El Comité Pro Puente de Chiloé presentó un recurso de protección en contra del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar y otras autoridades de la cartera, debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación del puente sobre el Canal de Chacao.
Según denunció el abogado de la organización, Jaime Moraga, el proceso es ilegal e inconstitucional, puesto que afectaría las expectativas de desarrollo y crecimiento de la sociedad chilota.
Además, el representante indicó que se infringen normas como la Ley de Cabotaje y la Ley de Navegación, con la decisión de entregar a un sólo operador la exclusividad en el transporte y en el uso del sistema de rampas en el Canal de Chacao.
“Este tipo de conductas atenta contra la libre competencia y pone en grave riesgo la sustentabilidad del desarrollo de Chiloé, porque si se adjudica a un oferente, los operados que actualmente existen, dos empresas con varios transbordadores, van a cesar inmediatamente sus labores, existiendo un plazo de dos años para la implementación del sistema nuevo y en esos años no va haber quien realice servicio de transbordador en la zona de Chiloé. Dada la gravedad de esos hechos presentamos un recurso de protección para que la Corte de Apelaciones de Santiago proceda a paralizar dicho procedimiento por ser ilegal e inconstitucional”, afirmó Moraga.
Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente de Chiloé, manifestó que el recurso busca asegurar la igualdad para todos los chilenos a través de la integración de quienes viven apartados del resto del país.
“Nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, acá no puede haber chilenos de primera y segunda clase. Nosotros entendemos que este proyecto junto al peaje que se pretende instalar entre Pargua y Puerto Montt va a ir en directo perjuicio de los chilotes que tanto hemos entregado en este país. Esto es la primera etapa pero vamos a ir avanzando con muchos recursos”, señaló Barría.
Los dirigentes indicaron que el proyecto ha sido oscuro y dudoso desde el principio, por lo que continuarán realizando acciones legales para impedir el actual sistema de licitación, que consideran arbitrario.
El Comité Pro Puente de Chiloé presentó un recurso de protección en contra del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar y otras autoridades de la cartera, debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación del puente sobre el Canal de Chacao.
Según denunció el abogado de la organización, Jaime Moraga, el proceso es ilegal e inconstitucional, puesto que afectaría las expectativas de desarrollo y crecimiento de la sociedad chilota.
Además, el representante indicó que se infringen normas como la Ley de Cabotaje y la Ley de Navegación, con la decisión de entregar a un sólo operador la exclusividad en el transporte y en el uso del sistema de rampas en el Canal de Chacao.
“Este tipo de conductas atenta contra la libre competencia y pone en grave riesgo la sustentabilidad del desarrollo de Chiloé, porque si se adjudica a un oferente, los operados que actualmente existen, dos empresas con varios transbordadores, van a cesar inmediatamente sus labores, existiendo un plazo de dos años para la implementación del sistema nuevo y en esos años no va haber quien realice servicio de transbordador en la zona de Chiloé. Dada la gravedad de esos hechos presentamos un recurso de protección para que la Corte de Apelaciones de Santiago proceda a paralizar dicho procedimiento por ser ilegal e inconstitucional”, afirmó Moraga.
Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente de Chiloé, manifestó que el recurso busca asegurar la igualdad para todos los chilenos a través de la integración de quienes viven apartados del resto del país.
“Nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, acá no puede haber chilenos de primera y segunda clase. Nosotros entendemos que este proyecto junto al peaje que se pretende instalar entre Pargua y Puerto Montt va a ir en directo perjuicio de los chilotes que tanto hemos entregado en este país. Esto es la primera etapa pero vamos a ir avanzando con muchos recursos”, señaló Barría.
Los dirigentes indicaron que el proyecto ha sido oscuro y dudoso desde el principio, por lo que continuarán realizando acciones legales para impedir el actual sistema de licitación, que consideran arbitrario.
El Comité Pro Puente de Chiloé presentó un recurso de protección en contra del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar y otras autoridades de la cartera, debido a supuestas irregularidades en el proceso de licitación del puente sobre el Canal de Chacao.
Según denunció el abogado de la organización, Jaime Moraga, el proceso es ilegal e inconstitucional, puesto que afectaría las expectativas de desarrollo y crecimiento de la sociedad chilota.
Además, el representante indicó que se infringen normas como la Ley de Cabotaje y la Ley de Navegación, con la decisión de entregar a un sólo operador la exclusividad en el transporte y en el uso del sistema de rampas en el Canal de Chacao.
“Este tipo de conductas atenta contra la libre competencia y pone en grave riesgo la sustentabilidad del desarrollo de Chiloé, porque si se adjudica a un oferente, los operados que actualmente existen, dos empresas con varios transbordadores, van a cesar inmediatamente sus labores, existiendo un plazo de dos años para la implementación del sistema nuevo y en esos años no va haber quien realice servicio de transbordador en la zona de Chiloé. Dada la gravedad de esos hechos presentamos un recurso de protección para que la Corte de Apelaciones de Santiago proceda a paralizar dicho procedimiento por ser ilegal e inconstitucional”, afirmó Moraga.
Selim Barría, presidente del Comité Pro Puente de Chiloé, manifestó que el recurso busca asegurar la igualdad para todos los chilenos a través de la integración de quienes viven apartados del resto del país.
“Nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, acá no puede haber chilenos de primera y segunda clase. Nosotros entendemos que este proyecto junto al peaje que se pretende instalar entre Pargua y Puerto Montt va a ir en directo perjuicio de los chilotes que tanto hemos entregado en este país. Esto es la primera etapa pero vamos a ir avanzando con muchos recursos”, señaló Barría.
Los dirigentes indicaron que el proyecto ha sido oscuro y dudoso desde el principio, por lo que continuarán realizando acciones legales para impedir el actual sistema de licitación, que consideran arbitrario.
