El municipio denuncia serias irregularidades en la aprobación del informe de calificación ambiental, que antes había sido anulado por la Corte Suprema, y que permite a AES Gener reanudar la construcción. Las comunidades se declararon en “alerta ambiental” y no descartan manifestaciones.
La municipalidad de Puchuncaví, junto a distintas organizaciones ciudadanas, buscará una vía judicial para impedir que la empresa AES Gener finalice la construcción de la planta termoeléctrica Campiche.
Las obras de la central habían sido detenidas por decreto de la Corte Suprema, entidad que rechazó el informe de calificación ambiental, ya que el terreno del proyecto estaba destinado para áreas verdes y no permitía instalaciones contaminantes.
Sin embargo, el 31 de diciembre del 2009, el ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó la Ordenanza General de Construcciones, lo que permitió continuar con la edificación. Frente a esto, el Consejo Municipal rechazó de forma unánime la aplicación de la medida, opción contenida en el acápite 22121 de la misma ordenanza.
Pero el mismo día en que se publicaba el acuerdo en el Diario Oficial, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) aprobó la calificación ambiental del proyecto, uno de los trámites necesarios para reanudar las obras.
En este contexto, la alcaldesa subrogante de Puchuncaví, Eliana Olmos, manifestó su inconformidad con un proceso que considera, al menos, irregular y anunció acciones legales para detenerlo.
“Existen plazos que están establecidos por ellos mismos en la Conama, donde un informe tiene 120 días de apelación, más sesenta de prórroga. Y ahora reactivarlo, pasarlo a la Corema y aprobarlo, nos parece un poco irregular por decir lo menos. Vamos a tomar acciones judiciales respecto a que hayan aprobado esta resolución de calificación ambiental. Mínimo deberían haber pedido un nuevo informe, si el informe interior estaba anulado por la Corte Suprema, que no es cualquier instancia”, sostuvo.
En este punto coincidió Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, quien anunció que “las comunidades están en estado de alerta ambiental” y advirtió que “las movilizaciones de todo tipo y de cualquier características van a ser posibles ya que se ha pasado sobre el estado de derecho, se ha pasado sobre la Corte Suprema. Si el Estado se pone fuera del estado de derecho, las comunidades también tienen el derecho ha hacerlo”.
La alcaldesa informó que el alcalde titular, Agustín Valencia, los asesores municipales y distintos representantes de la comunidad, están estudiando los mejores caminos jurídicos para impedir la construcción de la planta evaluada en 500 millones de dólares.
El municipio denuncia serias irregularidades en la aprobación del informe de calificación ambiental, que antes había sido anulado por la Corte Suprema, y que permite a AES Gener reanudar la construcción. Las comunidades se declararon en “alerta ambiental” y no descartan manifestaciones.
La municipalidad de Puchuncaví, junto a distintas organizaciones ciudadanas, buscará una vía judicial para impedir que la empresa AES Gener finalice la construcción de la planta termoeléctrica Campiche.
Las obras de la central habían sido detenidas por decreto de la Corte Suprema, entidad que rechazó el informe de calificación ambiental, ya que el terreno del proyecto estaba destinado para áreas verdes y no permitía instalaciones contaminantes.
Sin embargo, el 31 de diciembre del 2009, el ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó la Ordenanza General de Construcciones, lo que permitió continuar con la edificación. Frente a esto, el Consejo Municipal rechazó de forma unánime la aplicación de la medida, opción contenida en el acápite 22121 de la misma ordenanza.
Pero el mismo día en que se publicaba el acuerdo en el Diario Oficial, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) aprobó la calificación ambiental del proyecto, uno de los trámites necesarios para reanudar las obras.
En este contexto, la alcaldesa subrogante de Puchuncaví, Eliana Olmos, manifestó su inconformidad con un proceso que considera, al menos, irregular y anunció acciones legales para detenerlo.
“Existen plazos que están establecidos por ellos mismos en la Conama, donde un informe tiene 120 días de apelación, más sesenta de prórroga. Y ahora reactivarlo, pasarlo a la Corema y aprobarlo, nos parece un poco irregular por decir lo menos. Vamos a tomar acciones judiciales respecto a que hayan aprobado esta resolución de calificación ambiental. Mínimo deberían haber pedido un nuevo informe, si el informe interior estaba anulado por la Corte Suprema, que no es cualquier instancia”, sostuvo.
En este punto coincidió Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, quien anunció que “las comunidades están en estado de alerta ambiental” y advirtió que “las movilizaciones de todo tipo y de cualquier características van a ser posibles ya que se ha pasado sobre el estado de derecho, se ha pasado sobre la Corte Suprema. Si el Estado se pone fuera del estado de derecho, las comunidades también tienen el derecho ha hacerlo”.
La alcaldesa informó que el alcalde titular, Agustín Valencia, los asesores municipales y distintos representantes de la comunidad, están estudiando los mejores caminos jurídicos para impedir la construcción de la planta evaluada en 500 millones de dólares.
El municipio denuncia serias irregularidades en la aprobación del informe de calificación ambiental, que antes había sido anulado por la Corte Suprema, y que permite a AES Gener reanudar la construcción. Las comunidades se declararon en “alerta ambiental” y no descartan manifestaciones.
La municipalidad de Puchuncaví, junto a distintas organizaciones ciudadanas, buscará una vía judicial para impedir que la empresa AES Gener finalice la construcción de la planta termoeléctrica Campiche.
Las obras de la central habían sido detenidas por decreto de la Corte Suprema, entidad que rechazó el informe de calificación ambiental, ya que el terreno del proyecto estaba destinado para áreas verdes y no permitía instalaciones contaminantes.
Sin embargo, el 31 de diciembre del 2009, el ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó la Ordenanza General de Construcciones, lo que permitió continuar con la edificación. Frente a esto, el Consejo Municipal rechazó de forma unánime la aplicación de la medida, opción contenida en el acápite 22121 de la misma ordenanza.
Pero el mismo día en que se publicaba el acuerdo en el Diario Oficial, la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) aprobó la calificación ambiental del proyecto, uno de los trámites necesarios para reanudar las obras.
En este contexto, la alcaldesa subrogante de Puchuncaví, Eliana Olmos, manifestó su inconformidad con un proceso que considera, al menos, irregular y anunció acciones legales para detenerlo.
“Existen plazos que están establecidos por ellos mismos en la Conama, donde un informe tiene 120 días de apelación, más sesenta de prórroga. Y ahora reactivarlo, pasarlo a la Corema y aprobarlo, nos parece un poco irregular por decir lo menos. Vamos a tomar acciones judiciales respecto a que hayan aprobado esta resolución de calificación ambiental. Mínimo deberían haber pedido un nuevo informe, si el informe interior estaba anulado por la Corte Suprema, que no es cualquier instancia”, sostuvo.
En este punto coincidió Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví-Quintero, quien anunció que “las comunidades están en estado de alerta ambiental” y advirtió que “las movilizaciones de todo tipo y de cualquier características van a ser posibles ya que se ha pasado sobre el estado de derecho, se ha pasado sobre la Corte Suprema. Si el Estado se pone fuera del estado de derecho, las comunidades también tienen el derecho ha hacerlo”.
La alcaldesa informó que el alcalde titular, Agustín Valencia, los asesores municipales y distintos representantes de la comunidad, están estudiando los mejores caminos jurídicos para impedir la construcción de la planta evaluada en 500 millones de dólares.
