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Gremios desconfiados por llegada de nuevos ministros

Luego que se conocieran los nombres de quienes liderarán los ministerios durante el primer periodo de gobierno de Sebastián Piñera, comenzaron a escucharse algunas críticas respecto de la idoneidad y el manejo que puedan tener algunos de los designados, en especial, en aquellas secretarías de Estado con mayor incidencia social.

Paula Correa

  Miércoles 10 de febrero 2010 12:16 hrs. 
Radio-Uchile

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Luego que se conocieran los nombres de quienes liderarán los ministerios durante el primer periodo de la administración del Presidente electo, Sebastián Piñera, comenzaron a escucharse algunas críticas respecto de la idoneidad y el manejo que puedan tener en algunas de las secretarías de Estado con mayor incidencia social.

Es así como la llegada del ex jefe del comando de Sebastián Piñera y coordinador del equipo de instalación del Presidente electo, El RN Rodrigo Hinzpeter a la cartera de Interior ya genera incomodidad en organizaciones de derechos humanos, en especial, por el tratamiento que le daría en el futuro gobierno a los pueblos indígenas.

La preocupación fundamental está en los retrocesos en materia de derechos del pueblo Mapuche que traería consigo el programa de Sebastián Piñera,

“Es un gobierno que tiene un programa bastante claro en la materia. Si ellos siguen esos lineamientos, vamos a estar alejándonos de los estándares internacionales en relación a los derechos indígenas. Llama la atención el enfoque que se le quiere dar al Fondo de Tierras. Cuando los compromisos internacionales de Chile apuntan hacia la reconstrucción de los territorios ancestrales en función de la propiedad comunitaria de la tierra, dice que se van a entregar subsidios monetarios individuales”, precisó el abogado del Observatorio Ciudadano, Matías Meza.

Este cambio de enfoque en el tratamiento de la tierra supone privilegiar la negociación individual por sobre la colectiva, grave cambio para un pueblo cuya estructura es principalmente comunitaria, hecho que han reconocido y respetado los organismos internacionales.

Otra preocupación es la aplicación de la ley antiterrorista, la que el presidente electo ha declarado utilizar “si la situación lo amerita”.

“Tanto en el gobierno de Ricardo Lagos como en el de Michelle Bachelet el uso de la legislación antiterrorista se ha hecho efectivo en situaciones de violencia que han afectado al territorio mapuche, lo que, por cierto, puede complejizarse aún más en el marco de un nuevo gobierno”, enfatizó Meza.

Para el jurista esta criminalización del conflicto sólo endurece las relaciones entre los pueblos originarios y el gobierno central.

Meza manifestó además su incertidumbre ante la actitud que tome el gobierno de la Coalición por el Cambio con las organizaciones de Derechos Humanos ya que, según declara no saben si al gobierno le va interesar o no continuar trabajando en esta materia.

De todas formas, el abogado aprovechó la oportunidad para señalar que las organizaciones están dispuestas a conversar con el nuevo gobierno a fin de lograr avances en esta materia pendiente.

Respeto por los derechos laborales

Pese al abultado currículum del nuevo ministro de Hacienda, Felipe Larraín – ingeniero comercial de la UC, doctor y máster en ciencias de la economía de la Universidad de Harvard – su aterrizaje en la cartera ha desencadenado desconfianza en algunos gremios como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que lo tendrá como principal interlocutor a la hora de las negociaciones colectivas.

Según el presidente de este organismo, Raúl de la Puente, el nuevo jefe de Estado no sólo debe tener experiencia en materia económica, sino que también en políticas públicas.

“El Presidente electo privilegió a una persona que conoce las finanzas públicas, que tiene experticia en economía, pero creo que debe conocer al funcionario público, que lleva adelante las políticas. Una buena gestión en ese sentido no es tener un balance positivo o generar utilidades, sino una rentabilidad social en la que la política pública se traduzca en bienestar y felicidad”, comentó el dirigente.

De la Puente se mostró preocupado también por los dichos de campaña del Presidente electo en los que aseguraba que no negociaría con las cúpulas, sino que directamente con los trabajadores.

“Vamos a luchar porque exista trabajo estable, con desarrollo y carrera funcionaria y donde se respeten los derechos laborales. Probablemente eso va a ser más dificultoso. Él va a tener que sentarse a conversar con los representantes de los trabajadores, en especial, de la Anef, que son sus asesores directos”, sentenció.
La administración pública es muy pequeña y representa sólo el seis por ciento de la fuerza laboral del país. Por esta razón el presidente de la ANEF recalcó que debería estabilizarse y no ser sometida a criterios de reducción del aparato público, a través de la tan mencionada flexibilidad laboral, sino que por el contrario, brindar protección social y políticas de bienestar.

Ante esto, Felipe Larraín en sus primeras palabras como ministro señaló que “se van a respetar en forma irrestricta los derechos de los trabajadores porque no hay ninguna incompatibilidad entre eso y generar empleo. Nuestro compromiso es crear un promedio de 200 mil puestos de trabajo por año y un millón para el periodo 2010-2014. Somos pro sindicatos. Hemos planteado que vamos a reducir los quórums para negociar colectivamente y creo que todas las aprensiones son infundadas”

Además, el nuevo ministro se comprometió será aumentar el número de empleos, generar subsidios, otorgar bonos de capacitación y potenciar las PIMES en una política que fortalezca el emprendimiento.

Por la defensa de la educación pública

Por otra parte, la designación de Joaquín Lavín al ministerio de Educación, ha generado cierta incomodidad en el sector por su presunta falta de experiencia en el área.

El dirigente del Colegio de Profesores Luis Hernández, cuestionó el perfil de Lavín en la cartera señalando que el nuevo ministro carecería experiencia en materia de educación pública.

“Primero habría que preguntarle a Piñera por qué lo puso en el cargo. Ahí existe un perfil. Me gustaría conocer qué sabe Lavín sobre educación pública. Ese es un tema muy complejo, al igual que el de la educación superior en manos del Estado”, inquirió el representante de los docentes.

Pese a ello, el dirigente reconoció que Lavín debía adecuarse a los lineamientos que le entregue Piñera y sostuvo que
“en términos generales los puntos que planteó Piñera en la campaña están muy claros. De todas maneras, creo que estamos frente a un escenario muy complicado para la educación chilena y el tema de la privatización y de las mediciones estándares se van a implementar de manera muy brutal”.

Para los docentes el camino correcto no pasa por privatizar la educación, y si bien reconocieron que la educación municipal se volvió indefendible producto de la deuda que supera los 250 mil  millones de pesos, señalan que el Estado debe hacerse cargo, a través de un sistema de calidad apoyando a las familias con el enorme peso económico que significa estudiar en nuestro país.

Entre las preocupaciones del profesorado también se encuentran temas como la conformación de una carrera profesional y la evaluación docente, además de conservar su “derecho a negociar”.

En tanto, desde los estudiantes hay desconfianza y descreímiento. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) , Julio Sarmiento, quien, debido a los conflictos históricos de los universitarios con la cartera, dijo que le auguran "corta vida a Lavín".

Mientras, Joaquín Lavín en su primer discurso como secretario de Estado señaló que “la educación y su calidad es una tarea nacional. En los próximos días comenzaremos las reuniones. Tengan la seguridad que voy a poner todos mis esfuerzos en cumplir con una tarea que las familias chilenas están pidiendo hace mucho tiempo, que es que por fin mejoremos la calidad de la educación en nuestro país”.

Finalmente, el nuevo ministro de Educación hizo un llamado a los profesores, padres y alumnos de Chile a apoyar la gestión para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
 

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