Finalmente, este lunes se designó a los cuatro consejeros elegidos por las organizaciones ciudadanas que completan el directorio del Instituto de Derechos Humanos. El proceso había sufrido un retraso luego que se detectaran irregularidades en más de 20 organizaciones pertenecientes a dicha institución.
Los cuatro nuevos consejeros elegidos fueron Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; Enrique Núñez, presidente honorario de la Agrupación de Ex-presas y Ex-presos Políticos de la V Región; Sergio Fuenzalida magíster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas y Lorena Fries, directora de la Corporación Humanas.
Y pese a que el escándalo de las instituciones fantasma ya ha ido decantando, aún quedan algunas críticas que las entidades abordaron mientras se llevaba a cabo la reunión en el Hotel San Francisco.
En este sentido, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, indicó que “el registro lo lleva el ministerio del Interior y es ahí donde se debe corroborar no sólo la existencia legal vigente de las instituciones, sino que también el mandato sea el de promoción y defensa de derechos humanos”.
Por su parte, Lorena Fries reconoció los errores, pero subrayó que lo importante es enfocarse en el rol que jugará el Instituto en el futuro.
“El proceso no ha sido tan prolijo como lo hubiésemos esperado. A nosotros no nos corresponde juzgar a las organizaciones que se habían inscrito y que presentaban ciertas irregularidades, tema que tenían que resolver las autoridades competentes y así se hizo. Estas cosas no pueden volver a suceder porque tenemos una tarea de alto desafío para los próximos años”, dijo Fries.
La abogada señaló además que “todos los consejeros queremos hacer de este espacio el diseño y la promoción de la defensa de los derechos humanos y esperamos hacer todo de la manera más transparente”.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Mireya García, indicó que no participarán de esta nueva entidad, porque si bien respetan su gestación, no se sienten representados por ella.
El proyecto se aprobó en noviembre pasado luego de un largo proceso de negociaciones entre el gobierno, la oposición y las agrupaciones de Derechos Humanos. Su directorio lo conforman dos consejeros designados por el Presidente de la República, dos designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los DD.HH.
Con la nueva elección se pretende finalizar la polémica en la que se vio envuelta esta iniciativa, que fue una de las propuestas estrellas de la presidenta Michel Bachelet.
A la reunión asistieron 38 organizaciones de las cuales sólo votaron las 23 que estuvieron presentes en la convocatoria anterior.
Finalmente, este lunes se designó a los cuatro consejeros elegidos por las organizaciones ciudadanas que completan el directorio del Instituto de Derechos Humanos. El proceso había sufrido un retraso luego que se detectaran irregularidades en más de 20 organizaciones pertenecientes a dicha institución.
Los cuatro nuevos consejeros elegidos fueron Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; Enrique Núñez, presidente honorario de la Agrupación de Ex-presas y Ex-presos Políticos de la V Región; Sergio Fuenzalida magíster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas y Lorena Fries, directora de la Corporación Humanas.
Y pese a que el escándalo de las instituciones fantasma ya ha ido decantando, aún quedan algunas críticas que las entidades abordaron mientras se llevaba a cabo la reunión en el Hotel San Francisco.
En este sentido, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, indicó que “el registro lo lleva el ministerio del Interior y es ahí donde se debe corroborar no sólo la existencia legal vigente de las instituciones, sino que también el mandato sea el de promoción y defensa de derechos humanos”.
Por su parte, Lorena Fries reconoció los errores, pero subrayó que lo importante es enfocarse en el rol que jugará el Instituto en el futuro.
“El proceso no ha sido tan prolijo como lo hubiésemos esperado. A nosotros no nos corresponde juzgar a las organizaciones que se habían inscrito y que presentaban ciertas irregularidades, tema que tenían que resolver las autoridades competentes y así se hizo. Estas cosas no pueden volver a suceder porque tenemos una tarea de alto desafío para los próximos años”, dijo Fries.
La abogada señaló además que “todos los consejeros queremos hacer de este espacio el diseño y la promoción de la defensa de los derechos humanos y esperamos hacer todo de la manera más transparente”.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Mireya García, indicó que no participarán de esta nueva entidad, porque si bien respetan su gestación, no se sienten representados por ella.
El proyecto se aprobó en noviembre pasado luego de un largo proceso de negociaciones entre el gobierno, la oposición y las agrupaciones de Derechos Humanos. Su directorio lo conforman dos consejeros designados por el Presidente de la República, dos designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los DD.HH.
Con la nueva elección se pretende finalizar la polémica en la que se vio envuelta esta iniciativa, que fue una de las propuestas estrellas de la presidenta Michel Bachelet.
A la reunión asistieron 38 organizaciones de las cuales sólo votaron las 23 que estuvieron presentes en la convocatoria anterior.
Finalmente, este lunes se designó a los cuatro consejeros elegidos por las organizaciones ciudadanas que completan el directorio del Instituto de Derechos Humanos. El proceso había sufrido un retraso luego que se detectaran irregularidades en más de 20 organizaciones pertenecientes a dicha institución.
Los cuatro nuevos consejeros elegidos fueron Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; Enrique Núñez, presidente honorario de la Agrupación de Ex-presas y Ex-presos Políticos de la V Región; Sergio Fuenzalida magíster en Derecho Constitucional e Instituciones Públicas y Lorena Fries, directora de la Corporación Humanas.
Y pese a que el escándalo de las instituciones fantasma ya ha ido decantando, aún quedan algunas críticas que las entidades abordaron mientras se llevaba a cabo la reunión en el Hotel San Francisco.
En este sentido, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, indicó que “el registro lo lleva el ministerio del Interior y es ahí donde se debe corroborar no sólo la existencia legal vigente de las instituciones, sino que también el mandato sea el de promoción y defensa de derechos humanos”.
Por su parte, Lorena Fries reconoció los errores, pero subrayó que lo importante es enfocarse en el rol que jugará el Instituto en el futuro.
“El proceso no ha sido tan prolijo como lo hubiésemos esperado. A nosotros no nos corresponde juzgar a las organizaciones que se habían inscrito y que presentaban ciertas irregularidades, tema que tenían que resolver las autoridades competentes y así se hizo. Estas cosas no pueden volver a suceder porque tenemos una tarea de alto desafío para los próximos años”, dijo Fries.
La abogada señaló además que “todos los consejeros queremos hacer de este espacio el diseño y la promoción de la defensa de los derechos humanos y esperamos hacer todo de la manera más transparente”.
Sin embargo, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Mireya García, indicó que no participarán de esta nueva entidad, porque si bien respetan su gestación, no se sienten representados por ella.
El proyecto se aprobó en noviembre pasado luego de un largo proceso de negociaciones entre el gobierno, la oposición y las agrupaciones de Derechos Humanos. Su directorio lo conforman dos consejeros designados por el Presidente de la República, dos designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los Decanos de las Facultades de Derecho y cuatro por las instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los DD.HH.
Con la nueva elección se pretende finalizar la polémica en la que se vio envuelta esta iniciativa, que fue una de las propuestas estrellas de la presidenta Michel Bachelet.
A la reunión asistieron 38 organizaciones de las cuales sólo votaron las 23 que estuvieron presentes en la convocatoria anterior.
