Para este miércoles se tenía contemplado reabrir las comisiones Rettig y Valech comenzando de inmediato su atención al público, sin embargo, un retraso de Contraloría impidió el avance.
Se espera que en los próximos días se concreten los detalles burocráticos, como el decreto de Contraloría y la aparición protocolar en el Diario Oficial, que según lo estimado por quienes conforman la comisión se concretaría esta semana.
Ambas comisiones tienen la finalidad de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Si bien ambas instancias fueron oficialmente cerradas, muchas personas no alcanzaron a presentar su solicitud y acceder a los beneficios sociales que implica ser parte del informe. Esta es una nueva oportunidad que permitirá incorporar los casos pendientes de asesinatos, desapariciones y torturas en dictadura.
La reanudación de estas comisiones se da a casi dos meses de la promulgación de la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos.
A partir de la publicación, la Comisión Valech tiene un plazo de seis meses para recoger testimonios y seis meses más para calificarlos.
Frente a esto, la vice presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, criticó la instalación de plazos de cierre para recoger los testimonios.
“Es bueno que se hayan reabierto estas comisiones. Pero es malo que nuevamente sean temporales y, por lo tanto, volvemos a correr el riesgo que haya gente que, por diversas razones, no va a poder prestar su testimonio. Esta debe ser una prerrogativa permanente del Instituto de Derechos Humanos”, afirmó García.
Por otro lado, la dirigente manifestó que la asociación espera que el criterio de sea flexible reconociendo no sólo los casos de tortura física, sino también de tortura psicológica.
“Esperamos que esta comisión tenga efectivamente un criterio muy flexible en términos de reconocer que no sólo hay torturas física, sino también psicológicas y daños de distintas especies. Lo ideal sería que se pudiera recoger esta gama más amplia de lo que es la prisión política”, afirmó.
García manifestó además su inquietud por el desarrollo de las materias que ya estaban en el aire y teme que con la administración de Sebastián Piñera las cosas se compliquen.
“Vemos que vienen tiempos muy complejos, donde todo es incierto y está en el aire. Una de las instituciones importantísimas para nosotros, porque tienen que ver con contar con asistencia jurídica, es el programa de derechos humanos. No sabemos si se va a mantener, si se va a modificar, si va a cambiar su orientación. No tenemos claro qué va a pasar”, aseguró.
Al momento de ser aprobada y comenzar con su funcionamiento, la comisión contará con un número de atención gratuita sobre los casos en Santiago, en el 800 411 400. Para regiones se deberá recurrir a las gobernaciones correspondientes, mientras que quienes viven en el extranjero, deberán solicitar información en sus consulados más cercanos.
Para este miércoles se tenía contemplado reabrir las comisiones Rettig y Valech comenzando de inmediato su atención al público, sin embargo, un retraso de Contraloría impidió el avance.
Se espera que en los próximos días se concreten los detalles burocráticos, como el decreto de Contraloría y la aparición protocolar en el Diario Oficial, que según lo estimado por quienes conforman la comisión se concretaría esta semana.
Ambas comisiones tienen la finalidad de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Si bien ambas instancias fueron oficialmente cerradas, muchas personas no alcanzaron a presentar su solicitud y acceder a los beneficios sociales que implica ser parte del informe. Esta es una nueva oportunidad que permitirá incorporar los casos pendientes de asesinatos, desapariciones y torturas en dictadura.
La reanudación de estas comisiones se da a casi dos meses de la promulgación de la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos.
A partir de la publicación, la Comisión Valech tiene un plazo de seis meses para recoger testimonios y seis meses más para calificarlos.
Frente a esto, la vice presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, criticó la instalación de plazos de cierre para recoger los testimonios.
“Es bueno que se hayan reabierto estas comisiones. Pero es malo que nuevamente sean temporales y, por lo tanto, volvemos a correr el riesgo que haya gente que, por diversas razones, no va a poder prestar su testimonio. Esta debe ser una prerrogativa permanente del Instituto de Derechos Humanos”, afirmó García.
Por otro lado, la dirigente manifestó que la asociación espera que el criterio de sea flexible reconociendo no sólo los casos de tortura física, sino también de tortura psicológica.
“Esperamos que esta comisión tenga efectivamente un criterio muy flexible en términos de reconocer que no sólo hay torturas física, sino también psicológicas y daños de distintas especies. Lo ideal sería que se pudiera recoger esta gama más amplia de lo que es la prisión política”, afirmó.
García manifestó además su inquietud por el desarrollo de las materias que ya estaban en el aire y teme que con la administración de Sebastián Piñera las cosas se compliquen.
“Vemos que vienen tiempos muy complejos, donde todo es incierto y está en el aire. Una de las instituciones importantísimas para nosotros, porque tienen que ver con contar con asistencia jurídica, es el programa de derechos humanos. No sabemos si se va a mantener, si se va a modificar, si va a cambiar su orientación. No tenemos claro qué va a pasar”, aseguró.
Al momento de ser aprobada y comenzar con su funcionamiento, la comisión contará con un número de atención gratuita sobre los casos en Santiago, en el 800 411 400. Para regiones se deberá recurrir a las gobernaciones correspondientes, mientras que quienes viven en el extranjero, deberán solicitar información en sus consulados más cercanos.
Para este miércoles se tenía contemplado reabrir las comisiones Rettig y Valech comenzando de inmediato su atención al público, sin embargo, un retraso de Contraloría impidió el avance.
Se espera que en los próximos días se concreten los detalles burocráticos, como el decreto de Contraloría y la aparición protocolar en el Diario Oficial, que según lo estimado por quienes conforman la comisión se concretaría esta semana.
Ambas comisiones tienen la finalidad de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Si bien ambas instancias fueron oficialmente cerradas, muchas personas no alcanzaron a presentar su solicitud y acceder a los beneficios sociales que implica ser parte del informe. Esta es una nueva oportunidad que permitirá incorporar los casos pendientes de asesinatos, desapariciones y torturas en dictadura.
La reanudación de estas comisiones se da a casi dos meses de la promulgación de la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos.
A partir de la publicación, la Comisión Valech tiene un plazo de seis meses para recoger testimonios y seis meses más para calificarlos.
Frente a esto, la vice presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, criticó la instalación de plazos de cierre para recoger los testimonios.
“Es bueno que se hayan reabierto estas comisiones. Pero es malo que nuevamente sean temporales y, por lo tanto, volvemos a correr el riesgo que haya gente que, por diversas razones, no va a poder prestar su testimonio. Esta debe ser una prerrogativa permanente del Instituto de Derechos Humanos”, afirmó García.
Por otro lado, la dirigente manifestó que la asociación espera que el criterio de sea flexible reconociendo no sólo los casos de tortura física, sino también de tortura psicológica.
“Esperamos que esta comisión tenga efectivamente un criterio muy flexible en términos de reconocer que no sólo hay torturas física, sino también psicológicas y daños de distintas especies. Lo ideal sería que se pudiera recoger esta gama más amplia de lo que es la prisión política”, afirmó.
García manifestó además su inquietud por el desarrollo de las materias que ya estaban en el aire y teme que con la administración de Sebastián Piñera las cosas se compliquen.
“Vemos que vienen tiempos muy complejos, donde todo es incierto y está en el aire. Una de las instituciones importantísimas para nosotros, porque tienen que ver con contar con asistencia jurídica, es el programa de derechos humanos. No sabemos si se va a mantener, si se va a modificar, si va a cambiar su orientación. No tenemos claro qué va a pasar”, aseguró.
Al momento de ser aprobada y comenzar con su funcionamiento, la comisión contará con un número de atención gratuita sobre los casos en Santiago, en el 800 411 400. Para regiones se deberá recurrir a las gobernaciones correspondientes, mientras que quienes viven en el extranjero, deberán solicitar información en sus consulados más cercanos.
