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Autoridades celebran promulgación de ley que permite la distribución de la píldora

El gobierno promulgó la Ley que permitirá la distribución de la píldora del día después, en lo que podría considerarse el último gran triunfo político de la Concertación antes de dejar el poder en marzo próximo.

Francisco Mardones

  Lunes 18 de enero 2010 20:58 hrs. 
Radio-Uchile

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Después de una dura batalla política y legislativa y una frustrada ceremonia el pasado viernes, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad, más conocida como la ley de la píldora del día después.

El escenario fue una ceremonia que estuvo marcada por el significado político y con importantes reconocimientos a mujeres destacadas del gobierno de Michelle Bachelet que se pasaron al comando del ex candidato Eduardo Frei, como Laura Albornoz y Carolina Tohá.

Se trata de una iniciativa que tiene dos objetivos principales. Primero, reconocer el derecho de todas las personas a decidir sobre sus métodos de regulación de la fertilidad, a ser informados y orientados en ello para elegir y acceder a éstos libremente y segundo, entregar al Estado la obligación de poner a disposición de la población todos los métodos anticonceptivos existentes.

Todo un logro político para la Presidenta Bachelet, quien después de firmar la ley, la levantó con ambas manos en señal de victoria.

“Las normas sobre fertilidad son un tema complejo. Por eso nunca he pretendido imponer mis principios a nadie. Pero también sé que la democracia y el progreso social pasan por dar a los ciudadanos mayor capacidad de elegir y no negarles ese derecho. Esta ley no obliga a nadie a hacer algo que vaya en contra de sus principios éticos o morales. No impone autoritariamente un criterio sobre lo que se debe hacer, por el contrario, es entregar libertad a las mujeres dándoles la posibilidad de elegir por si y para si”, afirmó la mandataria.

Soledad Díaz, presidenta del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva también valoró los alcances de esta nueva legislación que fue tema de debate durante más de una década en nuestro país.

“Esta es una ley necesaria para respaldar todas las decisiones que las mujeres, familias y parejas puedan tomar en materia de regulación de la fertilidad. Hasta ahora, los métodos ofrecidos en los servicios públicos dependían del programa de turno. Ahora hay una ley que respalda todas estas actividades, lo que es esencial. Hemos peleado por más de 15 años porque esta ley saliera y es una linda culminación del trabajo que la Presidenta Bachelet ha realizado en esta materia”, dijo Díaz.

Por su parte, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, fue enfático en señalar que desde el día en que se publique esta ley ya no habrá ningún tipo de excusa para que los derechos de los chilenos no sean respetados.

“A partir ese minuto podremos realizar la distribución. Nuestra fiscalización a las farmacias va a garantizar que esto que hoy fue promulgado sea una realidad y no haya ningún impedimento para las mujeres chilenas que cuando necesiten este fármaco, que tiene que estar disponible de inmediato, efectivamente se otorgue. Se acabó la inequidad y la falta de justicia en este tema”, manifestó el secretario de Estado.

En la Corporación Humanas, en tanto, si bien celebraron la nueva normativa, también pusieron énfasis en la necesidad de que los servicios de salud cumplan con el deber de entregar información oportuna y clara, además de entregar las diversas opciones de métodos anticonceptivos existentes, sean estos, hormonales, naturales o artificiales.

La abogada de la corporación, Camila Maturana, además apuntó a un aspecto de la ley que señala que no se considerarán anticonceptivos ni integrarán las políticas públicas aquellos métodos cuyo efecto directo sea provocar un aborto – que fue uno de los puntos fundamentales en la discusión parlamentaria – y que podrían traer consecuencias negativas en el futuro, como restringir la utilización de otros métodos.

Maturana, agregó que esta ley, más que un triunfo, es el cumplimiento de una obligación que el Estado de Chile tiene con sus ciudadanos en materia de protección de derechos.

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