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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Los conflictos de interés que penan a las autoridades de Piñera

No sólo en las intendencias y a cargo de los ministerios hay personeros vinculados a empresas privadas, sino que también se comienzan a conocer casos complejos en algunos directores de servicios. Una doble personalidad transversal a las nuevas autoridades.

Francisco Mardones

  Martes 16 de marzo 2010 20:55 hrs. 
Radio-Uchile

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En la mira están diversos intendentes y otros altos cargos públicos designados por el Presidente Sebastián Piñera debido a sus vínculos con poderosas empresas privadas.

Mientras gran parte de los jefes regionales tuvieron o mantienen cargos o acciones en empresas mineras, constructoras o forestales, dentro de los directores de servicios de los ministerios también se comienzan a ver nombres asociados al mundo privado.

Patricio Lahsen, el nuevo director de Obras Públicas designado para trabajar en el equipo de reconstrucción del país, fue gerente general de la empresa Concesionaria Convento Viejo -ligada a las constructoras Belfi, Brotec y Besalco- perteneciente al rubro de los embalses.

Justamente, entre esa empresa y el MOP hay un arbitraje pendiente de diciembre pasado, en el cual Convento Viejo presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra de Obras Públicas por “no haber entregado a tiempo y forma” los derechos de aprovechamiento de agua no consuntivos para el desarrollo de una central hidroeléctrica en la región de O’Higgins.

Por esa disputa, la empresa pide el pago de una multa que supera los veintiocho millones de dólares. A fines del año pasado el ex gerente de la compañía, Patricio Lahsen, pedía que se multara al Estado y hoy trabaja para él, justo en la cartera demandada.

En un escenario similar está el nuevo titular del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, quien figura como asesor legal y tributario de compañía Price Water House Coopers, donde era encargado de litigar, precisamente, con el organismo que liderará.

Situaciones como éstas fueron fuertemente criticadas desde la Concertación. El senador socialista Juan Pablo Letelier indicó que esta incompatibilidad entre lo económico y el servicio público simplemente es un reflejo del comportamiento del propio Presidente.

“Piñera le mintió al país, dijo que se iba a deshacer de sus acciones antes de asumir y no lo ha hecho. Hay autoridades que tienen proyectos presentados al sistema de impacto ambiental como privados y que ahora están ejerciendo cargos públicos. Esperamos que el Consejo de la Transparencia dé un informe. De la misma forma, queremos que la Contraloría vea la transparencia en lo que van a ser las acciones públicas de estas personas en representación del Estado”, afirmó el parlamentario.

En tanto, la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer, defendió las decisiones tomadas por el Presidente Piñera y aseguró que el criterio para escoger a los mejores en sus puestos, independientemente de si vienen del mundo público o del privado.

“Estamos seguros que a través de su gestión los chilenos se van a dar cuenta y ya se están dando cuenta de que el equipo de intendentes que tenemos está marcado por la eficiencia y por personas que tienen una gran trayectoria, tanto en lo público como en lo privado y que son apoyados por un equipo de personas que tienen una profunda vocación de servicio”, aseguró la portavoz.

Menos ortodoxa fue la explicación que dio el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, quien prefirió ir a las razones que habrían motivado a los colaboradores del nuevo gobierno a aceptar sus cargos.

“Yo haría una reflexión al revés. Hay muchas personas que pueden haber hecho su vida en el mundo privado y es muy valioso que estén dispuestos a dejar posiciones mucho más cómodas, desde el punto de vista económico, de tiempo y familiar, para entregar al país. Yo lo vería desde esa veta. Es gente que teniendo muchas más alternativas se dedican al servicio público”, comentó Coloma.

Uno de los apuntados por esta incompatibilidad en el cargo es el intendente metropolitano, Fernando Echeverría, quien proviene del rubro inmobiliario, específicamente de la constructora Echeverría-Izquierdo que además presentó fallas estructurales graves en algunos de sus edificios después del terremoto.

“Desde el día 11 estoy dedicado completamente a esto, he renunciado a todos los cargos que tenía. No soy el representante autorizado para hablar de ello. Mi problema de hoy son esas mil 700 personas  las que le falta techo”, se defendió el jefe regional.

La polémica recién comienza y desde la oposición adelantaron  que harán un catastro completo de los casos que generen sospechas fundadas de conflicto de interés en algunos personeros de gobierno que, según indican, no son pocos.

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