Según el proceso de diseño de la nueva institucionalidad ambiental acordado en octubre del año pasado en el Congreso, a estas alturas el país ya debería contar con un Ministerio del Medio Ambiente y un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, hace algunos días se conoció que la nueva ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retrasó la puesta en marcha de la nueva institucionalidad al retirar dos decretos de ley, cuando solo restaba su toma de razón por parte de la Contraloría.
En una reunión de emergencia con los ambientalistas respecto al tema, Benítez desestimó toda intencionalidad política en el hecho, aduciendo la emergencia del terremoto y la imposibilidad de instalar la institucionalidad en el plazo de 30 días que se tenía.
Lo mismo reiteró este martes luego de reunirse con el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, agregando también “razones técnicas y específicas” para dilatar el tema.
“Lo retiramos porque consideramos que el plazo de instalación que daba a los decretos era de 30 días y nos pareció insuficiente. Son problemas básicamente técnicos jurídicos, pero ya estamos abocados a solucionarlos”, aseguró Benítez.
Asimismo, la titular manifestó que, por el momento, en el gobierno “todas nuestras energías están abocadas con medidas concretas para la gente afectada por el terremoto”. Pero, justamente, son las iniciativas frente a la reconstrucción lo que preocupa, pues a juicio de Vallespín “no puede haber una reconstrucción en las regiones afectadas sin una institucionalidad ambiental sólida, fuerte, que se pueda imponer a lo que normalmente los otros sectores con más tradición en la construcción del desarrollo de Chile hagan”, indicó.
El diputado PC y nuevo integrante de la comisión de Recursos Naturales, Guillermo Teillier, coincidió con Vallespín señalando que si bien todos los sectores están de acuerdo en acelerar los dictámenes de los organismos involucrados en la reconstrucción, eso no debe hacerse a costa de permisividades en materia medio ambiental, “porque la nueva ley incluso establece que cuando es necesario, por razones de catástrofe, apurar el estudio sobre el impacto ambiental de algún proyecto, esto se puede hacer tomando alguna medida, pero no flexibilizar la norma”, declaró.
Al retraso a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental, se suma la inclusión que hizo Benítez del instructivo Nº 100745, que modifica un instructivo anterior que daba vigencia a la participación ciudadana en una serie de artículos, como las Declaraciones Impacto Ambiental, que no dependían de la reforma.
Pero eso no es todo ya que el gobierno le quitó urgencia a la tramitación de la Ley de Tribunales Ambientales, retrasándola para el 7 de mayo, dilatando también el funcionamiento de la Superintendencia Medio Ambiental que quedó legalmente supeditada la promulgación de este organismo.
Así, las señales que el gobierno de Sebastián Piñera ha dado en materia medio ambiental no son las mejores y mantienen la incertidumbre sobre la real efectividad de la nueva institucionalidad una vez instalada. Es por ello que a pesar que la ministra Benítez se comprometió para realizar la instalación “en el más breve plazo”, lo que se tradujo en 90 días como máximo, este miércoles fue citada por la comisión de Medio Ambiente del Congreso para entregar una versión oficial de los hechos, luego que en un primer llamado durante la semana pasada se excusara de asistir.
Según el proceso de diseño de la nueva institucionalidad ambiental acordado en octubre del año pasado en el Congreso, a estas alturas el país ya debería contar con un Ministerio del Medio Ambiente y un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, hace algunos días se conoció que la nueva ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retrasó la puesta en marcha de la nueva institucionalidad al retirar dos decretos de ley, cuando solo restaba su toma de razón por parte de la Contraloría.
En una reunión de emergencia con los ambientalistas respecto al tema, Benítez desestimó toda intencionalidad política en el hecho, aduciendo la emergencia del terremoto y la imposibilidad de instalar la institucionalidad en el plazo de 30 días que se tenía.
Lo mismo reiteró este martes luego de reunirse con el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, agregando también “razones técnicas y específicas” para dilatar el tema.
“Lo retiramos porque consideramos que el plazo de instalación que daba a los decretos era de 30 días y nos pareció insuficiente. Son problemas básicamente técnicos jurídicos, pero ya estamos abocados a solucionarlos”, aseguró Benítez.
Asimismo, la titular manifestó que, por el momento, en el gobierno “todas nuestras energías están abocadas con medidas concretas para la gente afectada por el terremoto”. Pero, justamente, son las iniciativas frente a la reconstrucción lo que preocupa, pues a juicio de Vallespín “no puede haber una reconstrucción en las regiones afectadas sin una institucionalidad ambiental sólida, fuerte, que se pueda imponer a lo que normalmente los otros sectores con más tradición en la construcción del desarrollo de Chile hagan”, indicó.
El diputado PC y nuevo integrante de la comisión de Recursos Naturales, Guillermo Teillier, coincidió con Vallespín señalando que si bien todos los sectores están de acuerdo en acelerar los dictámenes de los organismos involucrados en la reconstrucción, eso no debe hacerse a costa de permisividades en materia medio ambiental, “porque la nueva ley incluso establece que cuando es necesario, por razones de catástrofe, apurar el estudio sobre el impacto ambiental de algún proyecto, esto se puede hacer tomando alguna medida, pero no flexibilizar la norma”, declaró.
Al retraso a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental, se suma la inclusión que hizo Benítez del instructivo Nº 100745, que modifica un instructivo anterior que daba vigencia a la participación ciudadana en una serie de artículos, como las Declaraciones Impacto Ambiental, que no dependían de la reforma.
Pero eso no es todo ya que el gobierno le quitó urgencia a la tramitación de la Ley de Tribunales Ambientales, retrasándola para el 7 de mayo, dilatando también el funcionamiento de la Superintendencia Medio Ambiental que quedó legalmente supeditada la promulgación de este organismo.
Así, las señales que el gobierno de Sebastián Piñera ha dado en materia medio ambiental no son las mejores y mantienen la incertidumbre sobre la real efectividad de la nueva institucionalidad una vez instalada. Es por ello que a pesar que la ministra Benítez se comprometió para realizar la instalación “en el más breve plazo”, lo que se tradujo en 90 días como máximo, este miércoles fue citada por la comisión de Medio Ambiente del Congreso para entregar una versión oficial de los hechos, luego que en un primer llamado durante la semana pasada se excusara de asistir.
Según el proceso de diseño de la nueva institucionalidad ambiental acordado en octubre del año pasado en el Congreso, a estas alturas el país ya debería contar con un Ministerio del Medio Ambiente y un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, hace algunos días se conoció que la nueva ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, retrasó la puesta en marcha de la nueva institucionalidad al retirar dos decretos de ley, cuando solo restaba su toma de razón por parte de la Contraloría.
En una reunión de emergencia con los ambientalistas respecto al tema, Benítez desestimó toda intencionalidad política en el hecho, aduciendo la emergencia del terremoto y la imposibilidad de instalar la institucionalidad en el plazo de 30 días que se tenía.
Lo mismo reiteró este martes luego de reunirse con el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Patricio Vallespín, agregando también “razones técnicas y específicas” para dilatar el tema.
“Lo retiramos porque consideramos que el plazo de instalación que daba a los decretos era de 30 días y nos pareció insuficiente. Son problemas básicamente técnicos jurídicos, pero ya estamos abocados a solucionarlos”, aseguró Benítez.
Asimismo, la titular manifestó que, por el momento, en el gobierno “todas nuestras energías están abocadas con medidas concretas para la gente afectada por el terremoto”. Pero, justamente, son las iniciativas frente a la reconstrucción lo que preocupa, pues a juicio de Vallespín “no puede haber una reconstrucción en las regiones afectadas sin una institucionalidad ambiental sólida, fuerte, que se pueda imponer a lo que normalmente los otros sectores con más tradición en la construcción del desarrollo de Chile hagan”, indicó.
El diputado PC y nuevo integrante de la comisión de Recursos Naturales, Guillermo Teillier, coincidió con Vallespín señalando que si bien todos los sectores están de acuerdo en acelerar los dictámenes de los organismos involucrados en la reconstrucción, eso no debe hacerse a costa de permisividades en materia medio ambiental, “porque la nueva ley incluso establece que cuando es necesario, por razones de catástrofe, apurar el estudio sobre el impacto ambiental de algún proyecto, esto se puede hacer tomando alguna medida, pero no flexibilizar la norma”, declaró.
Al retraso a la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental, se suma la inclusión que hizo Benítez del instructivo Nº 100745, que modifica un instructivo anterior que daba vigencia a la participación ciudadana en una serie de artículos, como las Declaraciones Impacto Ambiental, que no dependían de la reforma.
Pero eso no es todo ya que el gobierno le quitó urgencia a la tramitación de la Ley de Tribunales Ambientales, retrasándola para el 7 de mayo, dilatando también el funcionamiento de la Superintendencia Medio Ambiental que quedó legalmente supeditada la promulgación de este organismo.
Así, las señales que el gobierno de Sebastián Piñera ha dado en materia medio ambiental no son las mejores y mantienen la incertidumbre sobre la real efectividad de la nueva institucionalidad una vez instalada. Es por ello que a pesar que la ministra Benítez se comprometió para realizar la instalación “en el más breve plazo”, lo que se tradujo en 90 días como máximo, este miércoles fue citada por la comisión de Medio Ambiente del Congreso para entregar una versión oficial de los hechos, luego que en un primer llamado durante la semana pasada se excusara de asistir.
