Desde la Concertación diversos parlamentarios aseguran que el principal problema que deberá afrontar el gobierno de Sebastián Piñera serán las dudas y cuestionamientos por supuestos conflictos de interés del mismo mandatario y muchos de sus colaboradores.

Conocidos ya son los casos de gobernadores que presentaban antecedentes comerciales negativos, cheques protestados, extensos registros en Dicom, deudas previsionales, órdenes de aprehensión y nexos con organizaciones gravemente cuestionadas.

Sabidos también son los eventuales conflictos de interés en algunos cargos como intendentes que tienen fuertes vínculos con poderosas empresas privadas del sector minero, forestal o construcción, así como los lazos que unen a ciertos personeros ministeriales de Obras Públicas con empresas concesionarias.

En el gobierno han insistido en que hay una “caza de brujas” y en que se buscó a los mejores en sus cargos, sin embargo, han fallado importantes filtros de información en el proceso de toma de decisiones.

En la Alianza por Chile, por su parte, defienden a quienes han sido propuestos por las cúpulas partidistas para ocupar varios cargos de confianza y que han salido cuestionados, argumentando enfermedades, robos y otras circunstancias que habrían derivado en que algunos, más que antecedentes laborales tengan un prontuario.

Para el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, es necesario fiscalizar bien el comportamiento de los servidores públicos que siguen en sus cargos, pese a estas referencias, pero también saber diferenciar entre la diversidad de faltas o errores.

“Me llama la atención que los parlamentarios de la Concertación estén criticando que haya gente en Dicom cuando ellos han sido los principales impulsores de eliminarlo. Distinto es el caso de las personas que tienen antecedentes judiciales y que, sin duda, hay que fijar un criterio en ese respecto. Las normas legales, los Consejos de Transparencia tienen que actuar absolutamente”, aseguró Pérez.

Es precisamente en ese punto donde no hay consenso al interior de la Alianza, incluso en la misma colectividad, pues uno de los vicepresidentes de la UDI, el diputado Felipe Salaberry, indicó que casos como el del gobernador de Los Andes, Angelo Barbieri, debieron haber puesto sus cargos a disposición del Ejecutivo.

Barbieri tiene antecedentes por sesenta millones de pesos en cheques impagos y La Moneda manejaba esa información. Es cierto que había pedido que los aludidos arreglaran sus temas pendientes, pero Salaberry asegura que eso no basta, pues para cargos de confianza como intendentes y gobernadores, quienes los ocupan deben ser intachables.

Aún así, el parlamentario hizo un fuerte cuestionamiento a las críticas que ha efectuado la Concertación en las últimas semanas, recordando que en la oposición han ocurrido casos similares, pero en el sentido contrario.

“En algún momento podemos haber sido menos prolijos, pero igualmente es una decisión que toma el Presidente de la República. A mí me sorprende la crítica actual de los dirigentes de la Concertación por los conflictos de interés, cuando ellos mismos inauguraron, para bien o para mal, que un ex ministro de Estado o un importante funcionario, luego de servir en una cartera terminaba asesorando muchas veces a una industria que era regulada por la misma cartera”, indicó Salaberry.

De estas palabras se puede recordar al ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, quien fue cuestionado por presidir la Asociación de Isapres, envuelta en una gran polémica por el intercambio de información médica confidencial con farmacias que pertenecen a los mismos dueños, para manejar los contratos de salud.

También se recuerda a algunos asesores de la coalición, como Eugenio Tironi, quien manejó la imagen de algunos candidatos presidenciales al tiempo que asesoraba a varios proyectos hidroeléctricos que debían ser aprobados por los gobierno del bloque.

Lo cierto es que los cuestionamiento suman y siguen: Catalina Besnier, gobernadora de Tierra del Fuego; César Zambrano, gobernador de Chiloé, Gloria Vilicic, de Punta Arenas, y Miguel Mellado, de Cautín serán observados de cerca por el Consejo Nacional para la Transparencia, organismo al que muchos apuntan como clave para evitar el conflicto de intereses.