Una nueva denuncia alerta al sur del país. El proyecto hidroeléctrico de Angostura, aprobado en septiembre del 2009, pone en riesgo la existencia de un sitial sagrado mapuche y con ello el incumplimiento de los compromisos previamente adoptados por el Estado.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) dio a conocer el estado del actual conflicto provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de la empresa Colbún en la confluencia de los ríos Huequecura y Bío Bío, de la Octava Región.
Este sería el tercer proyecto hidroeléctrico que se construiría en la zona después de Pangue y del polémico Ralco, que generó un fuerte enfrentamiento entre comunidades pewenches, la empresa privada y el Estado, el que fue zanjado con la aprobación de un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este acuerdo las comunidades indígenas aceptaron la construcción de Ralco y, a cambio, el Estado se comprometió a no construir más hidroeléctricas en la zona. Este nuevo proyecto fue aprobado pese al convenio, lo que movilizó a la región en la defensa del territorio.
Freddy Pérez de la organización Aguas Libres, iniciativa ambiental de la región del Bío-Bío, denunció la vulneración del acuerdo.
“La empresa generadora eléctrica Colbún, pretende instalar un nuevo proyecto eléctrico en la cuenca del Bío Bío, que pretende ser la tercera de seis proyectadas en su momento por la empresa Endesa. Sin embargo, el Estado chileno se comprometió en no construir más centrales hidroeléctricas en territorio indígena del alto Bío Bío. Es un acuerdo de carácter internacional que hoy está siendo vulnerado al aprobar este proyecto y al darle luz verde”, denunció Pérez.
La situación es complicada, ya que en las aguas del Huequecura existen especies endémicas, únicas en la región. Además, la instalación hidroeléctrica amenaza un territorio mapuche de gran significación cultural, religiosa y espiritual como lo es el denominado “kuel” según nos cuenta Pérez.
“En el lugar afectado hoy hay un sitio de significación cultural, denominado kuel. Un sitio kuel significa un centro ceremonial donde sepultaban a las machis y a los toquis, son sectores de gran espiritualidad y energía. Hoy el propio estudio de impacto ambiental de Colbún se han entregado informes con una gran cantidad de restos arqueológicos, es decir, se ha comprobado que en ese lugar vivían organizadamente los pueblos originarios, acusó Pérez.
El kuel es motivo de diversos estudios científicos, arqueológicos, antropológicos e históricos. En él se encuentra una construcción natural de roca con forma de pirámide, senderos naturales, una escalera de piedra y diversos espacios milenarios en sus inmediaciones.
Roni Leiva, representante del pueblo mapuche y parte del grupo de trabajo Mapuche por los derechos colectivos, señaló que en ese lugar se guarda conocimiento, herencia de los antiguos sabios de su pueblo.
“Un kuel es un lugar donde hay conocimiento antiguo y que está ahí para que nosotros podamos aprenderlo, y que debe ser conservado, porque es patrimonio de la antigüedad. En el caso de este kuel, los mapuches dejaron algo ahí para que los mapuches de esta generación lo conozcan”, señaló Leiva.
Para Pedro Suárez, werkén del alto Bío Bío es incomprensible que se hable de “Estado de Derecho” cuando el mismo Estado vulnera los derechos de los mapuche, pasando a llevar su propiedad sobre la tierra ancestral que por derecho les corresponde.
“Se habla de un Estado de derecho cuando a nosotros como dueños de esta tierra, dueños de nuestra historia, resulta que se camina en cualquier momento, se construye en cualquier momento, se siguen haciendo todo lo que se quiere y esta tierra son parte de nosotros, de nuestro territorio ancestral. Acá hay un derecho reconocido internacionalmente que Chile hoy no lo reconoca, que los empresarios no los reconozcan es otra cosa, simplemente están atropellándonos, están en ese camino de genocidio”, culpó Suáraz.
Frente a esta situación, Aguas Libres y las comunidades Mapuche del alto y bajo Bío-Bío, han interpuesto un recurso de reclamación a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y se encuentran a la espera de la respuesta del gobierno, la que creen será positiva, ya que el Estado de Chile no puede vulnerar los compromisos a los que él mismo ha adscrito.