El ministro Milton Juica asumió ayer como nuevo presidente de la Corte Suprema, ocasión en la cual se volvió a referir sobre la actuación de la justicia en la Dictadura militar.
El sucesor de Urbano Marín se comprometió a hacer todo lo posible para que las causas de violación a los derechos fundamentales que aún están pendientes concluyan en un plazo de dos años.
"Será una preocupación preferente la de instar para que esos procesos (casos de DD.HH.) avancen lo más rápidamente y en lo posible se concluyan en los dos años que vienen. Es una aspiración que por supuesto depende de otros factores ajenos a nuestras voluntades y deseos", enfatizó el nuevo presidente de la Suprema.
Esta noticia justo llegó en un importante día para los Derechos Humanos, ya que una unánime aprobación obtuvo en el Senado el proyecto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue suscrita por Chile el 9 de junio de 1994 en Brasil, en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la OEA.
La Convención obtuvo un amplio respaldo luego de superar una serie de observaciones a través de la reforma constitucional que habilitó al Estado para suscribir el Tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional y la incorporación en el Derecho interno de todos los delitos contemplados en estos acuerdos internacionales.