Luego del arresto y aplicación de la Ley Antiterrorista a José Marimán Loncomilla, organizaciones de derechos humanos cuestionaron cómo se ha manejado el conflicto y exigieron que se respeten los acuerdos internacionales.
 
Jorge Andrés Marimán Loncomilla, de 21 años, es la identidad del joven estudiante mapuche que fue detenido el miércoles en la comuna de Victoria, en La Araucanía.
 
Marimán era intensamente buscado por la policía, ya que se le acusa de haber participado en un ataque a un camión, el asalto a una cabina de peaje y haber disparado contra el jeep de una familia, conducido por una mujer, que circulaba por la ruta Victoria-Curacautín.
 
El imputado será formalizado por los delitos de robo con violencia y atentado. Y tal como sucedió con los cinco mapuches que están en prisión preventiva por estos hechos, en este caso también se aplicará la Ley Antiterrorista.
 
Respecto de estas nuevas detenciones, el dirigente de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchúllan, indicó que “para nosotros esto no es nada más que una persecución que refleja el montaje que está realizando el Ministerio Público”.
 
Marimán  pertenece a la comunidad José Guiñón y   es el hijo de la machi, Adriana Loncomilla, que el pasado octubre denunció que fue violentamente amarrada y golpeada por Carabineros.
 
En este escenario, Matías Meza-Lopenhandía, investigador y colaborador del área jurídica del Observatorio de Pueblos Indígenas subrayó que el tratamiento de los casos debe cambiar.
 
“No es que la aplicación sea inconstitucional o en contra de los derechos humanos a los mapuches, sino que a cualquier persona. Esta es una norma que no refleja los acuerdos internacionales en torno a la persecución del terrorismo porque está orientada a todo tipo de delitos, incluyendo aquellos contra la propiedad, cuando el elemento decisivo del tipo penal del terrorismo es el desprecio por la vida humana”, precisó el experto.
 
Mientras, en el gobierno realizaron una evaluación positiva sobre la forma como se ha abordó el conflicto y aseguraron que se ha reestablecido el diálogo.
 
En este sentido, el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, destacó los avances que se han producido en el traspaso de predios.
 
“Vamos a cumplir con el compromiso a las 115 comunidades en la entrega de las tierras. Hemos cambiado, a partir de enero, las normas para llegar a la adjudicación de las tierras. Ya se determinó la empresa externa que hará la auditoría del proyecto Orígenes de la Conadi para reestructurarlo y dar pie a la Agencia de Desarrollo Indígena, tal como está planteado en el proyecto de ley”, precisó el secretario de Estado.
 
Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos estas intenciones no son suficientes. Según ellos se necesita la aplicación estricta de las normas contempladas en el Convenio 169 de la OIT para alcanzar acuerdos mínimos respecto de temas que son dificultosos o están en lo que se ha denominado el conflicto mapuche, lo que, indicaron, hasta ahora “no ha ocurrido”.
 
En agosto de este año, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuches, al estudiar el informe presentado por Chile a esta instancia.