Poco a poco se ha calmado la ebullición del proceso de admisión a las universidades de este año. Y como nunca, durante este periodo se apreciaron fenómenos como los “ofertones” que realizaron las distintas casas de estudio, en especial las privadas, con el objetivo de captar la mayor cantidad de estudiantes que presentaran excelencia académica.

Este novedoso y extraño mecanismo de captación es otro de los síntomas de la ya anunciada crisis de la educación superior, que pese a haber superado problemas como el de la cobertura, en la actualidad se enfrenta a una serie de desafíos que, quien sea que llegue a La Moneda deberá asumir con urgencia.

Es por eso que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) realizó un llamado a los candidatos presidenciales, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, a manifestar sus posiciones respecto del futuro de la enseñanza universitaria y desarrolló un documento con ocho puntos esenciales a tratar en este sentido.

Hace algún tiempo que, desde los círculos estudiantiles, se ha planteado la necesidad de modificar la institucionalidad que regula la educación superior. Al igual como sucedió con la destitución de la LOCE y la promulgación de la LGE, los dirigentes universitarios, insisten en que es imperativo que exista una nueva legislación que defina claramente la posición y la naturaleza de los planteles dentro del sistema para favorecer la cooperación y el sentido entre cada una de ellos.

Por lo mismo, la Confech sugiere un cambio de fondo que se base en un nuevo Sistema Nacional de Educación Superior que cuente con la participación de todos los actores involucrados en el tema.

Por otra parte, la propuesta de los alumnos recoge parte de lo estipulado en el “Nuevo Trato”, difundido por el Consejo de Rectores e indica que “se debe elevar un punto el PIB destinado para Educación Superior, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, para permitir un buen desempeño de la educación superior en su conjunto, favoreciendo el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación, entre otros”.

Además se sugiere que este aporte “debe considerar un aporte preferencial y diferenciado para las Universidades Estatales, sin detrimento de los aportes que se entregan a otras instituciones del CRUCH”.

En relación a la lucha por el financiamiento, la agrupación señala que se “debe aumentar las ayudas basadas en becas y otorgar la mayor relevancia a  la situación socioeconómica, aumentando la cobertura y limitando el endeudamiento de los estudiantes en base a sistemas crediticios como el Aval del Estado”.

En este punto, los estudiantes insisten en que estos beneficios deben incluir a los alumnos de los cuatro primeros quintiles más vulnerables.

En relación con este punto, la Confech llama la atención respecto de la PSU como herramienta de ingreso a las casas de estudios. Como todos los años anteriores, ésta volvió a consagrarse como un mecanismo que, como manifiesta la confederación, “privilegia la solvencia económica de las familias de los estudiantes, por sobre los esfuerzos, profundiza las diferencias sociales y discrimina negativamente a los estudiantes principalmente provenientes de colegios municipales”.

Por lo mismo, se plantea un “nuevo sistema de selección que además de una prueba estandarizada, incluya complementos como bachillerato o propedéutico, enfocados a daruna mayor valorización al ranking de colegio, las notas de enseñanza media y las realidades regionales, en el espíritu de valorizar el esfuerzo personal de los estudiantes y su entorno social inmediato”.

Otro de los puntos relevantes del texto tiene que ver con la democratización de las instituciones de educación superior. La idea es fomentar las instancias participativas como las federaciones de estudiantes, centros de alumnos y agrupaciones gremiales, que garanticen procesos participativos dentro de cada plantel. Para ello se requeriría una modificación de los estatutos que habrían sido heredados desde la dictadura militar.

Finalmente, se hace mención a la necesidad de promover e incentivar la carrera docente; de eliminar las trabas burocráticas de las universidades estatales que impiden su buen funcionamiento y vulneran su autonomía y de crear y potenciar la existencia de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de carácter estatal.