Los Trabajadores de la Educación rechazaron tajantemente la Ley de Aseguramiento de la Calidad, iniciativa que busca crear una Superintendencia del ramo.
Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Nelson Viveros, una decena de trabajadores comparecieron ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde plantearon su visión de la norma
En la ocasión Viveros precisó que la nueva ley precarizará gravemente condiciones laborales de funcionarios, ya que se establecerán figuras de despidos similares a las del Código del Trabajo.
“Es una copia textual del artículo 161 del Código del Trabajo que por necesidades de la empresa el jefe del servicio público va a echar a la calle a cualquier funcionario, aunque sea titular. Se crea la figura de la lista condicional y esa lista se crea por obra de la misma jefatura. Si esto llega a instalarse, va a significar que la gente del aparato público va a pensar muchas veces antes de opinar cualquier cuestión crítica respecto a la jefatura o de defender el derecho de las personas que se sientan conculcadas”, denunció Viveros.
Mientras tanto, Dina Olguín, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acusó que los trabajadores han sido opacados en el debate respecto de la educación parvularia. Según Olguín, uno de los aspectos centrales que rechazan es el hecho que fueran excluidos del cuidado de los niños entre cero y cuatro años.
“Hemos sido invisibilizados, porque solamente se considera desde los cuatro años y no se considera la educación preescolar desde la cuna. Nos quedamos en un espacio que pudiera ser de protección social que no tiene que ver con el sentido de la Constitución que es garantizar la Educación Parvularia”, señaló Olguín.
Por su parte el presidente de la instancia, diputado UDI Julio Dittborn, explicó que el planteamiento de los dirigentes será analizado en los próximos días, previo a la votación del texto legal en la comisión, no antes de la primera semana de enero.
Los Trabajadores de la Educación rechazaron tajantemente la Ley de Aseguramiento de la Calidad, iniciativa que busca crear una Superintendencia del ramo.
Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Nelson Viveros, una decena de trabajadores comparecieron ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde plantearon su visión de la norma
En la ocasión Viveros precisó que la nueva ley precarizará gravemente condiciones laborales de funcionarios, ya que se establecerán figuras de despidos similares a las del Código del Trabajo.
“Es una copia textual del artículo 161 del Código del Trabajo que por necesidades de la empresa el jefe del servicio público va a echar a la calle a cualquier funcionario, aunque sea titular. Se crea la figura de la lista condicional y esa lista se crea por obra de la misma jefatura. Si esto llega a instalarse, va a significar que la gente del aparato público va a pensar muchas veces antes de opinar cualquier cuestión crítica respecto a la jefatura o de defender el derecho de las personas que se sientan conculcadas”, denunció Viveros.
Mientras tanto, Dina Olguín, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acusó que los trabajadores han sido opacados en el debate respecto de la educación parvularia. Según Olguín, uno de los aspectos centrales que rechazan es el hecho que fueran excluidos del cuidado de los niños entre cero y cuatro años.
“Hemos sido invisibilizados, porque solamente se considera desde los cuatro años y no se considera la educación preescolar desde la cuna. Nos quedamos en un espacio que pudiera ser de protección social que no tiene que ver con el sentido de la Constitución que es garantizar la Educación Parvularia”, señaló Olguín.
Por su parte el presidente de la instancia, diputado UDI Julio Dittborn, explicó que el planteamiento de los dirigentes será analizado en los próximos días, previo a la votación del texto legal en la comisión, no antes de la primera semana de enero.
Los Trabajadores de la Educación rechazaron tajantemente la Ley de Aseguramiento de la Calidad, iniciativa que busca crear una Superintendencia del ramo.
Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Nelson Viveros, una decena de trabajadores comparecieron ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde plantearon su visión de la norma
En la ocasión Viveros precisó que la nueva ley precarizará gravemente condiciones laborales de funcionarios, ya que se establecerán figuras de despidos similares a las del Código del Trabajo.
“Es una copia textual del artículo 161 del Código del Trabajo que por necesidades de la empresa el jefe del servicio público va a echar a la calle a cualquier funcionario, aunque sea titular. Se crea la figura de la lista condicional y esa lista se crea por obra de la misma jefatura. Si esto llega a instalarse, va a significar que la gente del aparato público va a pensar muchas veces antes de opinar cualquier cuestión crítica respecto a la jefatura o de defender el derecho de las personas que se sientan conculcadas”, denunció Viveros.
Mientras tanto, Dina Olguín, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acusó que los trabajadores han sido opacados en el debate respecto de la educación parvularia. Según Olguín, uno de los aspectos centrales que rechazan es el hecho que fueran excluidos del cuidado de los niños entre cero y cuatro años.
“Hemos sido invisibilizados, porque solamente se considera desde los cuatro años y no se considera la educación preescolar desde la cuna. Nos quedamos en un espacio que pudiera ser de protección social que no tiene que ver con el sentido de la Constitución que es garantizar la Educación Parvularia”, señaló Olguín.
Por su parte el presidente de la instancia, diputado UDI Julio Dittborn, explicó que el planteamiento de los dirigentes será analizado en los próximos días, previo a la votación del texto legal en la comisión, no antes de la primera semana de enero.
