Falsificación de instrumento público y asociación ilícita son los dos delitos por los que Héctor Guzmán y un grupo de ex detectives presentaron una querella criminal contra la Policía de Investigaciones apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Asamblea por los Derechos Humanos.
Los ex policías fueron destituidos de la institución luego de denunciar una serie de irregularidades, como la red de prostitución infantil y pedofilia en la ciudad de Valparaíso. A pesar de las evidencias presentadas, el detective fue sacado de las filas de Investigaciones mientras que quienes aparecían involucrados están ahora en servicio activo.
Y aunque hay fallos judiciales y la propia Contraloría General determinó que debían ser reintegrados a la PDI, aún están fuera por dictámenes que el abogado querellante, Rubén Jerez, calificó como irregulares.
“Aquí hay una forma de extorsión a los funcionarios de la policía quienes no conocen que los van a calificar y en consecuencia tienen que someterse a lo que les digan. Esto ha generado una serie de situaciones como la red de pedofilia en Valparaíso. Ahí se ve una paradoja donde en vez de felicitar al policía que hizo la denuncia, lo llamaron a retiro en forma ilegal, situación que todavía nosotros estamos tratando de cuestionar a través de las vías que corresponden”, precisó Jerez.
El abogado explicó que las resoluciones presentadas como causales para mantener fuera de la PDI a los detectives están basadas en normas inexistentes y que no tienen firmas. Pero además los integrantes de las comisiones que hacen estos informes son desconocidos.
Los funcionarios destituidos perdieron todos sus derechos de salud y previsionales mientras se les mantiene fuera de la institución, ya que existen dos dictámenes de la Contraloría que indican que deben ser devueltos a sus funciones, precisó el ex detective Héctor Guzmán.
“La policía de investigaciones no acató ni la resolución de la Contraloría General de la República. Eso significa que un policía que hace su trabajo en este país no tiene cómo defenderse porque acude a los tribunales, es declarado inocente, acude a la Contraloría y se establece que su destitución es irregular, pero tampoco puede ingresar a la PDI. Eso no ocurre en ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas”, dijo el afectado.
Por su parte, la encargada del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, María Eugenia Puelma, indicó que esta situación es absolutamente arbitraria y respaldó la querella presentada por los detectives.
“Hay detectives que denunciaron la pedofilia y hechos que son delictivos y están fuera de Investigaciones. No obstante que existen dos dictámenes del Contralor que indican que tienen que ser restituidos a sus puestos y además existen dos causas en tribunales presentadas por los detectives donde ellos han sido sobreseídos y, por lo tanto, estas personas deberían estar trabajando como cualquier funcionario normal. Sin embargo, aquí se han puesto en funcionamiento comisiones investigadoras, calificadoras y médicas que no existen toda vez que no existen firmas, reglamentos o procedimientos claros”, afirmó la dirigente.
Para los detectives expulsados de Investigaciones existe una red al interior de la policía civil que perjudica a quienes hacen su trabajo y denuncian situaciones anómalas, pero mantiene en sus filas a los que aparecen involucrados en ellas como sucedió en el caso de la red de prostitución infantil en Valparaíso, hechos que esperan revertir con la presentación de esta querella criminal.
Falsificación de instrumento público y asociación ilícita son los dos delitos por los que Héctor Guzmán y un grupo de ex detectives presentaron una querella criminal contra la Policía de Investigaciones apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Asamblea por los Derechos Humanos.
Los ex policías fueron destituidos de la institución luego de denunciar una serie de irregularidades, como la red de prostitución infantil y pedofilia en la ciudad de Valparaíso. A pesar de las evidencias presentadas, el detective fue sacado de las filas de Investigaciones mientras que quienes aparecían involucrados están ahora en servicio activo.
Y aunque hay fallos judiciales y la propia Contraloría General determinó que debían ser reintegrados a la PDI, aún están fuera por dictámenes que el abogado querellante, Rubén Jerez, calificó como irregulares.
“Aquí hay una forma de extorsión a los funcionarios de la policía quienes no conocen que los van a calificar y en consecuencia tienen que someterse a lo que les digan. Esto ha generado una serie de situaciones como la red de pedofilia en Valparaíso. Ahí se ve una paradoja donde en vez de felicitar al policía que hizo la denuncia, lo llamaron a retiro en forma ilegal, situación que todavía nosotros estamos tratando de cuestionar a través de las vías que corresponden”, precisó Jerez.
El abogado explicó que las resoluciones presentadas como causales para mantener fuera de la PDI a los detectives están basadas en normas inexistentes y que no tienen firmas. Pero además los integrantes de las comisiones que hacen estos informes son desconocidos.
Los funcionarios destituidos perdieron todos sus derechos de salud y previsionales mientras se les mantiene fuera de la institución, ya que existen dos dictámenes de la Contraloría que indican que deben ser devueltos a sus funciones, precisó el ex detective Héctor Guzmán.
“La policía de investigaciones no acató ni la resolución de la Contraloría General de la República. Eso significa que un policía que hace su trabajo en este país no tiene cómo defenderse porque acude a los tribunales, es declarado inocente, acude a la Contraloría y se establece que su destitución es irregular, pero tampoco puede ingresar a la PDI. Eso no ocurre en ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas”, dijo el afectado.
Por su parte, la encargada del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, María Eugenia Puelma, indicó que esta situación es absolutamente arbitraria y respaldó la querella presentada por los detectives.
“Hay detectives que denunciaron la pedofilia y hechos que son delictivos y están fuera de Investigaciones. No obstante que existen dos dictámenes del Contralor que indican que tienen que ser restituidos a sus puestos y además existen dos causas en tribunales presentadas por los detectives donde ellos han sido sobreseídos y, por lo tanto, estas personas deberían estar trabajando como cualquier funcionario normal. Sin embargo, aquí se han puesto en funcionamiento comisiones investigadoras, calificadoras y médicas que no existen toda vez que no existen firmas, reglamentos o procedimientos claros”, afirmó la dirigente.
Para los detectives expulsados de Investigaciones existe una red al interior de la policía civil que perjudica a quienes hacen su trabajo y denuncian situaciones anómalas, pero mantiene en sus filas a los que aparecen involucrados en ellas como sucedió en el caso de la red de prostitución infantil en Valparaíso, hechos que esperan revertir con la presentación de esta querella criminal.
Falsificación de instrumento público y asociación ilícita son los dos delitos por los que Héctor Guzmán y un grupo de ex detectives presentaron una querella criminal contra la Policía de Investigaciones apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores y la Asamblea por los Derechos Humanos.
Los ex policías fueron destituidos de la institución luego de denunciar una serie de irregularidades, como la red de prostitución infantil y pedofilia en la ciudad de Valparaíso. A pesar de las evidencias presentadas, el detective fue sacado de las filas de Investigaciones mientras que quienes aparecían involucrados están ahora en servicio activo.
Y aunque hay fallos judiciales y la propia Contraloría General determinó que debían ser reintegrados a la PDI, aún están fuera por dictámenes que el abogado querellante, Rubén Jerez, calificó como irregulares.
“Aquí hay una forma de extorsión a los funcionarios de la policía quienes no conocen que los van a calificar y en consecuencia tienen que someterse a lo que les digan. Esto ha generado una serie de situaciones como la red de pedofilia en Valparaíso. Ahí se ve una paradoja donde en vez de felicitar al policía que hizo la denuncia, lo llamaron a retiro en forma ilegal, situación que todavía nosotros estamos tratando de cuestionar a través de las vías que corresponden”, precisó Jerez.
El abogado explicó que las resoluciones presentadas como causales para mantener fuera de la PDI a los detectives están basadas en normas inexistentes y que no tienen firmas. Pero además los integrantes de las comisiones que hacen estos informes son desconocidos.
Los funcionarios destituidos perdieron todos sus derechos de salud y previsionales mientras se les mantiene fuera de la institución, ya que existen dos dictámenes de la Contraloría que indican que deben ser devueltos a sus funciones, precisó el ex detective Héctor Guzmán.
“La policía de investigaciones no acató ni la resolución de la Contraloría General de la República. Eso significa que un policía que hace su trabajo en este país no tiene cómo defenderse porque acude a los tribunales, es declarado inocente, acude a la Contraloría y se establece que su destitución es irregular, pero tampoco puede ingresar a la PDI. Eso no ocurre en ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas”, dijo el afectado.
Por su parte, la encargada del departamento de derechos humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, María Eugenia Puelma, indicó que esta situación es absolutamente arbitraria y respaldó la querella presentada por los detectives.
“Hay detectives que denunciaron la pedofilia y hechos que son delictivos y están fuera de Investigaciones. No obstante que existen dos dictámenes del Contralor que indican que tienen que ser restituidos a sus puestos y además existen dos causas en tribunales presentadas por los detectives donde ellos han sido sobreseídos y, por lo tanto, estas personas deberían estar trabajando como cualquier funcionario normal. Sin embargo, aquí se han puesto en funcionamiento comisiones investigadoras, calificadoras y médicas que no existen toda vez que no existen firmas, reglamentos o procedimientos claros”, afirmó la dirigente.
Para los detectives expulsados de Investigaciones existe una red al interior de la policía civil que perjudica a quienes hacen su trabajo y denuncian situaciones anómalas, pero mantiene en sus filas a los que aparecen involucrados en ellas como sucedió en el caso de la red de prostitución infantil en Valparaíso, hechos que esperan revertir con la presentación de esta querella criminal.
