El proyecto de reforma, que eleva a rango constitucional el carácter de las aguas como bien nacional de uso público, es señalado por los privados como una expropiación de los derechos sobre el recurso, mientras el Ejecutivo lo desmiente.
El proyecto de reforma constitucional, que fue presentado por el Ejecutivo, busca establecer el carácter estratégico de las aguas chilenas, en cualquier estado, para garantizar el suministro.
Uno de las razones para impulsarlo es que en nuestro país hay una serie de zonas con problemas de suministro de agua, sobre todo desde la Sexta Región hacia el norte.
Un fuerte debate ha generado el texto, ya que en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) argumenta que con el proyecto, lisa y llanamente, se está expropiando la propiedad que existe sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas.
En este sentido, Eduardo Riesco, abogado fiscal de la SNA, señaló que con la iniciativa se devaluarían fuertemente los valores de las tierras, ya que perderían un recurso básico para explotarlas.
“En Los Ángeles, una hectárea regada vale ocho millones de pesos, mientras una hectárea sin riego vale dos millones. Sobre el derecho de aprovechamiento del agua existe propiedad, cada uno es dueño de su agua y dispone de ella, la aprovecha, le saca provecho y tiene la posibilidad de obtener créditos con su agua, con su propiedad, como la de su casa, como la de su auto, como cualquier otra. Si no hay expropiación del agua a qué se justifica. Pensamos que hay mucho de ideológico en esto”, afirmó Riesco.
En el gobierno desmienten este argumento, señalando que solamente se eleva a rango constitucional materias que ya existen en la actual legislación, precisamente en el código de aguas, normativa que ya considera el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento y mantiene esta condición a través del proyecto constitucional.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, señaló que este proyecto no perjudica al rubro agrícola, además de señalar que el Estado ya tiene la posibilidad de extinguir derechos de aprovechamiento en casos de necesidad.
“Como ha señalado el abogado fiscal de la SNA la preocupación principal es para él la extinción de derechos, que algunas expresiones poco felices han ido al punto de señalar de ‘expropiaciones sin pagos’, en fin. La Constitución señala que los derechos son propiedad privada y la reforma señala que los derechos son de propiedad privada. Jamás vamos a poner en riesgo o incertidumbre al pequeño agricultora. Sí la extinción es parte de la ley actual, de manera que hoy está regulada”, aseguró Bitar.
Igualmente se hizo manifiesto el rechazo al proyecto de reforma constitucional por parte de los diputados de la UDI miembros de la comisión de Agricultura, entre los que se cuentan Juan Lobos, Ignacio Urrutia y Ramón Barros, lo que se podría proyectar de cara a una votación a la sala.
El texto fue despachado el miércoles por la comisión de Agricultura y ahora ingresará a trámite a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, siempre en la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma, que eleva a rango constitucional el carácter de las aguas como bien nacional de uso público, es señalado por los privados como una expropiación de los derechos sobre el recurso, mientras el Ejecutivo lo desmiente.
El proyecto de reforma constitucional, que fue presentado por el Ejecutivo, busca establecer el carácter estratégico de las aguas chilenas, en cualquier estado, para garantizar el suministro.
Uno de las razones para impulsarlo es que en nuestro país hay una serie de zonas con problemas de suministro de agua, sobre todo desde la Sexta Región hacia el norte.
Un fuerte debate ha generado el texto, ya que en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) argumenta que con el proyecto, lisa y llanamente, se está expropiando la propiedad que existe sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas.
En este sentido, Eduardo Riesco, abogado fiscal de la SNA, señaló que con la iniciativa se devaluarían fuertemente los valores de las tierras, ya que perderían un recurso básico para explotarlas.
“En Los Ángeles, una hectárea regada vale ocho millones de pesos, mientras una hectárea sin riego vale dos millones. Sobre el derecho de aprovechamiento del agua existe propiedad, cada uno es dueño de su agua y dispone de ella, la aprovecha, le saca provecho y tiene la posibilidad de obtener créditos con su agua, con su propiedad, como la de su casa, como la de su auto, como cualquier otra. Si no hay expropiación del agua a qué se justifica. Pensamos que hay mucho de ideológico en esto”, afirmó Riesco.
En el gobierno desmienten este argumento, señalando que solamente se eleva a rango constitucional materias que ya existen en la actual legislación, precisamente en el código de aguas, normativa que ya considera el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento y mantiene esta condición a través del proyecto constitucional.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, señaló que este proyecto no perjudica al rubro agrícola, además de señalar que el Estado ya tiene la posibilidad de extinguir derechos de aprovechamiento en casos de necesidad.
“Como ha señalado el abogado fiscal de la SNA la preocupación principal es para él la extinción de derechos, que algunas expresiones poco felices han ido al punto de señalar de ‘expropiaciones sin pagos’, en fin. La Constitución señala que los derechos son propiedad privada y la reforma señala que los derechos son de propiedad privada. Jamás vamos a poner en riesgo o incertidumbre al pequeño agricultora. Sí la extinción es parte de la ley actual, de manera que hoy está regulada”, aseguró Bitar.
Igualmente se hizo manifiesto el rechazo al proyecto de reforma constitucional por parte de los diputados de la UDI miembros de la comisión de Agricultura, entre los que se cuentan Juan Lobos, Ignacio Urrutia y Ramón Barros, lo que se podría proyectar de cara a una votación a la sala.
El texto fue despachado el miércoles por la comisión de Agricultura y ahora ingresará a trámite a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, siempre en la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma, que eleva a rango constitucional el carácter de las aguas como bien nacional de uso público, es señalado por los privados como una expropiación de los derechos sobre el recurso, mientras el Ejecutivo lo desmiente.
El proyecto de reforma constitucional, que fue presentado por el Ejecutivo, busca establecer el carácter estratégico de las aguas chilenas, en cualquier estado, para garantizar el suministro.
Uno de las razones para impulsarlo es que en nuestro país hay una serie de zonas con problemas de suministro de agua, sobre todo desde la Sexta Región hacia el norte.
Un fuerte debate ha generado el texto, ya que en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) argumenta que con el proyecto, lisa y llanamente, se está expropiando la propiedad que existe sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas.
En este sentido, Eduardo Riesco, abogado fiscal de la SNA, señaló que con la iniciativa se devaluarían fuertemente los valores de las tierras, ya que perderían un recurso básico para explotarlas.
“En Los Ángeles, una hectárea regada vale ocho millones de pesos, mientras una hectárea sin riego vale dos millones. Sobre el derecho de aprovechamiento del agua existe propiedad, cada uno es dueño de su agua y dispone de ella, la aprovecha, le saca provecho y tiene la posibilidad de obtener créditos con su agua, con su propiedad, como la de su casa, como la de su auto, como cualquier otra. Si no hay expropiación del agua a qué se justifica. Pensamos que hay mucho de ideológico en esto”, afirmó Riesco.
En el gobierno desmienten este argumento, señalando que solamente se eleva a rango constitucional materias que ya existen en la actual legislación, precisamente en el código de aguas, normativa que ya considera el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento y mantiene esta condición a través del proyecto constitucional.
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, señaló que este proyecto no perjudica al rubro agrícola, además de señalar que el Estado ya tiene la posibilidad de extinguir derechos de aprovechamiento en casos de necesidad.
“Como ha señalado el abogado fiscal de la SNA la preocupación principal es para él la extinción de derechos, que algunas expresiones poco felices han ido al punto de señalar de ‘expropiaciones sin pagos’, en fin. La Constitución señala que los derechos son propiedad privada y la reforma señala que los derechos son de propiedad privada. Jamás vamos a poner en riesgo o incertidumbre al pequeño agricultora. Sí la extinción es parte de la ley actual, de manera que hoy está regulada”, aseguró Bitar.
Igualmente se hizo manifiesto el rechazo al proyecto de reforma constitucional por parte de los diputados de la UDI miembros de la comisión de Agricultura, entre los que se cuentan Juan Lobos, Ignacio Urrutia y Ramón Barros, lo que se podría proyectar de cara a una votación a la sala.
El texto fue despachado el miércoles por la comisión de Agricultura y ahora ingresará a trámite a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, siempre en la Cámara de Diputados.
