Organizaciones ambientalistas concluyeron que la reforma constitucional sobre las Aguas, que fue enviada al Congreso por la Presidenta Michelle Bachelet, abre paso a resolver la crisis de acceso, contaminación y sobreexplotación del recurso hídrico y la degradación de las cuencas.
Además señalaron que el fundamento de esta reforma reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y menciona la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
Miembros de diversas organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesia, campesinos, ambientalistas, sindicatos de las empresas sanitarias, afirmaron que están empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien nacional de uso público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, manifestó que es muy importante el pronunciamiento del gobierno, pues muestra voluntad de solucionar los problemas en la mala distribución del agua, provocada por el actual código.
“Nunca es tarde para legislar una ley como esta, que tenía que haberse hecho mucho antes, como en el los años 90 para revertir el actual Código de Aguas, porque es un código que duró doce años tratando de sacar una reforma, que salió el 2005. Pero el Código de Aguas no protege el recurso hídrico en sí, porque no está incluido en la Constitución Política, aunque el código menciona que los derechos de agua son un bien nacional de uso público, pero no así la Constitución, como que se contraponen”, afirmó Sarmiento.
Para los ambientalistas, esta reforma, símbolo de los cambios que Chile debe abordar en el Bicentenario, permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua; facilitaría la adaptación al cambio climático; y haría a Chile más coherente con la imagen que pretende mostrar a nivel internacional.
Las organizaciones aseguraron que “volver a colocar el agua dentro del dominio de lo público, constituye recuperar un estatus que nunca se debió haber perdido”. En ese sentido, el camino que siga en el Congreso será crucial para los alcances reales de este proyecto.
Hugo Maturana, presidente de Federación Nacional de Obras Sanitarias, alertó sobre la postura de algunos parlamentarios, que podrían retrasar el trámite legislativo.
“Yo reconozco que está un poco enredado, no lo veo fácil, es más, han salido varias opiniones en contra del proyecto lo que nos va a complicar, pero creo que al final, los políticos y los mismos afectados verán el bien del país. Tenemos que pensar que el agua que tenemos primero debe ser destinada al bien de uso humano, después ver la agricultura, la minería, la celulosa”, aseguró Maturana.
A pesar de que la reforma no incluye el cien por ciento de las demandas para el derecho humano y la gestión pública del agua, para las organizaciones medio ambientales no cabe duda que se trata de un paso en esa dirección, por lo que se espera que el Congreso pueda aprobar el proyecto a la brevedad.
Organizaciones ambientalistas concluyeron que la reforma constitucional sobre las Aguas, que fue enviada al Congreso por la Presidenta Michelle Bachelet, abre paso a resolver la crisis de acceso, contaminación y sobreexplotación del recurso hídrico y la degradación de las cuencas.
Además señalaron que el fundamento de esta reforma reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y menciona la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
Miembros de diversas organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesia, campesinos, ambientalistas, sindicatos de las empresas sanitarias, afirmaron que están empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien nacional de uso público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, manifestó que es muy importante el pronunciamiento del gobierno, pues muestra voluntad de solucionar los problemas en la mala distribución del agua, provocada por el actual código.
“Nunca es tarde para legislar una ley como esta, que tenía que haberse hecho mucho antes, como en el los años 90 para revertir el actual Código de Aguas, porque es un código que duró doce años tratando de sacar una reforma, que salió el 2005. Pero el Código de Aguas no protege el recurso hídrico en sí, porque no está incluido en la Constitución Política, aunque el código menciona que los derechos de agua son un bien nacional de uso público, pero no así la Constitución, como que se contraponen”, afirmó Sarmiento.
Para los ambientalistas, esta reforma, símbolo de los cambios que Chile debe abordar en el Bicentenario, permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua; facilitaría la adaptación al cambio climático; y haría a Chile más coherente con la imagen que pretende mostrar a nivel internacional.
Las organizaciones aseguraron que “volver a colocar el agua dentro del dominio de lo público, constituye recuperar un estatus que nunca se debió haber perdido”. En ese sentido, el camino que siga en el Congreso será crucial para los alcances reales de este proyecto.
Hugo Maturana, presidente de Federación Nacional de Obras Sanitarias, alertó sobre la postura de algunos parlamentarios, que podrían retrasar el trámite legislativo.
“Yo reconozco que está un poco enredado, no lo veo fácil, es más, han salido varias opiniones en contra del proyecto lo que nos va a complicar, pero creo que al final, los políticos y los mismos afectados verán el bien del país. Tenemos que pensar que el agua que tenemos primero debe ser destinada al bien de uso humano, después ver la agricultura, la minería, la celulosa”, aseguró Maturana.
A pesar de que la reforma no incluye el cien por ciento de las demandas para el derecho humano y la gestión pública del agua, para las organizaciones medio ambientales no cabe duda que se trata de un paso en esa dirección, por lo que se espera que el Congreso pueda aprobar el proyecto a la brevedad.
Organizaciones ambientalistas concluyeron que la reforma constitucional sobre las Aguas, que fue enviada al Congreso por la Presidenta Michelle Bachelet, abre paso a resolver la crisis de acceso, contaminación y sobreexplotación del recurso hídrico y la degradación de las cuencas.
Además señalaron que el fundamento de esta reforma reconoce los desbalances y deficiencias del Código de Aguas de 1981; la situación de escasez e inequidad en el acceso al agua y la concentración desproporcionada de derechos de agua en pocas manos; y menciona la gravísima degradación ambiental y los conflictos crecientes por el agua a nivel de todo el país.
Miembros de diversas organizaciones de Agua Potable Rural, de Iglesia, campesinos, ambientalistas, sindicatos de las empresas sanitarias, afirmaron que están empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua, la protección de este bien nacional de uso público y la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, manifestó que es muy importante el pronunciamiento del gobierno, pues muestra voluntad de solucionar los problemas en la mala distribución del agua, provocada por el actual código.
“Nunca es tarde para legislar una ley como esta, que tenía que haberse hecho mucho antes, como en el los años 90 para revertir el actual Código de Aguas, porque es un código que duró doce años tratando de sacar una reforma, que salió el 2005. Pero el Código de Aguas no protege el recurso hídrico en sí, porque no está incluido en la Constitución Política, aunque el código menciona que los derechos de agua son un bien nacional de uso público, pero no así la Constitución, como que se contraponen”, afirmó Sarmiento.
Para los ambientalistas, esta reforma, símbolo de los cambios que Chile debe abordar en el Bicentenario, permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua; facilitaría la adaptación al cambio climático; y haría a Chile más coherente con la imagen que pretende mostrar a nivel internacional.
Las organizaciones aseguraron que “volver a colocar el agua dentro del dominio de lo público, constituye recuperar un estatus que nunca se debió haber perdido”. En ese sentido, el camino que siga en el Congreso será crucial para los alcances reales de este proyecto.
Hugo Maturana, presidente de Federación Nacional de Obras Sanitarias, alertó sobre la postura de algunos parlamentarios, que podrían retrasar el trámite legislativo.
“Yo reconozco que está un poco enredado, no lo veo fácil, es más, han salido varias opiniones en contra del proyecto lo que nos va a complicar, pero creo que al final, los políticos y los mismos afectados verán el bien del país. Tenemos que pensar que el agua que tenemos primero debe ser destinada al bien de uso humano, después ver la agricultura, la minería, la celulosa”, aseguró Maturana.
A pesar de que la reforma no incluye el cien por ciento de las demandas para el derecho humano y la gestión pública del agua, para las organizaciones medio ambientales no cabe duda que se trata de un paso en esa dirección, por lo que se espera que el Congreso pueda aprobar el proyecto a la brevedad.
