Las descoordinaciones y la fallida alerta de maremoto del pasado 27 de febrero, finalmente le costaron el cargo a la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, y al director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA), Mariano Rojas, quien además, luego una investigación administrativa a la Armada por los errores, fue dado de baja de la institución.

Sin embargo, para el académico de la Universidad de Chile y ex director de la Onemi, Alberto Maturana, estas decisiones no cambian la actual situación de vulnerabilidad en materia de seguridad.

“No estoy de acuerdo con la solución clásica del mundo político de descabezar y poner gente nueva, porque eso implica un nuevo periodo de aprendizaje, que puede demorar años y que entorpece todo el proceso de reconstrucción y rehabilitación. No podemos seguir parchando cada vez que se nos cae el mundo y olvidando que si no construimos seguridad en tiempos normales, cada vez que ocurra una emergencia vamos a estar improvisando y echando la mugre debajo de la alfombra”, denunció Maturana.

Asimismo, emplazó al nuevo gobierno a dar prioridad a la creación de una Ley Marco de Protección Civil que, según el experto, se presentó en 1994, y fue rechazada por el gobierno con el argumento que el país enfrentaba la denominada “crisis asiática”.

“Me gustaría tener una respuesta ¿Se nos va a decir, nuevamente, que no hay recursos? ¿Se nos va a argumentar que todo el dinero se necesita para la reconstrucción? ¿Se va a dar vuelta la página y no vamos a hacer la inversión preventiva que necesitamos? Las autoridades deben tener coraje y sentido común para determinar que la prioridad sea ésta”, indicó el académico.

Si bien el Presidente Sebastián Piñera aseguró al asumir que reformularía los actuales sistemas de emergencia y que transformaría a la Onemi en un estamento con última tecnología, integrado a un sistema de alerta competente, hasta ahora sólo se han cambiado a las autoridades responsables de los sistemas de emergencia, descabezando las instituciones, pero no se han levantado propuestas concretas de reforma de los organismos.

De hecho, el propio ministro de Defensa, Jaime Ravinet, señaló como “insuficiente” la explicación de la Armada para levantar la alerta de tsunami, contenida en la investigación administrativa del servicio naval sobre los errores del SHOA, al tiempo que asumió que nuestro sistema de alerta es “vulnerable” no sólo ante una catástrofe natural.

Soluciones reales

Algunas alternativas para financiar la imperiosa necesidad de “estar preparados ante una emergencia” podrían ser el recurrir al uno por ciento de los fondos fiscales disponibles, o bien, copiar el modelo del Banco Interamericano que posee fondos catastróficos permanentemente para las emergencias.

Opciones que están siendo analizadas en el seminario internacional de Análisis y Propuestas  para el Manejo del Riesgo y de las Crisis, iniciativa encabezada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que pretende elaborar una propuesta que permita prevenir, enfrentar y mitigar las consecuencias de cada emergencia.

Al respecto, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, insistió en la importancia de generar una red de emergencia coordinada donde se consideren los conocimientos y la opinión de los expertos. Especialmente después que los sismólogos de nuestra casa de estudios advirtieran el 2007 con asombrosa exactitud el terremoto en Concepción y la necesidad de estar preparados para ese hecho, pero que no fueron tomados en cuenta por las autoridades.

“La investigación y la creación de la Universidad de Chile tiene que ver con los problemas del país y, desde esta perspectiva, es nuestra misión analizar y coordinar las políticas públicas desde un enfoque multidisciplinario”.

Pérez  reiteró que “la sismología, la salud pública y la ingeniería estructural son ámbitos que han sido estudiados durante muchos años. Por eso, nuestro objetivo es que estos proyectos sean escuchados y sean parte de las políticas públicas gubernamentales”

En tanto, el director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Giorgio Solimano, indicó que el rol del plantel es prevenir y atenuar los efectos de las emergencias.

“La Escuela de Salud Pública está convocando a distintas instituciones académicas para generar recomendaciones a las autoridades. La idea es trabajar en conjunto porque nuestro rol es poner en orden el conocimiento existente y establecer los mecanismos, las instituciones y  las regulaciones pertinentes para prevenir y atenuar los efectos de estas catástrofes naturales”, aseveró el académico.

Según los expertos, debe existir una red integral que se coordine a nivel nacional e internacional, y que esté investigando constantemente los niveles de riesgo en cada región.

Todas estas ideas fueron recogidas por la subsecretaría de Salud Pública, Liliana Jadue, quien sin dar mayores anuncios se limitó en reconocer que “la emergencia ya pasó, sin embargo, esta experiencia debe servirnos para trabajar y aprender, para poder organizarnos  y prepararnos”.
Las propuestas que emanen del seminario, que continuará en abril próximo, serán entregadas al nuevo gobierno, pero también a la opinión pública. La idea es ejercer presión para que finalmente se logre crear una institución que efectivamente sea capaz de reaccionar a tiempo y de manera eficaz ante las emergencias.