La indemnización por años de servicio vuelve a causar preocupación en el mundo sindical.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile ingresó recientemente, la estructura actual de las indemnizaciones desincentiva la contratación y segmenta el mercado laboral.
La rebaja de las indemnizaciones por años de servicio fue propuesta en 2008 por la Comisión Meller, convocada por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en ese entonces los partidos oficialistas y las organizaciones sindicales rechazaron la iniciativa.
Ahora, la nueva administración, con Camila Merino como ministra de Trabajo, vuelve a plantearlo, “como un proyecto país a largo plazo, en el que participen los empresarios, los trabajadores y las diferentes fuerzas políticas”.
En esta misma línea, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Trabajo, Nicolás Monckeberg, indicó que cualquier modificación al actual sistema de contratación laboral será en beneficio de los trabajadores, y serán ellos los que “van a poder decidir si optar por un sistema u otro”.
Pero Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente nacional de la CUT, señaló que espera que “no sea el terremoto la oportunidad que han esperado los grandes empresarios y la derecha para justificar medidas de flexibilización laboral”. Además, el dirigente destacó la necesidad de que toda modificación a la normativa legal “primero tiene que conversarse con los trabajadores y la CUT”.
Cuevas anticipó que el 1 de mayo los trabajadores “manifestarán su opinión”, ya que “los reiterados despidos, la incertidumbre en el mundo de la pesca” y otras situaciones de índole laboral lo ameritan.
La indemnización por años de servicio obliga al empleador a pagar un mes de remuneración por cada año de servicio, con un límite de hasta los onde años de trabajo. Una norma que según la OCDE beneficia la inestabilidad laboral e impide la contratación de nuevos empleados.
Sin embargo, los sindicatos, asociaciones y organismos de defensa de los derechos laborales estiman que aunque se modifique la actual norma laboral y reforme el sistema de indemnizaciones, las condiciones de trabajo y los niveles de contratación no mejorarán, pues, tal como ocurrió en 1981, cuando se fijó los once años como máximo periodo de pago de indemnizaciones, intentando promover la contratación de nuevos empleados, éstos no aumentaron de manera significativa.
La indemnización por años de servicio vuelve a causar preocupación en el mundo sindical.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile ingresó recientemente, la estructura actual de las indemnizaciones desincentiva la contratación y segmenta el mercado laboral.
La rebaja de las indemnizaciones por años de servicio fue propuesta en 2008 por la Comisión Meller, convocada por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en ese entonces los partidos oficialistas y las organizaciones sindicales rechazaron la iniciativa.
Ahora, la nueva administración, con Camila Merino como ministra de Trabajo, vuelve a plantearlo, “como un proyecto país a largo plazo, en el que participen los empresarios, los trabajadores y las diferentes fuerzas políticas”.
En esta misma línea, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Trabajo, Nicolás Monckeberg, indicó que cualquier modificación al actual sistema de contratación laboral será en beneficio de los trabajadores, y serán ellos los que “van a poder decidir si optar por un sistema u otro”.
Pero Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente nacional de la CUT, señaló que espera que “no sea el terremoto la oportunidad que han esperado los grandes empresarios y la derecha para justificar medidas de flexibilización laboral”. Además, el dirigente destacó la necesidad de que toda modificación a la normativa legal “primero tiene que conversarse con los trabajadores y la CUT”.
Cuevas anticipó que el 1 de mayo los trabajadores “manifestarán su opinión”, ya que “los reiterados despidos, la incertidumbre en el mundo de la pesca” y otras situaciones de índole laboral lo ameritan.
La indemnización por años de servicio obliga al empleador a pagar un mes de remuneración por cada año de servicio, con un límite de hasta los onde años de trabajo. Una norma que según la OCDE beneficia la inestabilidad laboral e impide la contratación de nuevos empleados.
Sin embargo, los sindicatos, asociaciones y organismos de defensa de los derechos laborales estiman que aunque se modifique la actual norma laboral y reforme el sistema de indemnizaciones, las condiciones de trabajo y los niveles de contratación no mejorarán, pues, tal como ocurrió en 1981, cuando se fijó los once años como máximo periodo de pago de indemnizaciones, intentando promover la contratación de nuevos empleados, éstos no aumentaron de manera significativa.
La indemnización por años de servicio vuelve a causar preocupación en el mundo sindical.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile ingresó recientemente, la estructura actual de las indemnizaciones desincentiva la contratación y segmenta el mercado laboral.
La rebaja de las indemnizaciones por años de servicio fue propuesta en 2008 por la Comisión Meller, convocada por la ex Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, en ese entonces los partidos oficialistas y las organizaciones sindicales rechazaron la iniciativa.
Ahora, la nueva administración, con Camila Merino como ministra de Trabajo, vuelve a plantearlo, “como un proyecto país a largo plazo, en el que participen los empresarios, los trabajadores y las diferentes fuerzas políticas”.
En esta misma línea, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de Trabajo, Nicolás Monckeberg, indicó que cualquier modificación al actual sistema de contratación laboral será en beneficio de los trabajadores, y serán ellos los que “van a poder decidir si optar por un sistema u otro”.
Pero Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y dirigente nacional de la CUT, señaló que espera que “no sea el terremoto la oportunidad que han esperado los grandes empresarios y la derecha para justificar medidas de flexibilización laboral”. Además, el dirigente destacó la necesidad de que toda modificación a la normativa legal “primero tiene que conversarse con los trabajadores y la CUT”.
Cuevas anticipó que el 1 de mayo los trabajadores “manifestarán su opinión”, ya que “los reiterados despidos, la incertidumbre en el mundo de la pesca” y otras situaciones de índole laboral lo ameritan.
La indemnización por años de servicio obliga al empleador a pagar un mes de remuneración por cada año de servicio, con un límite de hasta los onde años de trabajo. Una norma que según la OCDE beneficia la inestabilidad laboral e impide la contratación de nuevos empleados.
Sin embargo, los sindicatos, asociaciones y organismos de defensa de los derechos laborales estiman que aunque se modifique la actual norma laboral y reforme el sistema de indemnizaciones, las condiciones de trabajo y los niveles de contratación no mejorarán, pues, tal como ocurrió en 1981, cuando se fijó los once años como máximo periodo de pago de indemnizaciones, intentando promover la contratación de nuevos empleados, éstos no aumentaron de manera significativa.
