Una modificación a la normativa general de urbanismo emanada del gobierno permitiría continuar con la construcción de la Central Termoeléctrica de Campiche.
Las obras habían sido paralizadas luego que en junio del 2009 un fallo de la Corte Suprema determinara que existieron irregularidades en el proceso de calificación ambiental de este proyecto de la Central Termoeléctrica AES Gener.
Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que desde que se dictó esta resolución, el gobierno ha hecho todo lo posible para reanudar esta iniciativa de 500 millones de dólares.
El vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, Ricardo Correa, afirmó que “cuando vieron que con el plan regulador intercomunal no iban a poder hacerlo, el ministro Pérez Yoma con toda su desfachatez en el momento en que salió el fallo dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para destrabar Campiche y así fue como terminaron dictando una ley a la medida de esa transnacional”.
En ese sentido, Correa agregó que “el Estado debe velar por el bien de la comunidad. Esta es la gran irregularidad que está cometiendo la empresa y el Estado, la primera presionando y el segundo como un vasallo sirviendo a la carbonera”.
La paralización de la obra se debió principalmente a un intento de cambiar el uso del suelo que, si bien tenía restricciones por asentamientos de personas en la inmediación a las obras, fue tramitada por inundación, logrando una aprobación ilegal en el Sistema de Evaluación Ambiental, según denunciaron las organizaciones.
Además durante el proceso se registraron otras situaciones anómalas. Se tramitó con un plano regulador que no existía, no poseía depósito de cenizas, afectaba gravemente la vida marina y no se habían realizado las publicaciones y notificaciones a la comunidad, como lo exige la ley.
Sin embargo, la empresa siguió construyendo y el gobierno emprendió una ordenanza que permite que, en caso de existir un suelo con más de un uso, se requiera tan sólo un 30 por ciento para utilizarlo, en este caso, con un fin industrial.
Juan Carlos Palma, abogado del Consejo de Puchuncaví, explicó que esta medida que vulnera la ley de urbanismo y que podría perjudicar a futuro a las comunidades.
“Es una norma de carácter general. Esto se hizo para casos futuros y situaciones no previstas, no por algo particular. Los reglamentos no son para cosas concretas. Esta ordenanza está contradiciendo y por eso me llama la atención que la Contraloría haya tomado razón de esto. Por algo están los distintos usos de suelo que prevé la ley y parece que hacer prevalecer en un terreno un uso minoritario va a producir graves efectos en la planificación urbana”, precisó el jurista
Por otro lado, Palma se refirió a la extraña coincidencia de los porcentajes, ya que inmediatamente después de la modificación, la empresa declaró que parte de su terreno está destinado al 33 por ciento de industria peligrosa.
Es por eso que el abogado del Consejo Ecológico invitó a la Comisión Investigadora en Materia de Proyectos Ambientales del Congreso a pronunciarse y emplazó a las futuras autoridades de Gobierno a iniciar un proceso ambiental nuevo como corresponde.
AES Gener ya inició los trámites con el fin de obtener los permisos para seguir operando a sólo 98 metros de los asentamientos urbanos.
Frente a esto, Ricardo Correa advirtió que las comunidades están en estado de alerta ambiental y anunció posibles movilizaciones.”Las movilizaciones de todo tipo y de cualquier característica van a ser posibles porque se ha pasado a llevar el Estado de Derecho, el fallo de la Corte Suprema”, sentenció.
Después de quedar operativos gracias a esta ley especial, el siguiente paso de la empresa es continuar con la tramitación ambiental ya que, que el proyecto no tiene una calificación ambiental favorable, vulnerando la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Una modificación a la normativa general de urbanismo emanada del gobierno permitiría continuar con la construcción de la Central Termoeléctrica de Campiche.
Las obras habían sido paralizadas luego que en junio del 2009 un fallo de la Corte Suprema determinara que existieron irregularidades en el proceso de calificación ambiental de este proyecto de la Central Termoeléctrica AES Gener.
Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que desde que se dictó esta resolución, el gobierno ha hecho todo lo posible para reanudar esta iniciativa de 500 millones de dólares.
El vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, Ricardo Correa, afirmó que “cuando vieron que con el plan regulador intercomunal no iban a poder hacerlo, el ministro Pérez Yoma con toda su desfachatez en el momento en que salió el fallo dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para destrabar Campiche y así fue como terminaron dictando una ley a la medida de esa transnacional”.
En ese sentido, Correa agregó que “el Estado debe velar por el bien de la comunidad. Esta es la gran irregularidad que está cometiendo la empresa y el Estado, la primera presionando y el segundo como un vasallo sirviendo a la carbonera”.
La paralización de la obra se debió principalmente a un intento de cambiar el uso del suelo que, si bien tenía restricciones por asentamientos de personas en la inmediación a las obras, fue tramitada por inundación, logrando una aprobación ilegal en el Sistema de Evaluación Ambiental, según denunciaron las organizaciones.
Además durante el proceso se registraron otras situaciones anómalas. Se tramitó con un plano regulador que no existía, no poseía depósito de cenizas, afectaba gravemente la vida marina y no se habían realizado las publicaciones y notificaciones a la comunidad, como lo exige la ley.
Sin embargo, la empresa siguió construyendo y el gobierno emprendió una ordenanza que permite que, en caso de existir un suelo con más de un uso, se requiera tan sólo un 30 por ciento para utilizarlo, en este caso, con un fin industrial.
Juan Carlos Palma, abogado del Consejo de Puchuncaví, explicó que esta medida que vulnera la ley de urbanismo y que podría perjudicar a futuro a las comunidades.
“Es una norma de carácter general. Esto se hizo para casos futuros y situaciones no previstas, no por algo particular. Los reglamentos no son para cosas concretas. Esta ordenanza está contradiciendo y por eso me llama la atención que la Contraloría haya tomado razón de esto. Por algo están los distintos usos de suelo que prevé la ley y parece que hacer prevalecer en un terreno un uso minoritario va a producir graves efectos en la planificación urbana”, precisó el jurista
Por otro lado, Palma se refirió a la extraña coincidencia de los porcentajes, ya que inmediatamente después de la modificación, la empresa declaró que parte de su terreno está destinado al 33 por ciento de industria peligrosa.
Es por eso que el abogado del Consejo Ecológico invitó a la Comisión Investigadora en Materia de Proyectos Ambientales del Congreso a pronunciarse y emplazó a las futuras autoridades de Gobierno a iniciar un proceso ambiental nuevo como corresponde.
AES Gener ya inició los trámites con el fin de obtener los permisos para seguir operando a sólo 98 metros de los asentamientos urbanos.
Frente a esto, Ricardo Correa advirtió que las comunidades están en estado de alerta ambiental y anunció posibles movilizaciones.”Las movilizaciones de todo tipo y de cualquier característica van a ser posibles porque se ha pasado a llevar el Estado de Derecho, el fallo de la Corte Suprema”, sentenció.
Después de quedar operativos gracias a esta ley especial, el siguiente paso de la empresa es continuar con la tramitación ambiental ya que, que el proyecto no tiene una calificación ambiental favorable, vulnerando la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Una modificación a la normativa general de urbanismo emanada del gobierno permitiría continuar con la construcción de la Central Termoeléctrica de Campiche.
Las obras habían sido paralizadas luego que en junio del 2009 un fallo de la Corte Suprema determinara que existieron irregularidades en el proceso de calificación ambiental de este proyecto de la Central Termoeléctrica AES Gener.
Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que desde que se dictó esta resolución, el gobierno ha hecho todo lo posible para reanudar esta iniciativa de 500 millones de dólares.
El vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, Ricardo Correa, afirmó que “cuando vieron que con el plan regulador intercomunal no iban a poder hacerlo, el ministro Pérez Yoma con toda su desfachatez en el momento en que salió el fallo dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para destrabar Campiche y así fue como terminaron dictando una ley a la medida de esa transnacional”.
En ese sentido, Correa agregó que “el Estado debe velar por el bien de la comunidad. Esta es la gran irregularidad que está cometiendo la empresa y el Estado, la primera presionando y el segundo como un vasallo sirviendo a la carbonera”.
La paralización de la obra se debió principalmente a un intento de cambiar el uso del suelo que, si bien tenía restricciones por asentamientos de personas en la inmediación a las obras, fue tramitada por inundación, logrando una aprobación ilegal en el Sistema de Evaluación Ambiental, según denunciaron las organizaciones.
Además durante el proceso se registraron otras situaciones anómalas. Se tramitó con un plano regulador que no existía, no poseía depósito de cenizas, afectaba gravemente la vida marina y no se habían realizado las publicaciones y notificaciones a la comunidad, como lo exige la ley.
Sin embargo, la empresa siguió construyendo y el gobierno emprendió una ordenanza que permite que, en caso de existir un suelo con más de un uso, se requiera tan sólo un 30 por ciento para utilizarlo, en este caso, con un fin industrial.
Juan Carlos Palma, abogado del Consejo de Puchuncaví, explicó que esta medida que vulnera la ley de urbanismo y que podría perjudicar a futuro a las comunidades.
“Es una norma de carácter general. Esto se hizo para casos futuros y situaciones no previstas, no por algo particular. Los reglamentos no son para cosas concretas. Esta ordenanza está contradiciendo y por eso me llama la atención que la Contraloría haya tomado razón de esto. Por algo están los distintos usos de suelo que prevé la ley y parece que hacer prevalecer en un terreno un uso minoritario va a producir graves efectos en la planificación urbana”, precisó el jurista
Por otro lado, Palma se refirió a la extraña coincidencia de los porcentajes, ya que inmediatamente después de la modificación, la empresa declaró que parte de su terreno está destinado al 33 por ciento de industria peligrosa.
Es por eso que el abogado del Consejo Ecológico invitó a la Comisión Investigadora en Materia de Proyectos Ambientales del Congreso a pronunciarse y emplazó a las futuras autoridades de Gobierno a iniciar un proceso ambiental nuevo como corresponde.
AES Gener ya inició los trámites con el fin de obtener los permisos para seguir operando a sólo 98 metros de los asentamientos urbanos.
Frente a esto, Ricardo Correa advirtió que las comunidades están en estado de alerta ambiental y anunció posibles movilizaciones.”Las movilizaciones de todo tipo y de cualquier característica van a ser posibles porque se ha pasado a llevar el Estado de Derecho, el fallo de la Corte Suprema”, sentenció.
Después de quedar operativos gracias a esta ley especial, el siguiente paso de la empresa es continuar con la tramitación ambiental ya que, que el proyecto no tiene una calificación ambiental favorable, vulnerando la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
