Luego del acuerdo alcanzado entre profesores, gobierno y municipios que determinó el pago anual de un monto cercano a los 500 mil pesos para cada profesor por este concepto, la Contraloría General de la República dictaminó en agosto una nueva fórmula para calcular el pago, la que resulta perjudicial para el magisterio.
Según Mario Aguilar, director nacional del Colegio de Profesores, la misma Contraloría habría determinado que esta nueva fórmula no es aplicable a las corporaciones de desarrollo social, en desmedro de los maestros de colegios municipalizados.
“Las corporaciones de educación es un modo de administración distinto que existe en la educación municipal, son 69 las corporaciones que existen en el país y el contralor señala categóricamente que respecto a las corporaciones no es aplicable el dictamen del mes de agosto y también establece que el dictamen que se debe aplicar en el caso de las corporaciones es el que existe del mes de marzo, de la dirección del trabajo, que mantiene o ratifica la fórmula antigua que en promedio más o menos se le adeudan a cada profesor 500 mil pesos por año”, informó Aguilar.
En tanto Luis Yáñez, presidente del sindicato de profesores de la Corporación de Desarrollo Social de Buin y quien dirigió esta consulta a la Contraloría General de la República, estima que una resolución como la de agosto implica una discriminación hacia los profesores de colegios municipales.
“Con esta resolución del contralor, existen dos tipos de profesores en el país, de primera y segunda clase. Va a haber un tipo de profesores que está regido por los DEM (Dirección de Educación Municipal), en donde van a tener que ser regidos por este directamente, pero también va a haber otro tipo de profesores, los que estamos en las corporaciones, que vamos a tener la posibilidad de retomar los dineros que los alcaldes se habían quedado para poderles dar el uso que ellos le quisieran dar”, señaló Yáñez.
El Colegio de Profesores anunció que iniciarán conversaciones con los municipios para alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite un juicio extenso. Si no, el magisterio confía en que la justicia contemplará estas contradicciones de la Contraloría General de la República y con todos estos antecedentes, fallará a su favor.
Luego del acuerdo alcanzado entre profesores, gobierno y municipios que determinó el pago anual de un monto cercano a los 500 mil pesos para cada profesor por este concepto, la Contraloría General de la República dictaminó en agosto una nueva fórmula para calcular el pago, la que resulta perjudicial para el magisterio.
Según Mario Aguilar, director nacional del Colegio de Profesores, la misma Contraloría habría determinado que esta nueva fórmula no es aplicable a las corporaciones de desarrollo social, en desmedro de los maestros de colegios municipalizados.
“Las corporaciones de educación es un modo de administración distinto que existe en la educación municipal, son 69 las corporaciones que existen en el país y el contralor señala categóricamente que respecto a las corporaciones no es aplicable el dictamen del mes de agosto y también establece que el dictamen que se debe aplicar en el caso de las corporaciones es el que existe del mes de marzo, de la dirección del trabajo, que mantiene o ratifica la fórmula antigua que en promedio más o menos se le adeudan a cada profesor 500 mil pesos por año”, informó Aguilar.
En tanto Luis Yáñez, presidente del sindicato de profesores de la Corporación de Desarrollo Social de Buin y quien dirigió esta consulta a la Contraloría General de la República, estima que una resolución como la de agosto implica una discriminación hacia los profesores de colegios municipales.
“Con esta resolución del contralor, existen dos tipos de profesores en el país, de primera y segunda clase. Va a haber un tipo de profesores que está regido por los DEM (Dirección de Educación Municipal), en donde van a tener que ser regidos por este directamente, pero también va a haber otro tipo de profesores, los que estamos en las corporaciones, que vamos a tener la posibilidad de retomar los dineros que los alcaldes se habían quedado para poderles dar el uso que ellos le quisieran dar”, señaló Yáñez.
El Colegio de Profesores anunció que iniciarán conversaciones con los municipios para alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite un juicio extenso. Si no, el magisterio confía en que la justicia contemplará estas contradicciones de la Contraloría General de la República y con todos estos antecedentes, fallará a su favor.
Luego del acuerdo alcanzado entre profesores, gobierno y municipios que determinó el pago anual de un monto cercano a los 500 mil pesos para cada profesor por este concepto, la Contraloría General de la República dictaminó en agosto una nueva fórmula para calcular el pago, la que resulta perjudicial para el magisterio.
Según Mario Aguilar, director nacional del Colegio de Profesores, la misma Contraloría habría determinado que esta nueva fórmula no es aplicable a las corporaciones de desarrollo social, en desmedro de los maestros de colegios municipalizados.
“Las corporaciones de educación es un modo de administración distinto que existe en la educación municipal, son 69 las corporaciones que existen en el país y el contralor señala categóricamente que respecto a las corporaciones no es aplicable el dictamen del mes de agosto y también establece que el dictamen que se debe aplicar en el caso de las corporaciones es el que existe del mes de marzo, de la dirección del trabajo, que mantiene o ratifica la fórmula antigua que en promedio más o menos se le adeudan a cada profesor 500 mil pesos por año”, informó Aguilar.
En tanto Luis Yáñez, presidente del sindicato de profesores de la Corporación de Desarrollo Social de Buin y quien dirigió esta consulta a la Contraloría General de la República, estima que una resolución como la de agosto implica una discriminación hacia los profesores de colegios municipales.
“Con esta resolución del contralor, existen dos tipos de profesores en el país, de primera y segunda clase. Va a haber un tipo de profesores que está regido por los DEM (Dirección de Educación Municipal), en donde van a tener que ser regidos por este directamente, pero también va a haber otro tipo de profesores, los que estamos en las corporaciones, que vamos a tener la posibilidad de retomar los dineros que los alcaldes se habían quedado para poderles dar el uso que ellos le quisieran dar”, señaló Yáñez.
El Colegio de Profesores anunció que iniciarán conversaciones con los municipios para alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite un juicio extenso. Si no, el magisterio confía en que la justicia contemplará estas contradicciones de la Contraloría General de la República y con todos estos antecedentes, fallará a su favor.
