Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte de Apelaciones de Temuco decidió anular una resolución emanada desde la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Araucanía que permitía el desarrollo del proyecto de piscicultura Palguín, de la Sociedad Agrícola Terratur Ltda, en la comuna de Pucón.
El tribunal indica que la Corema no cumplió con el proceso de consulta a las comunidades indígenas que viven el territorio como lo señala el convenio. De hecho el fallo dice que: “La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas auto ejecutables del Convenio en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala los artículos 6 y 7 del Convenio 169 vigente en nuestra legislación interna”.
El abogado patrocinante de la causa del Observatorio Ciudadano, Cristóbal Carmona del Observatorio Ciudadano señaló que el Convenio 169 es parte de la Constitución y por ello todos los órganos del Estado deben ceñirse a él.
“La resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco es bastante significativa por cuanto da cuenta que los órganos del Estado deben adecuar su actuar a la Constitución y desde el 15 de septiembre del año pasado la Constitución incorpora el Convenio 169 y todos los derechos que están en él”, señaló Carmona.
Asimismo, Carmona señaló que esta decisión marca un precedente, ya que ahora no solo se trata de informar a las comunidades sobre la realización de un proyecto, sino que son ellos con los que se debe convenir su desarrollo.
“Esta resolución marca un precedente en el sentido que siempre los órganos del Estado habían socializado o informado que se iban a realizar estos proyectos en el territorio. Ahora, en cambio, se debe respetar su derecho consulta en los términos establecidos en el convenio, esto quiere decir de buena fe y con miras a lograr el consentimiento”, dijo Carmona.
El objetivo del proyecto Palguin es la construcción y operación de una piscicultura para la producción de máximo 80 toneladas al año de especies de salmónidos, para lo cual se deberían invertir 900 mil dólares y utilizar una mano de obra de 43 personas para las etapas de construcción y operación.
El plazo para que la Sociedad Agrícola Terratur Ltda apele a la corte Suprema vence mañana.
Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte de Apelaciones de Temuco decidió anular una resolución emanada desde la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Araucanía que permitía el desarrollo del proyecto de piscicultura Palguín, de la Sociedad Agrícola Terratur Ltda, en la comuna de Pucón.
El tribunal indica que la Corema no cumplió con el proceso de consulta a las comunidades indígenas que viven el territorio como lo señala el convenio. De hecho el fallo dice que: “La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas auto ejecutables del Convenio en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala los artículos 6 y 7 del Convenio 169 vigente en nuestra legislación interna”.
El abogado patrocinante de la causa del Observatorio Ciudadano, Cristóbal Carmona del Observatorio Ciudadano señaló que el Convenio 169 es parte de la Constitución y por ello todos los órganos del Estado deben ceñirse a él.
“La resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco es bastante significativa por cuanto da cuenta que los órganos del Estado deben adecuar su actuar a la Constitución y desde el 15 de septiembre del año pasado la Constitución incorpora el Convenio 169 y todos los derechos que están en él”, señaló Carmona.
Asimismo, Carmona señaló que esta decisión marca un precedente, ya que ahora no solo se trata de informar a las comunidades sobre la realización de un proyecto, sino que son ellos con los que se debe convenir su desarrollo.
“Esta resolución marca un precedente en el sentido que siempre los órganos del Estado habían socializado o informado que se iban a realizar estos proyectos en el territorio. Ahora, en cambio, se debe respetar su derecho consulta en los términos establecidos en el convenio, esto quiere decir de buena fe y con miras a lograr el consentimiento”, dijo Carmona.
El objetivo del proyecto Palguin es la construcción y operación de una piscicultura para la producción de máximo 80 toneladas al año de especies de salmónidos, para lo cual se deberían invertir 900 mil dólares y utilizar una mano de obra de 43 personas para las etapas de construcción y operación.
El plazo para que la Sociedad Agrícola Terratur Ltda apele a la corte Suprema vence mañana.
Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte de Apelaciones de Temuco decidió anular una resolución emanada desde la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Araucanía que permitía el desarrollo del proyecto de piscicultura Palguín, de la Sociedad Agrícola Terratur Ltda, en la comuna de Pucón.
El tribunal indica que la Corema no cumplió con el proceso de consulta a las comunidades indígenas que viven el territorio como lo señala el convenio. De hecho el fallo dice que: “La autoridad no se ha ceñido a la legislación vigente que son las normas auto ejecutables del Convenio en cuanto debió llamar a la consulta respectiva en los términos que señala los artículos 6 y 7 del Convenio 169 vigente en nuestra legislación interna”.
El abogado patrocinante de la causa del Observatorio Ciudadano, Cristóbal Carmona del Observatorio Ciudadano señaló que el Convenio 169 es parte de la Constitución y por ello todos los órganos del Estado deben ceñirse a él.
“La resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco es bastante significativa por cuanto da cuenta que los órganos del Estado deben adecuar su actuar a la Constitución y desde el 15 de septiembre del año pasado la Constitución incorpora el Convenio 169 y todos los derechos que están en él”, señaló Carmona.
Asimismo, Carmona señaló que esta decisión marca un precedente, ya que ahora no solo se trata de informar a las comunidades sobre la realización de un proyecto, sino que son ellos con los que se debe convenir su desarrollo.
“Esta resolución marca un precedente en el sentido que siempre los órganos del Estado habían socializado o informado que se iban a realizar estos proyectos en el territorio. Ahora, en cambio, se debe respetar su derecho consulta en los términos establecidos en el convenio, esto quiere decir de buena fe y con miras a lograr el consentimiento”, dijo Carmona.
El objetivo del proyecto Palguin es la construcción y operación de una piscicultura para la producción de máximo 80 toneladas al año de especies de salmónidos, para lo cual se deberían invertir 900 mil dólares y utilizar una mano de obra de 43 personas para las etapas de construcción y operación.
El plazo para que la Sociedad Agrícola Terratur Ltda apele a la corte Suprema vence mañana.
