Durante seis meses se recibirán nuevos antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero los involucrados señalan que es muy poco tiempo para reunir la información de las 10 mil las familias que podrían integrarse. Anuncian marcha nacional para el 4 de marzo.
Polémica se generó entre las agrupaciones de derechos humanos ante la reapertura por seis meses de las comisiones Rettig y Valech. Las familias de víctimas de la dictadura exigen que sea mayor el tiempo para reunir los antecedentes.
Así lo confirmó Valentina Campos, hermana de Ricardo Campos Cáceres, joven perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que murió en 1988 en un supuesto enfrentamiento con militares y fuerzas especiales de carabineros, y que no puso ser incorporado en el primer llamado de la Comisión Rettig por falta de testigos.
“Después de esta transición de veinte años nosotros esperamos que las cosas sean un poco distintas en términos de lo que nos solicitan como comisión, Para nosotros es importante que gente como mi hermano sea valorada y que el Estado asuma una parte reparatoria por lo que ellos significaron para el término de la dictadura”, sostuvo.
Idea que comparte la presidenta de la agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien además señaló que “si la primera vez quedaron casi 10 mil personas sin inscribirse por falta de antecedentes, por distintas situaciones que no calificaron como prisión política, pensamos que va a ser mucho más”.
Lira además manifestó que al interior de la agrupación están preocupados por el rol clave que se le asigna al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla de RN, en la presentación de las nuevas querellas que están pendientes sobre ejecutados políticos que aún no tienen procesos judiciales abiertos.
“Lo que tenemos en este nuevo gobierno, referente a las situaciones que se mantienen vigentes, en el caso de las denuncias y querellas que hay seguir presentando y el proceso que va a seguir el programa de derechos humanos del ministerio del Interior, estamos en la nebulosa y lo hablamos con fundamento, pues sabemos el sector que representa Sebastián Piñera, sabemos que en sus filas hay muchos cómplices civiles que fueron integrantes de la dictadura”, dijo Lira.
Por esto, las agrupaciones ligadas al tema preparan un masivo acto el próximo 4 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución con el objetivo fr presionar al nuevo gobierno para que no se retroceda en materia de derechos humanos.
Labor de las comisiones
La comisión Rettig fue creada en 1991 para recoger los antecedentes de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Mientras que la comisión Valech desde el 2005 registra los casos de prisión y tortura en esa época. Ambas permanecieron abiertas sólo por un periodo de tiempo y ahora nuevamente escucharán los testimonios de víctimas y familiares.
De acuerdo con lo establecido por las comisiones, durante el régimen militar chileno hubo más 2.100 ejecutados políticos, 1.200 desaparecidos y casi 30 mil torturados.
Durante seis meses se recibirán nuevos antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero los involucrados señalan que es muy poco tiempo para reunir la información de las 10 mil las familias que podrían integrarse. Anuncian marcha nacional para el 4 de marzo.
Polémica se generó entre las agrupaciones de derechos humanos ante la reapertura por seis meses de las comisiones Rettig y Valech. Las familias de víctimas de la dictadura exigen que sea mayor el tiempo para reunir los antecedentes.
Así lo confirmó Valentina Campos, hermana de Ricardo Campos Cáceres, joven perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que murió en 1988 en un supuesto enfrentamiento con militares y fuerzas especiales de carabineros, y que no puso ser incorporado en el primer llamado de la Comisión Rettig por falta de testigos.
“Después de esta transición de veinte años nosotros esperamos que las cosas sean un poco distintas en términos de lo que nos solicitan como comisión, Para nosotros es importante que gente como mi hermano sea valorada y que el Estado asuma una parte reparatoria por lo que ellos significaron para el término de la dictadura”, sostuvo.
Idea que comparte la presidenta de la agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien además señaló que “si la primera vez quedaron casi 10 mil personas sin inscribirse por falta de antecedentes, por distintas situaciones que no calificaron como prisión política, pensamos que va a ser mucho más”.
Lira además manifestó que al interior de la agrupación están preocupados por el rol clave que se le asigna al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla de RN, en la presentación de las nuevas querellas que están pendientes sobre ejecutados políticos que aún no tienen procesos judiciales abiertos.
“Lo que tenemos en este nuevo gobierno, referente a las situaciones que se mantienen vigentes, en el caso de las denuncias y querellas que hay seguir presentando y el proceso que va a seguir el programa de derechos humanos del ministerio del Interior, estamos en la nebulosa y lo hablamos con fundamento, pues sabemos el sector que representa Sebastián Piñera, sabemos que en sus filas hay muchos cómplices civiles que fueron integrantes de la dictadura”, dijo Lira.
Por esto, las agrupaciones ligadas al tema preparan un masivo acto el próximo 4 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución con el objetivo fr presionar al nuevo gobierno para que no se retroceda en materia de derechos humanos.
Labor de las comisiones
La comisión Rettig fue creada en 1991 para recoger los antecedentes de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Mientras que la comisión Valech desde el 2005 registra los casos de prisión y tortura en esa época. Ambas permanecieron abiertas sólo por un periodo de tiempo y ahora nuevamente escucharán los testimonios de víctimas y familiares.
De acuerdo con lo establecido por las comisiones, durante el régimen militar chileno hubo más 2.100 ejecutados políticos, 1.200 desaparecidos y casi 30 mil torturados.
Durante seis meses se recibirán nuevos antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero los involucrados señalan que es muy poco tiempo para reunir la información de las 10 mil las familias que podrían integrarse. Anuncian marcha nacional para el 4 de marzo.
Polémica se generó entre las agrupaciones de derechos humanos ante la reapertura por seis meses de las comisiones Rettig y Valech. Las familias de víctimas de la dictadura exigen que sea mayor el tiempo para reunir los antecedentes.
Así lo confirmó Valentina Campos, hermana de Ricardo Campos Cáceres, joven perteneciente al Frente Patriótico Manuel Rodríguez que murió en 1988 en un supuesto enfrentamiento con militares y fuerzas especiales de carabineros, y que no puso ser incorporado en el primer llamado de la Comisión Rettig por falta de testigos.
“Después de esta transición de veinte años nosotros esperamos que las cosas sean un poco distintas en términos de lo que nos solicitan como comisión, Para nosotros es importante que gente como mi hermano sea valorada y que el Estado asuma una parte reparatoria por lo que ellos significaron para el término de la dictadura”, sostuvo.
Idea que comparte la presidenta de la agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien además señaló que “si la primera vez quedaron casi 10 mil personas sin inscribirse por falta de antecedentes, por distintas situaciones que no calificaron como prisión política, pensamos que va a ser mucho más”.
Lira además manifestó que al interior de la agrupación están preocupados por el rol clave que se le asigna al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla de RN, en la presentación de las nuevas querellas que están pendientes sobre ejecutados políticos que aún no tienen procesos judiciales abiertos.
“Lo que tenemos en este nuevo gobierno, referente a las situaciones que se mantienen vigentes, en el caso de las denuncias y querellas que hay seguir presentando y el proceso que va a seguir el programa de derechos humanos del ministerio del Interior, estamos en la nebulosa y lo hablamos con fundamento, pues sabemos el sector que representa Sebastián Piñera, sabemos que en sus filas hay muchos cómplices civiles que fueron integrantes de la dictadura”, dijo Lira.
Por esto, las agrupaciones ligadas al tema preparan un masivo acto el próximo 4 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución con el objetivo fr presionar al nuevo gobierno para que no se retroceda en materia de derechos humanos.
Labor de las comisiones
La comisión Rettig fue creada en 1991 para recoger los antecedentes de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Mientras que la comisión Valech desde el 2005 registra los casos de prisión y tortura en esa época. Ambas permanecieron abiertas sólo por un periodo de tiempo y ahora nuevamente escucharán los testimonios de víctimas y familiares.
De acuerdo con lo establecido por las comisiones, durante el régimen militar chileno hubo más 2.100 ejecutados políticos, 1.200 desaparecidos y casi 30 mil torturados.
