Continúa la incertidumbre sobre qué pasará con los casos judiciales de violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Sebastián Piñera.  Los familiares y organizaciones ligadas a la materia insisten en que “no dejarán que se retroceda”.

“No creo que la derecha cambie. Cuando hay gente que ha encubierto crímenes de este nivel de crueldad, que son aliados del señor Piñera, algunos serán ministros, harán los intentos para que no se esclarezca toda la verdad y, sobre todo, que no se haga la debida justicia, eso es lo que han estado haciendo todos estos años”.

Las palabras de María Eugenia Horvitz, esposa del médico de cabecera de Salvador Allende, Enrique Paris, cuyos restos fueron identificados el pasado 15 de enero, dan cuenta de la incertidumbre que sienten los familiares de víctimas de la dictadura por el devenir de los casos de derechos humanos en el futuro gobierno de Sebastián Piñera.

La académica no cree que la nueva coalición gobernante cambie la actitud de encubrimiento a los crímenes de la dictadura, pues, su juicio, seguirá obstruyendo el curso de la justicia.

Hace pocos días el Servicio Médico Legal (SML) entregó al ministro de la Corte de Apelaciones, Eduardo Fuentes Belmar, once informes periciales integrales de identificación de víctimas detenidas desaparecidas durante el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

La identificación fue realizada en conjunto con un laboratorio austríaco en el marco de las diligencias judiciales que el magistrado lleva a cabo en el caso Fuerte Arteaga, que investiga la detención de los asesores del Presidente Salvador Allende desde La Moneda, desde donde fueron sacados para ser llevados al regimiento de Tacna y derivados, finalmente, al Fuerte Arteaga en la comuna de Colina, donde los ejecutaron.

En este sentido, el diputado PPD, Antonio Leal, reconoció que sólo después de 30 años se está esclareciendo parte de la verdad, por ello emplazó al próximo gobierno a respetar la autonomía de la justicia.

“Recién la justicia logra identificar con certeza los restos de los personas que fueron secuestradas de La Moneda y posteriormente asesinadas. Recién hoy día se está comenzando a aplicar en nuestro país  justicia, se está dando a conocer la verdad y los responsables de los crímenes cometidos. Y por esa razón, cuando estamos a menos de un mes y medio del cambio de gobierno, queremos exigir que se respete la autonomía del Poder Judicial”, afirmó Leal.

El parlamentario concertacionista indicó, además, que como oposición no permitirán que se cierren las causas judiciales en esta materia, a propósito de algunas declaraciones desde la Coalición por el Cambio que piden el término  de estos procesos.

“Hemos escuchado declaraciones que, a mi juicio, son desafortunadas, como las que han formulado algunos senadores de la UDI en orden a cerrar procesos judiciales que según ellos llevan treinta años y que no conducen a nada. Nosotros queremos decir que si hay causas que están abiertas hace treinta años es porque aquí hubo una permanente obstrucción a la justicia. Antes y después de ello se obstruyó la justicia para que no pudiera llegar a la verdad”, aseguró Leal.

Ideas que comparte el abogado de los ejecutados de La Moneda, Hiram Villagra, quien aseguró que no se permitirá que haya impunidad sobre los juicios de derechos humanos, sobre todo considerando que Chile es parte de organizaciones internacionales en la materia.

“La comunidad internacional, el avance del movimiento de los derechos humanos, hace inadmisible un intento de impunidad. Si Chile toma ese camino se va a transformar en factor de obligación, va a ser condenado por las instancias internacionales. Y mal que le pese a la derecha, que trató de obstruir la inserción de nuestro país en esas instancias, Chile es parte plena, es miembro, incluso ocupa un cargo dentro de la Comisión de Derechos Humanos  de Naciones Unidas y en función de eso, sería inaceptable que se intentará buscar un retroceso”, sostuvo Villagra.

El jurista indicó además que la actual oposición no tiene moral para determinar en materia de derechos humanos, pues fueron ellos mismos los que dilataron la duración de las causas.

“Quienes ocultaron la verdad, quienes dilataron los procesos, no pueden usar su propio dolo para pedir impunidad señalando que se ha demorado mucho. Hoy lo fundamental es mayores medios, mayor investigación y terminar como se debe: con verdad con justicia y con condena. Eso es un esfuerzo de Estado, si no las heridas van a seguir abiertas y la resistencia del movimiento de los derechos a humanos a cualquier intento de impunidad está abierta”, dijo el abogado.

Las declaraciones se efectuaron en directa alusión a las palabras del senador UDI, Jovino Novoa, quien insistió que para una reconciliación nacional es importante dejar atrás el pasado y terminar con causas que a su parecer “llevan más de 30 años sin conducir a nada”.