El Estado de Chile reconoció la violación de los Derechos Humanos en contra de ex funcionarios de Carabineros y de sus cónyuges después de que en 1999 un grupo de 12 personas de esta institución fuera dado de baja a través de un proceso arbitrario y posteriormente exonerado, por una manifestación de sus esposas en demanda de mejores salarios.
Frente a esta situación los afectados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del Estado a la protección de la honra y la dignidad entre otras demandas por actos que atentan contra los acuerdos suscritos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Luego de 11 años de tramitación y un sin fin de negociaciones entre la Cancillería y la Corporación de Interés Público, que representa a las víctimas, se alcanzó un acuerdo donde el Estado de Chile reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos de los denunciantes, les pide disculpas y compromete medidas de reparación.
Sergio Espejo de la Corporación Interés Público señaló que este es un acuerdo histórico ya que se reconoce la responsabilidad del Estado frente al resguardo de los derechos ciudadanos.
"Es un acuerdo histórico porque no es habitual que el Estado reconozca que ha vulnerado los derechos de un grupo de personas y en este caso el Estado ha reconocido formalmente que violó los derechos de un grupo de funcionarios de Carabineros y de sus mujeres. Es un gran avance porque significa que en este país vamos terminando todas las transiciones y una de ellas es la que nos permite establecer que todos tenemos derechos sobre las garantías que están establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Además es un reconocimiento de la libertad y de la autonomía de las familias de los uniformados chilenos. Nos parece que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado es un paso muy importante", explicó Espejo
Carmen Hertz, Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, declaró que el Estado evitó continuar con el juicio en la Corte por eso priorizó el acuerdo en búsqueda de cumplir con las obligaciones internacionales.
"Este ha sido en general el ánimo del último tiempo del Estado de Chile que se traduce en no avanzar en la confrontación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene. Por eso me complace el haber llegado a esta solución amistosa en que el Estado reconoce la vulneración en que hay una carta con disculpas públicas, en que hay reparación económica. Además entre las garantías lo importante es el compromiso del Estado a revisar el reglamento de calificación de Carabineros de manera de hacerlo más garantista", enfatizó Hertz.
En este acuerdo amistoso el Estado reconoce su responsabilidad, pide disculpas formales a los afectados, realiza también la correspondiente limpieza de antecedentes y se compromete a revisar el reglamento de calificaciones para garantizar que los procesos internos de Carabineros se cumplan con objetividad y resguarden debidamente los derechos de los acusados.
Además se hará entrega de una indemnización de 17 mil dólares para los funcionarios y 3 mil para cada una de las mujeres, que se pagarán en un plazo de 30 a 60 días.
Mirna Ponce, una de las esposas afectadas declaró que está contenta porque llegó el final de este largo proceso.
"Es la culminación de un proceso bastante largo, estamos contentos porque se pueden limpiar los antecedentes de nuestros esposos y vamos a poder estar tranquilos y rehacer nuestras vidas", indicó una de las esposas.
Mientras que Mario Araya Marchant, ex cabo primero de carabineros, admitió que después de 11 años de un proceso que ha pasado por 3 gobiernos, no pueden estar 100 por ciento conformes, pero añadió que ahora la tarea es evitar que esta situación se repita.
"Fueron once años de este camino de tramitación, por lo que no podemos estar cien por ciento conformes, pero sí estamos contentos porque se termino un ciclo. Ahora viene hacer un seguimiento para que esto no vuelva a suceder y que se cumpla. El Estado se compromete a contar con una organización con sus propios representantes y abogados para que no se vuelvan a repetir estas injusticias", señaló Mario Araya, ex funcionario.
Finalmente el Estado de Chile está obligado a informar a la Comisión Interamericana en el plazo de un año, el cumplimiento de este acuerdo y las medidas de reparación acordadas.
El Estado de Chile reconoció la violación de los Derechos Humanos en contra de ex funcionarios de Carabineros y de sus cónyuges después de que en 1999 un grupo de 12 personas de esta institución fuera dado de baja a través de un proceso arbitrario y posteriormente exonerado, por una manifestación de sus esposas en demanda de mejores salarios.
Frente a esta situación los afectados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del Estado a la protección de la honra y la dignidad entre otras demandas por actos que atentan contra los acuerdos suscritos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Luego de 11 años de tramitación y un sin fin de negociaciones entre la Cancillería y la Corporación de Interés Público, que representa a las víctimas, se alcanzó un acuerdo donde el Estado de Chile reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos de los denunciantes, les pide disculpas y compromete medidas de reparación.
Sergio Espejo de la Corporación Interés Público señaló que este es un acuerdo histórico ya que se reconoce la responsabilidad del Estado frente al resguardo de los derechos ciudadanos.
"Es un acuerdo histórico porque no es habitual que el Estado reconozca que ha vulnerado los derechos de un grupo de personas y en este caso el Estado ha reconocido formalmente que violó los derechos de un grupo de funcionarios de Carabineros y de sus mujeres. Es un gran avance porque significa que en este país vamos terminando todas las transiciones y una de ellas es la que nos permite establecer que todos tenemos derechos sobre las garantías que están establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Además es un reconocimiento de la libertad y de la autonomía de las familias de los uniformados chilenos. Nos parece que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado es un paso muy importante", explicó Espejo
Carmen Hertz, Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, declaró que el Estado evitó continuar con el juicio en la Corte por eso priorizó el acuerdo en búsqueda de cumplir con las obligaciones internacionales.
"Este ha sido en general el ánimo del último tiempo del Estado de Chile que se traduce en no avanzar en la confrontación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene. Por eso me complace el haber llegado a esta solución amistosa en que el Estado reconoce la vulneración en que hay una carta con disculpas públicas, en que hay reparación económica. Además entre las garantías lo importante es el compromiso del Estado a revisar el reglamento de calificación de Carabineros de manera de hacerlo más garantista", enfatizó Hertz.
En este acuerdo amistoso el Estado reconoce su responsabilidad, pide disculpas formales a los afectados, realiza también la correspondiente limpieza de antecedentes y se compromete a revisar el reglamento de calificaciones para garantizar que los procesos internos de Carabineros se cumplan con objetividad y resguarden debidamente los derechos de los acusados.
Además se hará entrega de una indemnización de 17 mil dólares para los funcionarios y 3 mil para cada una de las mujeres, que se pagarán en un plazo de 30 a 60 días.
Mirna Ponce, una de las esposas afectadas declaró que está contenta porque llegó el final de este largo proceso.
"Es la culminación de un proceso bastante largo, estamos contentos porque se pueden limpiar los antecedentes de nuestros esposos y vamos a poder estar tranquilos y rehacer nuestras vidas", indicó una de las esposas.
Mientras que Mario Araya Marchant, ex cabo primero de carabineros, admitió que después de 11 años de un proceso que ha pasado por 3 gobiernos, no pueden estar 100 por ciento conformes, pero añadió que ahora la tarea es evitar que esta situación se repita.
"Fueron once años de este camino de tramitación, por lo que no podemos estar cien por ciento conformes, pero sí estamos contentos porque se termino un ciclo. Ahora viene hacer un seguimiento para que esto no vuelva a suceder y que se cumpla. El Estado se compromete a contar con una organización con sus propios representantes y abogados para que no se vuelvan a repetir estas injusticias", señaló Mario Araya, ex funcionario.
Finalmente el Estado de Chile está obligado a informar a la Comisión Interamericana en el plazo de un año, el cumplimiento de este acuerdo y las medidas de reparación acordadas.
El Estado de Chile reconoció la violación de los Derechos Humanos en contra de ex funcionarios de Carabineros y de sus cónyuges después de que en 1999 un grupo de 12 personas de esta institución fuera dado de baja a través de un proceso arbitrario y posteriormente exonerado, por una manifestación de sus esposas en demanda de mejores salarios.
Frente a esta situación los afectados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del Estado a la protección de la honra y la dignidad entre otras demandas por actos que atentan contra los acuerdos suscritos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Luego de 11 años de tramitación y un sin fin de negociaciones entre la Cancillería y la Corporación de Interés Público, que representa a las víctimas, se alcanzó un acuerdo donde el Estado de Chile reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos de los denunciantes, les pide disculpas y compromete medidas de reparación.
Sergio Espejo de la Corporación Interés Público señaló que este es un acuerdo histórico ya que se reconoce la responsabilidad del Estado frente al resguardo de los derechos ciudadanos.
"Es un acuerdo histórico porque no es habitual que el Estado reconozca que ha vulnerado los derechos de un grupo de personas y en este caso el Estado ha reconocido formalmente que violó los derechos de un grupo de funcionarios de Carabineros y de sus mujeres. Es un gran avance porque significa que en este país vamos terminando todas las transiciones y una de ellas es la que nos permite establecer que todos tenemos derechos sobre las garantías que están establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Además es un reconocimiento de la libertad y de la autonomía de las familias de los uniformados chilenos. Nos parece que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado es un paso muy importante", explicó Espejo
Carmen Hertz, Directora de Derechos Humanos de la Cancillería, declaró que el Estado evitó continuar con el juicio en la Corte por eso priorizó el acuerdo en búsqueda de cumplir con las obligaciones internacionales.
"Este ha sido en general el ánimo del último tiempo del Estado de Chile que se traduce en no avanzar en la confrontación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene. Por eso me complace el haber llegado a esta solución amistosa en que el Estado reconoce la vulneración en que hay una carta con disculpas públicas, en que hay reparación económica. Además entre las garantías lo importante es el compromiso del Estado a revisar el reglamento de calificación de Carabineros de manera de hacerlo más garantista", enfatizó Hertz.
En este acuerdo amistoso el Estado reconoce su responsabilidad, pide disculpas formales a los afectados, realiza también la correspondiente limpieza de antecedentes y se compromete a revisar el reglamento de calificaciones para garantizar que los procesos internos de Carabineros se cumplan con objetividad y resguarden debidamente los derechos de los acusados.
Además se hará entrega de una indemnización de 17 mil dólares para los funcionarios y 3 mil para cada una de las mujeres, que se pagarán en un plazo de 30 a 60 días.
Mirna Ponce, una de las esposas afectadas declaró que está contenta porque llegó el final de este largo proceso.
"Es la culminación de un proceso bastante largo, estamos contentos porque se pueden limpiar los antecedentes de nuestros esposos y vamos a poder estar tranquilos y rehacer nuestras vidas", indicó una de las esposas.
Mientras que Mario Araya Marchant, ex cabo primero de carabineros, admitió que después de 11 años de un proceso que ha pasado por 3 gobiernos, no pueden estar 100 por ciento conformes, pero añadió que ahora la tarea es evitar que esta situación se repita.
"Fueron once años de este camino de tramitación, por lo que no podemos estar cien por ciento conformes, pero sí estamos contentos porque se termino un ciclo. Ahora viene hacer un seguimiento para que esto no vuelva a suceder y que se cumpla. El Estado se compromete a contar con una organización con sus propios representantes y abogados para que no se vuelvan a repetir estas injusticias", señaló Mario Araya, ex funcionario.
Finalmente el Estado de Chile está obligado a informar a la Comisión Interamericana en el plazo de un año, el cumplimiento de este acuerdo y las medidas de reparación acordadas.
