La defensa de los derechos humanos y el respeto a las garantías laborales alcanzadas son parte de las aprehensiones que tienen el movimiento sindical y las organizaciones civiles frente a la nueva administración. Sin embargo, no escatiman en críticas a la Concertación en estas mismas materias.
El escenario escogido para plantear sus aprensiones respecto al futuro de sus derechos fue un acto en el Cementerio General en que se conmemoraron los 28 años del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Pero además, la cúpula del mundo sindical lanzó fuertes reproches al gobierno de Michelle Bachelet por no enviar las reformas laborales comprometidas en su programa y lo responsabilizó por la llegada de Sebastián Piñera al poder político.
Los cuestionamientos fueron escuchados atentamente y de manera incómoda por la ministra vocera del Ejecutivo, Pilar Armanet, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
Al mismo tiempo, los líderes gremiales aprovecharon de manifestar su inquietud por las políticas públicas que aplicará el próximo gobierno de la Coalición por el Cambio.
En ese plano, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, reiteró que la entidad no cederá en defender los derechos laborales alcanzados en las últimas negociaciones.
“Ni un paso atrás en las reivindicaciones alcanzadas, ni un paso atrás en los derechos que tienen los funcionarios públicos y los trabajadores de nuestro país. Nosotros vamos a luchar por mejorar estos derechos, por un Estado que se preocupe por la ciudadanía y no sea desmantelado, por ofrecer mejores servicios públicos de calidad y vamos a respetar lo que ha dicho la ciudadanía el 17 de enero”, sostuvo De la Puente.
El diputado Tucapel Jiménez se sumó a los resquemores manifestados por entidades sociales y de defensa de los derechos humanos en cuanto al curso y tratamiento que darán a estas materias las autoridades que asuman el 11 de marzo.
“Por supuesto que hay preocupación. Este gobierno es completamente legítimo, a diferencia de los últimos de derecha, fue elegido por la mayoría de los chilenos, pero tenemos dudas y temores con los temas laborales y derechos humanos, y son legítimas porque se han creado esas dudas en los últimos meses”, dijo Jiménez.
La vocera, Pilar Armanet, en tanto, desestimó comparar la dictadura militar con el gobierno de Piñera, pero sostuvo que la Concertación -en su nuevo rol de oposición- debe defender los logros sociales de su gestión.
“Asimilar una elección democrática a lo que fue la dictadura me parece que no corresponde. Lo que sí tenemos que estar vigilantes es que los 20 años de la Concertación han constituido un bagaje de derechos que hay que defender, en esto no se puede volver atrás”.
Sumándose a los cuestionamientos, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Rozas fue lapidaria al criticar tanto a la Concertación, como a la Alianza, e hizo un llamado para una movilización el próximo 8 de marzo.
La defensa de los derechos humanos y el respeto a las garantías laborales alcanzadas son parte de las aprehensiones que tienen el movimiento sindical y las organizaciones civiles frente a la nueva administración. Sin embargo, no escatiman en críticas a la Concertación en estas mismas materias.
El escenario escogido para plantear sus aprensiones respecto al futuro de sus derechos fue un acto en el Cementerio General en que se conmemoraron los 28 años del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Pero además, la cúpula del mundo sindical lanzó fuertes reproches al gobierno de Michelle Bachelet por no enviar las reformas laborales comprometidas en su programa y lo responsabilizó por la llegada de Sebastián Piñera al poder político.
Los cuestionamientos fueron escuchados atentamente y de manera incómoda por la ministra vocera del Ejecutivo, Pilar Armanet, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
Al mismo tiempo, los líderes gremiales aprovecharon de manifestar su inquietud por las políticas públicas que aplicará el próximo gobierno de la Coalición por el Cambio.
En ese plano, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, reiteró que la entidad no cederá en defender los derechos laborales alcanzados en las últimas negociaciones.
“Ni un paso atrás en las reivindicaciones alcanzadas, ni un paso atrás en los derechos que tienen los funcionarios públicos y los trabajadores de nuestro país. Nosotros vamos a luchar por mejorar estos derechos, por un Estado que se preocupe por la ciudadanía y no sea desmantelado, por ofrecer mejores servicios públicos de calidad y vamos a respetar lo que ha dicho la ciudadanía el 17 de enero”, sostuvo De la Puente.
El diputado Tucapel Jiménez se sumó a los resquemores manifestados por entidades sociales y de defensa de los derechos humanos en cuanto al curso y tratamiento que darán a estas materias las autoridades que asuman el 11 de marzo.
“Por supuesto que hay preocupación. Este gobierno es completamente legítimo, a diferencia de los últimos de derecha, fue elegido por la mayoría de los chilenos, pero tenemos dudas y temores con los temas laborales y derechos humanos, y son legítimas porque se han creado esas dudas en los últimos meses”, dijo Jiménez.
La vocera, Pilar Armanet, en tanto, desestimó comparar la dictadura militar con el gobierno de Piñera, pero sostuvo que la Concertación -en su nuevo rol de oposición- debe defender los logros sociales de su gestión.
“Asimilar una elección democrática a lo que fue la dictadura me parece que no corresponde. Lo que sí tenemos que estar vigilantes es que los 20 años de la Concertación han constituido un bagaje de derechos que hay que defender, en esto no se puede volver atrás”.
Sumándose a los cuestionamientos, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Rozas fue lapidaria al criticar tanto a la Concertación, como a la Alianza, e hizo un llamado para una movilización el próximo 8 de marzo.
La defensa de los derechos humanos y el respeto a las garantías laborales alcanzadas son parte de las aprehensiones que tienen el movimiento sindical y las organizaciones civiles frente a la nueva administración. Sin embargo, no escatiman en críticas a la Concertación en estas mismas materias.
El escenario escogido para plantear sus aprensiones respecto al futuro de sus derechos fue un acto en el Cementerio General en que se conmemoraron los 28 años del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
Pero además, la cúpula del mundo sindical lanzó fuertes reproches al gobierno de Michelle Bachelet por no enviar las reformas laborales comprometidas en su programa y lo responsabilizó por la llegada de Sebastián Piñera al poder político.
Los cuestionamientos fueron escuchados atentamente y de manera incómoda por la ministra vocera del Ejecutivo, Pilar Armanet, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
Al mismo tiempo, los líderes gremiales aprovecharon de manifestar su inquietud por las políticas públicas que aplicará el próximo gobierno de la Coalición por el Cambio.
En ese plano, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, reiteró que la entidad no cederá en defender los derechos laborales alcanzados en las últimas negociaciones.
“Ni un paso atrás en las reivindicaciones alcanzadas, ni un paso atrás en los derechos que tienen los funcionarios públicos y los trabajadores de nuestro país. Nosotros vamos a luchar por mejorar estos derechos, por un Estado que se preocupe por la ciudadanía y no sea desmantelado, por ofrecer mejores servicios públicos de calidad y vamos a respetar lo que ha dicho la ciudadanía el 17 de enero”, sostuvo De la Puente.
El diputado Tucapel Jiménez se sumó a los resquemores manifestados por entidades sociales y de defensa de los derechos humanos en cuanto al curso y tratamiento que darán a estas materias las autoridades que asuman el 11 de marzo.
“Por supuesto que hay preocupación. Este gobierno es completamente legítimo, a diferencia de los últimos de derecha, fue elegido por la mayoría de los chilenos, pero tenemos dudas y temores con los temas laborales y derechos humanos, y son legítimas porque se han creado esas dudas en los últimos meses”, dijo Jiménez.
La vocera, Pilar Armanet, en tanto, desestimó comparar la dictadura militar con el gobierno de Piñera, pero sostuvo que la Concertación -en su nuevo rol de oposición- debe defender los logros sociales de su gestión.
“Asimilar una elección democrática a lo que fue la dictadura me parece que no corresponde. Lo que sí tenemos que estar vigilantes es que los 20 años de la Concertación han constituido un bagaje de derechos que hay que defender, en esto no se puede volver atrás”.
Sumándose a los cuestionamientos, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), María Rozas fue lapidaria al criticar tanto a la Concertación, como a la Alianza, e hizo un llamado para una movilización el próximo 8 de marzo.
