Dos o tres meses podría retrasarse la instalación de la nueva institucionalidad ambiental aprobada por el gobierno de Michelle Bachelet que contempla el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
El proceso de diseño de la institucionalidad fue fruto de un acuerdo político entre todas las bancadas que se firmó en octubre del año pasado, permitiendo destrabar la ley del Congreso, donde generó varias divergencias entre los parlamentarios. Finalmente, en octubre del 2009 se aprobó el texto y en enero de este año fue publicada e ingresada a la Contraloría.
Sin embargo, pese a que el protocolo de acuerdo de octubre establecía que la nueva administración dispondría de un mes para finalizar el proceso, la nueva titular del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retiró los dos Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que permanecían en el órgano contralor cuando sólo faltaba su toma de razón, aduciendo, según versiones de prensa, que la medida se habría tomado porque se estaban desarrollando los organigramas de las entidades.
El jefe de bancada de la DC, Patricio Vallespín, quien realizó la denuncia junto a Enrique Acorssi del PPD, señaló que esta medida preocupa pues, según indicó, la titular estaría defendiendo los intereses de las empresas que serían fiscalizadas con mayor rigurosidad.
“Nos parece inaceptable, ética y políticamente, que la ministra del Medio Ambiente esté retrasando la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Preocupa la actitud de la ministra Benítez, pues sabemos que no le agrada esta reglamentación. En la discusión parlamentaria de esta ley ella estuvo asesorando a las bancadas de la derecha en una posición crítica y negativa respecto de esta iniciativa”, aseguró el legislador.
Al contrario de lo que señalan los parlamentarios de la Concertación, el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien asesoró a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) anterior en este proceso de reforma, señaló que el retraso perjudicaría a las empresas, pues amplía la incertidumbre sobre la aplicación de la nueva institucionalidad y, por ende, de sus reglamentaciones.
“Esto genera un rango de vulnerabilidad que se pudo haber evitado porque esta debe dirimir entre 21 y 25 materias objeto de reglamento. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en el año 2010 en la etapa de instalación. Cuando se posterga el funcionamiento efectivo de las instituciones, se concentra en una sola época del año muchos temas asociados a la reforma. Eso puede ser muy contraproducente para la autoridad”, sostuvo Cordero.
Exactamente eso es lo que preocupa a las organizaciones ambientales: que debido a las labores de reconstrucción del país se adapten o se cambien las normativas de tal manera que vulneren las condiciones del medio ambiente.
Además, Cordero señala que el retraso generaría un “cuello de botella” en el segundo semestre con dos problemas: uno, debido al invierno que genera muchas complicaciones en el ambiente, y segundo, porque la administración tiene que cumplir con enviar al Congreso el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que definirá las actividades productivas y permitidas en dichas zonas.
Fernando Dougnac, de la ONG Fiscalía Ambiental, señaló que lo más probable es que la administración de la ministra Benítez quiera atrasar la conformación de la institucionalidad ambiental o tenga por objetivo cambiar políticas establecidas con las que no están de acuerdo.
“Se trata de congelar la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente está supeditada a la creación de los Tribunales Ambientales y éstos están en trámite en el Congreso, pero no tienen urgencia, la verdad es que así se complica bastante el escenario en esta materia”, dijo.
Aunque Radio Universidad de Chile intentó contactarse con la ministra de Medio Ambiente, desde la Conama no quisieron dar una versión oficial de los hechos. Sin embargo, este viernes la ministra Benítez se reuniría con las organizaciones medioambientales para explicarles el por qué de esta decisión que generó tantas suspicacias.
Dos o tres meses podría retrasarse la instalación de la nueva institucionalidad ambiental aprobada por el gobierno de Michelle Bachelet que contempla el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
El proceso de diseño de la institucionalidad fue fruto de un acuerdo político entre todas las bancadas que se firmó en octubre del año pasado, permitiendo destrabar la ley del Congreso, donde generó varias divergencias entre los parlamentarios. Finalmente, en octubre del 2009 se aprobó el texto y en enero de este año fue publicada e ingresada a la Contraloría.
Sin embargo, pese a que el protocolo de acuerdo de octubre establecía que la nueva administración dispondría de un mes para finalizar el proceso, la nueva titular del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retiró los dos Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que permanecían en el órgano contralor cuando sólo faltaba su toma de razón, aduciendo, según versiones de prensa, que la medida se habría tomado porque se estaban desarrollando los organigramas de las entidades.
El jefe de bancada de la DC, Patricio Vallespín, quien realizó la denuncia junto a Enrique Acorssi del PPD, señaló que esta medida preocupa pues, según indicó, la titular estaría defendiendo los intereses de las empresas que serían fiscalizadas con mayor rigurosidad.
“Nos parece inaceptable, ética y políticamente, que la ministra del Medio Ambiente esté retrasando la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Preocupa la actitud de la ministra Benítez, pues sabemos que no le agrada esta reglamentación. En la discusión parlamentaria de esta ley ella estuvo asesorando a las bancadas de la derecha en una posición crítica y negativa respecto de esta iniciativa”, aseguró el legislador.
Al contrario de lo que señalan los parlamentarios de la Concertación, el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien asesoró a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) anterior en este proceso de reforma, señaló que el retraso perjudicaría a las empresas, pues amplía la incertidumbre sobre la aplicación de la nueva institucionalidad y, por ende, de sus reglamentaciones.
“Esto genera un rango de vulnerabilidad que se pudo haber evitado porque esta debe dirimir entre 21 y 25 materias objeto de reglamento. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en el año 2010 en la etapa de instalación. Cuando se posterga el funcionamiento efectivo de las instituciones, se concentra en una sola época del año muchos temas asociados a la reforma. Eso puede ser muy contraproducente para la autoridad”, sostuvo Cordero.
Exactamente eso es lo que preocupa a las organizaciones ambientales: que debido a las labores de reconstrucción del país se adapten o se cambien las normativas de tal manera que vulneren las condiciones del medio ambiente.
Además, Cordero señala que el retraso generaría un “cuello de botella” en el segundo semestre con dos problemas: uno, debido al invierno que genera muchas complicaciones en el ambiente, y segundo, porque la administración tiene que cumplir con enviar al Congreso el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que definirá las actividades productivas y permitidas en dichas zonas.
Fernando Dougnac, de la ONG Fiscalía Ambiental, señaló que lo más probable es que la administración de la ministra Benítez quiera atrasar la conformación de la institucionalidad ambiental o tenga por objetivo cambiar políticas establecidas con las que no están de acuerdo.
“Se trata de congelar la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente está supeditada a la creación de los Tribunales Ambientales y éstos están en trámite en el Congreso, pero no tienen urgencia, la verdad es que así se complica bastante el escenario en esta materia”, dijo.
Aunque Radio Universidad de Chile intentó contactarse con la ministra de Medio Ambiente, desde la Conama no quisieron dar una versión oficial de los hechos. Sin embargo, este viernes la ministra Benítez se reuniría con las organizaciones medioambientales para explicarles el por qué de esta decisión que generó tantas suspicacias.
Dos o tres meses podría retrasarse la instalación de la nueva institucionalidad ambiental aprobada por el gobierno de Michelle Bachelet que contempla el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.
El proceso de diseño de la institucionalidad fue fruto de un acuerdo político entre todas las bancadas que se firmó en octubre del año pasado, permitiendo destrabar la ley del Congreso, donde generó varias divergencias entre los parlamentarios. Finalmente, en octubre del 2009 se aprobó el texto y en enero de este año fue publicada e ingresada a la Contraloría.
Sin embargo, pese a que el protocolo de acuerdo de octubre establecía que la nueva administración dispondría de un mes para finalizar el proceso, la nueva titular del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retiró los dos Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que permanecían en el órgano contralor cuando sólo faltaba su toma de razón, aduciendo, según versiones de prensa, que la medida se habría tomado porque se estaban desarrollando los organigramas de las entidades.
El jefe de bancada de la DC, Patricio Vallespín, quien realizó la denuncia junto a Enrique Acorssi del PPD, señaló que esta medida preocupa pues, según indicó, la titular estaría defendiendo los intereses de las empresas que serían fiscalizadas con mayor rigurosidad.
“Nos parece inaceptable, ética y políticamente, que la ministra del Medio Ambiente esté retrasando la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Preocupa la actitud de la ministra Benítez, pues sabemos que no le agrada esta reglamentación. En la discusión parlamentaria de esta ley ella estuvo asesorando a las bancadas de la derecha en una posición crítica y negativa respecto de esta iniciativa”, aseguró el legislador.
Al contrario de lo que señalan los parlamentarios de la Concertación, el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, quien asesoró a la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) anterior en este proceso de reforma, señaló que el retraso perjudicaría a las empresas, pues amplía la incertidumbre sobre la aplicación de la nueva institucionalidad y, por ende, de sus reglamentaciones.
“Esto genera un rango de vulnerabilidad que se pudo haber evitado porque esta debe dirimir entre 21 y 25 materias objeto de reglamento. Hay muchas cosas que se tienen que hacer en el año 2010 en la etapa de instalación. Cuando se posterga el funcionamiento efectivo de las instituciones, se concentra en una sola época del año muchos temas asociados a la reforma. Eso puede ser muy contraproducente para la autoridad”, sostuvo Cordero.
Exactamente eso es lo que preocupa a las organizaciones ambientales: que debido a las labores de reconstrucción del país se adapten o se cambien las normativas de tal manera que vulneren las condiciones del medio ambiente.
Además, Cordero señala que el retraso generaría un “cuello de botella” en el segundo semestre con dos problemas: uno, debido al invierno que genera muchas complicaciones en el ambiente, y segundo, porque la administración tiene que cumplir con enviar al Congreso el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que definirá las actividades productivas y permitidas en dichas zonas.
Fernando Dougnac, de la ONG Fiscalía Ambiental, señaló que lo más probable es que la administración de la ministra Benítez quiera atrasar la conformación de la institucionalidad ambiental o tenga por objetivo cambiar políticas establecidas con las que no están de acuerdo.
“Se trata de congelar la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. Por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente está supeditada a la creación de los Tribunales Ambientales y éstos están en trámite en el Congreso, pero no tienen urgencia, la verdad es que así se complica bastante el escenario en esta materia”, dijo.
Aunque Radio Universidad de Chile intentó contactarse con la ministra de Medio Ambiente, desde la Conama no quisieron dar una versión oficial de los hechos. Sin embargo, este viernes la ministra Benítez se reuniría con las organizaciones medioambientales para explicarles el por qué de esta decisión que generó tantas suspicacias.
