Un giro inesperado dio el caso de la documentalista, Elena Varela, acusada de haber asaltado dos bancos para proveer de dinero al Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR).

Según lo informado, Sergio Reyes, un reo imputado por robo con homicidio, habría declarado en una carta que había sido chantajeado por el fiscal, Servando Pérez, para que inculpara a Varela en los ilícitos que se le imputaban.

“Siento un dolor inmenso por todo lo que he sufrido. Por la injusticia de ver a una persona que está tratando de ser sobornada para que hable en contra mía. Es una sensación de terror, como del tiempo de la dictadura”, comentó Varela.

La realizadora fue detenida por Carabineros el año 2008 sin ninguna explicación y sin orden judicial. En el proceso se incautó también todo el material fílmico de su autoría y varios bienes de su casa.

“Primero me tomaron detenida sin llevarme a Investigaciones y sin hacerme ningún interrogatorio porque la Fiscalía determinó que era la líder de un movimiento. Después se hizo un allanamiento a mi casa donde se confiscaron todas las películas y el material audiovisual. En términos legales, se pasaron a llevar muchos derechos. Tuve un proceso de interrogatorio tortuoso en el que me amenazaron con mi hija y nunca me dijeron las razones por las que estaba siendo detenida”, describió la acusada.

Para su abogado defensor, Jaime Madariaga, todo el proceso ha sido irregular lo que, a su juicio, se ha traducido en la vulneración reiterativa de las garantías fundamentales de su defendida.

 “Me recuerda las escenas más oscuras de las películas donde los fiscales tratan de inculpar a gente inocente. Siempre hemos estado seguros de su inocencia. No existen pruebas contra ella. No sé si es un montaje o no, pero al menos sí hay una lectura de los antecedentes absolutamente forzada que no se corresponde con la realidad”, afirmó el jurista.

Estos nuevos antecedentes aparecen a menos de dos meses de que se inicie el juicio para determinar la culpabilidad o inocencia de Elena Varela en los hechos que se le imputan.

La implicada aseguró estar esperanzada en dejar de ser  “presa política” para poder retomar su trabajo y vida normal. Dos aspectos que se ha visto obligada a dejar de lado luego de meses tras las rejas y los casi dos años de arresto domiciliario entre Santiago y el Sur. Esto porque la fiscalía ha argumentado que “se podría fugar por la cordillera o tener interacción con personajes subversivos”.

Varela criticó además el gobierno de Michelle Bachelet, a quien le envió una carta el año pasado y, al igual como sucedió con los demás organismos a los que acudió, se le indicó que no se podía hacer nada fuera de la jurisdicción de la fiscalía regional. “Es una fórmula para paralizar el pensamiento humano, para detener la verdad y proteger ciertos intereses”, interpretó Varela ante sus fallidas gestiones.

El 2 de marzo comenzara el juicio público, sólo a pocos días de que se inicie el gobierno de Sebastián Piñera. La cineasta dice no tener miedo, pues está segura de su inocencia y no cree que un gobierno de oposición la perjudique aún más de lo que lo habría hecho la propia Concertación.