El SML identificó a once personas que desaparecieron desde La Moneda el 11 de septiembre de 1973, cuatro de ellos figuraban como “lanzados al mar” por un informe oficial del Ejército del 2001. La noticia reinició la polémica sobre la continuación de los casos de DD.HH durante el próximo gobierno de Sebastián Piñera.

El Servicio Médico Legal (SML) entregó al ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Fuentes Belmar, once informes periciales de identificación de víctimas detenidas desaparecidas durante el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Los restos, encontrados en 2001 dentro de una fosa en un fuerte militar, fueron identificados con la ayuda del laboratorio austríaco Innsbruck, debido a que estaban totalmente fragmentados por la remoción de ellos en varias oportunidades, en un intento porque permanecieran ocultos.

Al respecto, el director del SML, Patricio Bustos, señaló que la información permite modificar el estado del proceso judicial del caso, denominado como Fuerte Arteaga, desde la figura de secuestro permanente a homicidio.

“Nosotros tenemos la tranquilidad de haber cumplido nuestra función y haberlo hecho en la debida forma citados por el ministro Fuentes Belmar, convocando a cada una de las familias y  explicándoles desde el punto de vista del estado de los proceso esto significa que la figura de secuestro permanente cambia a homicidio”, informó Bustos.

Entre los restos identificados están los del médico personal de Salvador Allende,  Enrique Paris, quien integraba el Partido Comunista y  asesoraba al ex Presidente en materias de Educación Superior, y el  estudiante de medicina y asesor presidencial Héctor Pincheira Núñez, además de otros nueve personas que pertenecían al Grupo de Amigos del Presidente (GAP).

De esta lista, cuatro de ellos figuraban como lanzados al mar en un informe oficial del Ejército entregado el 2001 luego de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos realizada el 2000.

Después de conocida la noticia, la Presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a continuar con los juicios en materia de derechos humanos, en directa alusión  a los últimos comentarios  surgidos desde la Alianza por Chile, que buscan finalizar con la investigación de estos casos, a través de una Ley de Punto Final o Amnistía durante el próximo gobierno de Sebastián Piñera.

“Y junto con hacerles llegar a todas sus familias nuestro cariño y nuestra solidaridad yo quiero reafirmar la trascendencia que tienen que continuar adelante con los juicios sobre violaciones a los derechos humanos y la convicción que debemos tener todos de no recurrir a amnistías ni juicios finales que impidan que la justicia haga su tarea”, afirmó Bachelet.

Sin embargo, el director del SML, señaló que no hay motivos para creer que el proceso de esclarecimientos  de los casos de violaciones a los derechos humanos se interrumpa  en el próximo gobierno de Sebastián Piñera.

"Nosotros trabajamos en ello no sólo con los magistrados y no sólo con las personas que administran justicia, sino con todas las agrupaciones. Este trabajo tienen absoluta garantía de que va a continuar porque es necesario  no sólo para las familias y para la justicia sino que para el tipo de país que nosotros queremos construir basados no sólo en democracia, sino también en verdad y justicia”, afirmó Patricio Bustos.

Idea  que  no comparten  gran parte de los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, quienes sienten incertidumbre al saber que muchas figuras de la Alianza por Chile que apoyaron la dictadura militar, ahora gobernarán el  país.

En este sentido, la académica de la Universidad de Chile, María Eugenia Horvitz, esposa del médico Enrique Paris, quien se encuentra dentro de los identificados, cree firmemente que “el futuro gobierno entrabará los derechos humanos”.

“Pinochet fue procesado en España, probablemente porque no habríamos logrado procesarlo aquí en Chile, pese a todas las querellas que presentamos. Hay una gran política de derechos humanos en el mundo entero, por lo tanto, lo que vaya a hacer Sebastián Piñera en su gobierno sin duda alguna le será difícil parar esto, pero harán los intentos para que no se esclarezca toda la verdad y, sobretodo, para que no se haga la debida justicia, eso es lo que han estado haciendo todos estos años”, aseguró Horvitz.

El día del Golpe Militar fueron arrestadas alrededor de cuarenta personas en La Moneda, entre asesores y GAP de  Salvador Allende, quienes fueron llevados a un regimiento de Tacna y luego trasladados a Peldehue (hoy Fuerte Arteaga), donde fueron asesinados.  En 2001, parte de los restos, los otros fueron lanzados al mar, fueron encontrados por la  jueza Amanda Valdovinos.