Como muy positiva calificaron las organizaciones ligadas a la defensa de las minorías sexuales la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “reparar integralmente” a la abogada Karen Atala, a quien se le negó la tuición de sus hijas luego que se declarara públicamente como lesbiana.
La instancia determinó que “el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala a vivir libre de discriminación”, por lo que sugirió tomar una serie de medidas para garantizar que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en los distintos ámbitos de la vida pública.
La polémica se desató cuando su ex marido Jaime López, demandó la custodia de sus hijas menores de edad, argumentando que no podían estar a cargo de Atala mientras mantuviera una convivencia homosexual.
Y pese a que en las sentencias de primera y segunda instancia se reconoció el derecho de la madre de conservar el cuidado de sus niños, la Corte Suprema revocó los fallos previos aduciendo que la “eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas”.
Es por eso que la jurista decidió ir más lejos y acudió a instancias internacionales para resolver su caso y según explicó Elena Olea, una de las abogadas que lleva la causa, en la actualidad, se está a la espera de que el Estado asuma una postura frente a las recomendaciones.
“Estamos contentos con la decisión de la Comisión, expectantes de la respuesta que va a dar el Estado y a partir de ello, determinar cuál es el curso de acción a seguir si la respuesta es satisfactoria o si el caso continúa su trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nosotros esperamos porque consideramos que el Estado ya tuvo una oportunidad anteriormente para evitar que el caso avanzara dentro de la misma comisión y no se han tomado medidas concretas”, sentenció Olea.
Dentro de las recomendaciones de la CIDH se incluiría el levantamiento de una mesa de trabajo en la cual participaría la Corte Suprema junto a otros órganos del Estado. Sin embargo, para la investigadora del Programa de Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile Claudia Sarmiento, “sería difícil que una comisión compuesta por la Corte Suprema y el Estado, dada la actual composición política de nuestro gobierno, dieran cumplimiento a lo que estableció la comisión. Que Karen Atala sea indemnizada por la Corte Suprema, siendo que fueron ellos mismos los que quitaron la tuición, es raro”.
Más optimista se mostró el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Rolando Jiménez, quien indicó que esta resolución marca un precedente en el tratamiento de los casos de discriminación contra las minorías sexuales.
“Hoy se abre una oportunidad preciosa para que el Estado chileno y todas sus instituciones, desde la Corte Suprema pasando por el Parlamento y el Ejecutivo, finalmente, se hagan cargo de la vulneración de derechos de la que son objeto las minorías sexuales en Chile. Es una vergüenza que las organizaciones y las personas tengamos que salir fuera de las fronteras de nuestro país a exigir igualdad jurídica ante la ley”, sostuvo Jiménez.
En este sentido, el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteaba, además, “la modificación en la legislación, políticas públicas, programas y directivas chilenas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
Como muy positiva calificaron las organizaciones ligadas a la defensa de las minorías sexuales la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “reparar integralmente” a la abogada Karen Atala, a quien se le negó la tuición de sus hijas luego que se declarara públicamente como lesbiana.
La instancia determinó que “el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala a vivir libre de discriminación”, por lo que sugirió tomar una serie de medidas para garantizar que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en los distintos ámbitos de la vida pública.
La polémica se desató cuando su ex marido Jaime López, demandó la custodia de sus hijas menores de edad, argumentando que no podían estar a cargo de Atala mientras mantuviera una convivencia homosexual.
Y pese a que en las sentencias de primera y segunda instancia se reconoció el derecho de la madre de conservar el cuidado de sus niños, la Corte Suprema revocó los fallos previos aduciendo que la “eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas”.
Es por eso que la jurista decidió ir más lejos y acudió a instancias internacionales para resolver su caso y según explicó Elena Olea, una de las abogadas que lleva la causa, en la actualidad, se está a la espera de que el Estado asuma una postura frente a las recomendaciones.
“Estamos contentos con la decisión de la Comisión, expectantes de la respuesta que va a dar el Estado y a partir de ello, determinar cuál es el curso de acción a seguir si la respuesta es satisfactoria o si el caso continúa su trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nosotros esperamos porque consideramos que el Estado ya tuvo una oportunidad anteriormente para evitar que el caso avanzara dentro de la misma comisión y no se han tomado medidas concretas”, sentenció Olea.
Dentro de las recomendaciones de la CIDH se incluiría el levantamiento de una mesa de trabajo en la cual participaría la Corte Suprema junto a otros órganos del Estado. Sin embargo, para la investigadora del Programa de Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile Claudia Sarmiento, “sería difícil que una comisión compuesta por la Corte Suprema y el Estado, dada la actual composición política de nuestro gobierno, dieran cumplimiento a lo que estableció la comisión. Que Karen Atala sea indemnizada por la Corte Suprema, siendo que fueron ellos mismos los que quitaron la tuición, es raro”.
Más optimista se mostró el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Rolando Jiménez, quien indicó que esta resolución marca un precedente en el tratamiento de los casos de discriminación contra las minorías sexuales.
“Hoy se abre una oportunidad preciosa para que el Estado chileno y todas sus instituciones, desde la Corte Suprema pasando por el Parlamento y el Ejecutivo, finalmente, se hagan cargo de la vulneración de derechos de la que son objeto las minorías sexuales en Chile. Es una vergüenza que las organizaciones y las personas tengamos que salir fuera de las fronteras de nuestro país a exigir igualdad jurídica ante la ley”, sostuvo Jiménez.
En este sentido, el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteaba, además, “la modificación en la legislación, políticas públicas, programas y directivas chilenas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
Como muy positiva calificaron las organizaciones ligadas a la defensa de las minorías sexuales la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “reparar integralmente” a la abogada Karen Atala, a quien se le negó la tuición de sus hijas luego que se declarara públicamente como lesbiana.
La instancia determinó que “el Estado de Chile violó el derecho de Karen Atala a vivir libre de discriminación”, por lo que sugirió tomar una serie de medidas para garantizar que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en los distintos ámbitos de la vida pública.
La polémica se desató cuando su ex marido Jaime López, demandó la custodia de sus hijas menores de edad, argumentando que no podían estar a cargo de Atala mientras mantuviera una convivencia homosexual.
Y pese a que en las sentencias de primera y segunda instancia se reconoció el derecho de la madre de conservar el cuidado de sus niños, la Corte Suprema revocó los fallos previos aduciendo que la “eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas”.
Es por eso que la jurista decidió ir más lejos y acudió a instancias internacionales para resolver su caso y según explicó Elena Olea, una de las abogadas que lleva la causa, en la actualidad, se está a la espera de que el Estado asuma una postura frente a las recomendaciones.
“Estamos contentos con la decisión de la Comisión, expectantes de la respuesta que va a dar el Estado y a partir de ello, determinar cuál es el curso de acción a seguir si la respuesta es satisfactoria o si el caso continúa su trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nosotros esperamos porque consideramos que el Estado ya tuvo una oportunidad anteriormente para evitar que el caso avanzara dentro de la misma comisión y no se han tomado medidas concretas”, sentenció Olea.
Dentro de las recomendaciones de la CIDH se incluiría el levantamiento de una mesa de trabajo en la cual participaría la Corte Suprema junto a otros órganos del Estado. Sin embargo, para la investigadora del Programa de Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile Claudia Sarmiento, “sería difícil que una comisión compuesta por la Corte Suprema y el Estado, dada la actual composición política de nuestro gobierno, dieran cumplimiento a lo que estableció la comisión. Que Karen Atala sea indemnizada por la Corte Suprema, siendo que fueron ellos mismos los que quitaron la tuición, es raro”.
Más optimista se mostró el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Rolando Jiménez, quien indicó que esta resolución marca un precedente en el tratamiento de los casos de discriminación contra las minorías sexuales.
“Hoy se abre una oportunidad preciosa para que el Estado chileno y todas sus instituciones, desde la Corte Suprema pasando por el Parlamento y el Ejecutivo, finalmente, se hagan cargo de la vulneración de derechos de la que son objeto las minorías sexuales en Chile. Es una vergüenza que las organizaciones y las personas tengamos que salir fuera de las fronteras de nuestro país a exigir igualdad jurídica ante la ley”, sostuvo Jiménez.
En este sentido, el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteaba, además, “la modificación en la legislación, políticas públicas, programas y directivas chilenas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
