Educación superior: una materia pendiente para el próximo gobierno


Terminado el primer proceso de matrículas a las universidades del Consejo de Rectores, los resultados revelaron la alta preferencia de los estudiantes por las universidades tradicionales, pero también una concentración de los mejores alumnos en los planteles tradicionales de Santiago: la Universidad de Chile y la Universidad Católica aglutinaron un 85 por ciento de los puntajes nacionales en la última PSU.

No todas las universidades tradicionales son iguales y sobre todo aquellas instituciones públicas y regionales registran una serie de problemas e inequidades que según Juan González, experto del Observatorio de Políticas Educativas (Opech), están dados por una indefinición del rol que estas instituciones deben jugar en la sociedad.

“Primero se debe debatir de qué se trata la educación en el estado de lo público. Hoy la educación superior está afectada por el criterio de la crisis del mercado. Muchas de las nuevas universidades privadas están solamente orientadas a la docencias, pero no a la construcción del conocimiento público, que debería ser una universidad pública que también tenga actividades de investigación y extensión que pudiesen favorecer el desarrollo nacional en una perspectiva que no fuera a capitalizar en el mercado, sino que fuera a un desarrollo heterogéneo de las fuerzas productiva”, señaló González.

La educación pública presenta problemas de financiamiento y de estatutos que la obligan a competir en un mercado para el cual simplemente no están diseñadas. Las candidaturas a la Presidencia lo reconocen y valoran el rol que tienen las universidades públicas, pero cada una a su manera.

El coordinador general de los grupos Tantauco y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristián Larroulet, declaró a nombre de su candidato, Sebastián Piñera, que la agenda de la educación superior pública está un tanto postergada y amarrada, por lo que urge liberarlas y también hacer cambios en su administración.

“Esta es una agenda que está menos construida y menos consensuada y por lo tanto la prioridad del próximo gobierno va a ser trabajar mucho más esta área. Las amarras, las restricciones que sufren hoy las universidades estatales es una de las quejas más importantes de los  rectores y de los equipos. Es un tema prioritario en la agenda de nuestro gobierno, en  donde lo que hay que hacer es liberar esas amarras en conjunto  con un perfeccionamiento del gobierno corporativo de estas instituciones”, afirmó Larroulet.

Para la candidatura de Eduardo Frei, la educación superior también sería un tema de alta relevancia y desde su comando plantean la urgencia de revitalizar las universidades estatales, sobre todo a aquellas que cumplen funciones de investigación y extensión en todo el país.

La coordinadora general de la campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, anunció también como prioridad para un futuro gobierno la modificación del criticado sistema de Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que inyecta más recursos a las universidades que concentran en sus aulas a los estudiantes con mayores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

“¿Cómo funcionaría este nuevo AFI? Un aporte a las instituciones que reciben alumnos el 20 por ciento mejor de cada colegio, independiente de su resultado en la PSU, y ese aporte tiene una segunda cuota si ese alumno llegue al tercer año, para que no solo entre, sino que siga estudiando esa carrea. Eso requiere un cambio legal, entonces el gobierno entrando va a formular este proyecto y lo va a mandar al parlamento y esperamos que tenga el apoyo, porque es de las cosas que puede tener impacto a corto plazo en materia de equidad y en materia de calidad”, sostuvo Tohá.

Reformando de esta u otra forma el AFI, se podrían evitar los llamados “ofertones” y la competencia por captar a los Puntajes Nacionales, pero según el investigador del Observatorio de Políticas Públicas, Juan González, esta modificación no es suficiente.

“Lo del puntaje de la PSU se ve favorecido por variables que están asociadas al nivel socioeconómico de los estudiantes, los altos puntajes reflejan el capital social que tiene los chicos más que su desempeño académico. En ese sentido es una medida positiva, ahora lo ideal es que se pudiese eliminar la PSU como un criterio de ingreso que es lo que está discriminando y está generando el nivel de segmentación  que ya está aplicado en la educación general y que claramente se refleja en la educación superior también”, aseguró González.

Las universidades estatales, lideradas por el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, exigen hace un tiempo una nueva política por parte del Estado hacia sus instituciones de educación superior.

Será tarea del próximo gobierno brindarles este “Nuevo Trato” que finalmente les designe un rol en la sociedad, valorando el aporte que estas realizan no solo en la formación de profesionales sino también en la construcción de conocimiento.

 





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