18 organizaciones ciudadanas exigen la renuncia del secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Óscar Acuña. Lo acusan de defender los intereses inmobiliarios por sobre el patrimonio.

La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales denunció una serie de irregularidades en la protección patrimonial del país, además de la falta de voluntad política para consolidar la participación ciudadana en el Consejo de Monumentos Nacionales.

La asociación exige la renuncia del secretario ejecutivo del Consejo, Óscar Acuña Poblete, a quien acusan de ser un operador político responsable de la vulneración patrimonial.

Para Rosario Carvajal, presidenta de esta asociación, “lo que Óscar Acuña ha encarnado es promover los intereses inmobiliarios por sobre los intereses de la comunidad, por sobre el interés del patrimonio”.

La dirigenta denunció que “los casos de la declaratoria (de monumentos) demoran meses, años; sin embargo, cuando hay que aprobar una demolición bastan para el Consejo de Monumentos un par de semanas. Aquí hay un doble estándar, un doble trato. Existen 105 zonas típicas en todo Chile en este momento y, no obstante, no tenemos ningún espacio de participación en el Consejo, por lo tanto creemos que no le interesa la participación ciudadana”, sostuvo Carvajal.

Construcciones emblemáticas ubicadas en Ricardo Cumming y Almirante Barroso están hoy  en peligro, de hecho, la ex clínica London, ubicada en Barroso 76 sería demolida en las próximas semanas.

Otro conflicto es el Palacio Pereira, ubicado en Huérfanos con San Martín, donde se construirá una torre de 23 pisos que mantendrá únicamente la fachada del monumento y en su interior oficinas, después de años de total abandono.

Por otro lado se encuentra el Cementerio General, el que tiene un decreto que lo declara patrimonio nacional,  pero el documento no se ha publicado y sigue expuesto a robos de tumbas, exhumaciones ilegales, venta de espacio público y, además, sus construcciones no cuentan con la autorización del servicio de salud, temas que no han sido investigados por el Consejo.

Las organizaciones acusan también que en las zonas típicas de Dalmacia y Yungay se ha producido destrucción de inmuebles y construcción de torres de altura con permisos viciados. Además, muchos vecinos han sido expropiados durante varios años, como Beatriz Otero, quien ha vivido toda su vida en el barrio Yungay.

“Al expropiar una propiedad tú ya no eres más dueño, puede ser por metros o puede ser total, en mi caso son cincuenta metros, me dejan diez metros. Diez años es mucho para una persona, porque no puedes hacer nada en tu casa, para cambiar un vidrio poco menos que tiene que pedir permiso municipal”, denunció Otero.

El diputado PPD Felipe Harboe declaró que “ya es hora que las autoridades se pongan los pantalones y que entiendan que la conservación del patrimonio es, o significa, el respeto a la cultura y a la historia. No es posible que en el año del Bicentenario, el año en que Chile cumple 200 años hayamos partido ya con una vulneración a nuestro patrimonio histórico, de nada sirve la declaración de zonas típicas si las autoridades no respetan la protección del patrimonio”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Oscar Acuña manifestó su sorpresa y desconcierto frente a la reacción de las organizaciones, ya que, según él,  en los últimos años se ha adoptado una protección sistemática de un importante número de áreas patrimoniales y agregó que las decisiones no las toma un particular, sino un órgano colegiado formado por profesionales en la materia.

Además, señaló que el hecho de que las áreas estén protegidas no implica que se congelen, ni que se transformen en un museo.

Frente a esta situación, Nivia Palma, directora de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), organismo encargado del Consejo de Monumentos Nacionales, afirmó que se reunirá a  dialogar con los representantes de las organizaciones ciudadanas para debatir el tema.