esto sea la justicia. No podemos entender que crímenes de lesa humanidad que en todo el mundo según los tratados internacionales son considerados de la más alta gravedad, las penas que en Chile se están aplicando son de esta categoría, casi no son condenas", enfatizó el dirigente.
Oliva afirmó que en las próximas semanas se hará la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia preliminar que estudia si un caso debe ser visto por la CIDH.
Estos se suman a la demanda presentada ante la instancia internacional por el hijo del matrimonio de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, el primero argentino y ella mexicana, también por las bajas condenas que se aplicó por parte de la Corte Suprema luego de establecer que ambos fueron ejecutados por una patrulla militar en el Valle del Elqui en diciembre de 1973.
