La Armada dio a conocer el informe realizado para investigar las responsabilidades del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) en los errores cometidos por el organismo durante la madrugada del 27 de febrero. Documento que fue entregado al gobierno con anterioridad y ya está en manos de Solange Huerta, fiscal regional encargada del caso.
La investigación interna realizada por la Armada sobre los procedimientos del SHOA tras el terremoto concluyó que el organismo emitió la alerta de tsunami de manera “clara y oportuna” a la Onemi, 17 minutos después del sismo y por tres vías distintas”. No obstante, el organismo cometió errores al levantar la alerta de manera temprana.
El documento consigna que “el SHOA (…) generó la alerta de tsunami por radio a las 03.51 horas y, posteriormente, reiterada por un fax a las 04.07 horas de esa madrugada; y, paralelamente, a las 04.05 horas, por medio de un mensaje escrito emitido a través de la Red Mercalli del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM)”. Pero además, se mencionan las dificultades propias de la interrupción total de las comunicaciones a nivel nacional y las complejas condiciones de un fenómeno natural de esta envergadura.
Por tanto, la Armada declaró que la alerta “fue acertada y su oportunidad adecuada para los estándares de una emergencia de esta naturaleza”.
Sin embargo, el error cometido por el SHOA y por el que se propuso sancionar a Mariano Rojas, su ex director, fue que se “canceló en forma anticipada la alerta de tsunami a la Onemi”, sin evaluar adecuadamente los antecedentes que indicaban que ésta debía mantenerse.
Los indicadores que según el informe no fueron considerados, son la gran cantidad de energía liberada por el terremoto, la profundidad del epicentro, informada por el Servicio de Geología de Estados Unidos y, por último la información emitida por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), “en la cual constaba, según las lecturas de las variaciones de mareas, estar en presencia de un tsunami”.
La investigación concluyó además, que existía una denominada “zona de sacrificio”, comprendida entre San Antonio y Talcahuano. A lo largo de este espacio geográfico llegaron las primeras olas del maremoto, en promedio, 20 minutos después del movimiento telúrico. Las condiciones del sismo, tanto su epicentro como su intensidad, determinaron que los tiempos de reacción eran escasos “para generar una oportuna respuesta en beneficio de la población”, consigna el documento.
En tanto, el estudio establece que las dificultades en las comunicaciones fueron las que determinaron el fatal retraso en la alerta de maremoto para el Archipiélago de Juan Fernández.
Estas explicaciones en torno a la cancelación de la alerta de maremoto, son las que el ministro de Defensa calificó como “insuficientes” el día miércoles 24 de marzo, después de confirmar que el Presidente Sebastián Piñera aceptaba el pase a retiro del ex director del SHOA.
La Armada dio a conocer el informe realizado para investigar las responsabilidades del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) en los errores cometidos por el organismo durante la madrugada del 27 de febrero. Documento que fue entregado al gobierno con anterioridad y ya está en manos de Solange Huerta, fiscal regional encargada del caso.
La investigación interna realizada por la Armada sobre los procedimientos del SHOA tras el terremoto concluyó que el organismo emitió la alerta de tsunami de manera “clara y oportuna” a la Onemi, 17 minutos después del sismo y por tres vías distintas”. No obstante, el organismo cometió errores al levantar la alerta de manera temprana.
El documento consigna que “el SHOA (…) generó la alerta de tsunami por radio a las 03.51 horas y, posteriormente, reiterada por un fax a las 04.07 horas de esa madrugada; y, paralelamente, a las 04.05 horas, por medio de un mensaje escrito emitido a través de la Red Mercalli del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM)”. Pero además, se mencionan las dificultades propias de la interrupción total de las comunicaciones a nivel nacional y las complejas condiciones de un fenómeno natural de esta envergadura.
Por tanto, la Armada declaró que la alerta “fue acertada y su oportunidad adecuada para los estándares de una emergencia de esta naturaleza”.
Sin embargo, el error cometido por el SHOA y por el que se propuso sancionar a Mariano Rojas, su ex director, fue que se “canceló en forma anticipada la alerta de tsunami a la Onemi”, sin evaluar adecuadamente los antecedentes que indicaban que ésta debía mantenerse.
Los indicadores que según el informe no fueron considerados, son la gran cantidad de energía liberada por el terremoto, la profundidad del epicentro, informada por el Servicio de Geología de Estados Unidos y, por último la información emitida por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), “en la cual constaba, según las lecturas de las variaciones de mareas, estar en presencia de un tsunami”.
La investigación concluyó además, que existía una denominada “zona de sacrificio”, comprendida entre San Antonio y Talcahuano. A lo largo de este espacio geográfico llegaron las primeras olas del maremoto, en promedio, 20 minutos después del movimiento telúrico. Las condiciones del sismo, tanto su epicentro como su intensidad, determinaron que los tiempos de reacción eran escasos “para generar una oportuna respuesta en beneficio de la población”, consigna el documento.
En tanto, el estudio establece que las dificultades en las comunicaciones fueron las que determinaron el fatal retraso en la alerta de maremoto para el Archipiélago de Juan Fernández.
Estas explicaciones en torno a la cancelación de la alerta de maremoto, son las que el ministro de Defensa calificó como “insuficientes” el día miércoles 24 de marzo, después de confirmar que el Presidente Sebastián Piñera aceptaba el pase a retiro del ex director del SHOA.
La Armada dio a conocer el informe realizado para investigar las responsabilidades del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) en los errores cometidos por el organismo durante la madrugada del 27 de febrero. Documento que fue entregado al gobierno con anterioridad y ya está en manos de Solange Huerta, fiscal regional encargada del caso.
La investigación interna realizada por la Armada sobre los procedimientos del SHOA tras el terremoto concluyó que el organismo emitió la alerta de tsunami de manera “clara y oportuna” a la Onemi, 17 minutos después del sismo y por tres vías distintas”. No obstante, el organismo cometió errores al levantar la alerta de manera temprana.
El documento consigna que “el SHOA (…) generó la alerta de tsunami por radio a las 03.51 horas y, posteriormente, reiterada por un fax a las 04.07 horas de esa madrugada; y, paralelamente, a las 04.05 horas, por medio de un mensaje escrito emitido a través de la Red Mercalli del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM)”. Pero además, se mencionan las dificultades propias de la interrupción total de las comunicaciones a nivel nacional y las complejas condiciones de un fenómeno natural de esta envergadura.
Por tanto, la Armada declaró que la alerta “fue acertada y su oportunidad adecuada para los estándares de una emergencia de esta naturaleza”.
Sin embargo, el error cometido por el SHOA y por el que se propuso sancionar a Mariano Rojas, su ex director, fue que se “canceló en forma anticipada la alerta de tsunami a la Onemi”, sin evaluar adecuadamente los antecedentes que indicaban que ésta debía mantenerse.
Los indicadores que según el informe no fueron considerados, son la gran cantidad de energía liberada por el terremoto, la profundidad del epicentro, informada por el Servicio de Geología de Estados Unidos y, por último la información emitida por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), “en la cual constaba, según las lecturas de las variaciones de mareas, estar en presencia de un tsunami”.
La investigación concluyó además, que existía una denominada “zona de sacrificio”, comprendida entre San Antonio y Talcahuano. A lo largo de este espacio geográfico llegaron las primeras olas del maremoto, en promedio, 20 minutos después del movimiento telúrico. Las condiciones del sismo, tanto su epicentro como su intensidad, determinaron que los tiempos de reacción eran escasos “para generar una oportuna respuesta en beneficio de la población”, consigna el documento.
En tanto, el estudio establece que las dificultades en las comunicaciones fueron las que determinaron el fatal retraso en la alerta de maremoto para el Archipiélago de Juan Fernández.
Estas explicaciones en torno a la cancelación de la alerta de maremoto, son las que el ministro de Defensa calificó como “insuficientes” el día miércoles 24 de marzo, después de confirmar que el Presidente Sebastián Piñera aceptaba el pase a retiro del ex director del SHOA.
