Una nueva denuncia de traspaso de datos personales fue presentada hoy en la superintendencia de Salud por el diputado demócrata cristiano Gabriel Silber y la abogada Verónica Sánchez, la primera en presentar acciones legales por la transferencia de información desde las Isapres Banmédica y Vida Tres a farmacias Cruz Verde en 2007.

Actualmente, el registro digital de la huella electrónica es controlado por una empresa de nombre I-med que trabaja con distintas Isapres y con Fonasa. Al sólo poner el dedo sobre el lector dactilar, se está aceptando un contrato en el que se autoriza el enrolamiento de los datos y el posible traspaso a terceros de dicha información médica.

Según explicó el nuevo usuario afectado, el ingeniero civil, Jaime Baeza, “con ese dedito que pones estás firmando un contrato en que esa inscripción ocupa tu base de datos”. Y la letra chica de ese convenio estipula que toda la información sobre el estado de salud del paciente podrá ser traspasada a otras empresas.

A juicio de Baeza, en este caso “lo que pasa es que la Isapre Consalud tiene convenio con  instituciones como Mega Salud, que se manejan a través de este sistema de huella digital, que no me deja comprar mi bono sin tener que poner el dedito”.

Ante esto el diputado Gabriel Silber señaló que esta es una información sumamente sensible, por lo que inquieta el mal uso que las empresas  puedan hacer de ella.

“Nos preocupa que en el futuro esta información sea capturada, consolidada y vendida a terceros, como por ejemplo, a la industria del Retail, de las Isapres, sistema bancario y que esto tenga efectos para las personas, por ejemplo, al momento de optar a un plan de salud que se puede encarecer, en la postulación a un Banco donde la prima podría ser más cara. Por eso es importante el rol fiscalizador que debe llevar adelante la superintendencia”, indicó el parlamentario.

Otro problema es que estas “bases de datos” podrían ocasionar una categorización de los clientes, generando tratos diferenciados conforme a sus dolencias o enfermedades.

La abogada Verónica Sánchez señaló que esto es un abuso por parte de la empresa ya que no existe otra opción más que aceptar estas condiciones para acceder a la atención médica necesaria.

” Ellos, al establecer la letra chica al momento de sacar el bono electrónico estarían de manera abierta y flagrante infringiendo la ley de datos personales. De esta forma ellas estarían expuestas a ser llevadas a tribunales de justicia por las personas que eventualmente puedan verse afectadas y que a propósito de realizar otras actividades pudieran ver que sus datos médicos sean utilizados por terceros. Es una actitud monopólica y abusiva, se llama abusos del derecho”, sostuvo la profesional.

Por lo mismo Jaime Baeza informó que “la solicitud está bien clara en la carta, que básicamente son dos puntos: uno es la no obligatoriedad para cualquier afiliado a tener que colocar el dedito y hacer esta firma sin nuestro consentimiento de estar otorgando a un ente privado nuestros antecedentes. Y saber exactamente qué antecedentes se están entregando a esta empresa externa, llámese Imed o como se llame. La verdad desconozco qué otros datos están almacenando a partir de nuestra información biométrica, me refiero a antecedentes de salud, atención y preexistencia que nadie tiene por qué saberlos”.

El superintendente Vitto Sciaraffia, acogió la denuncia y añadió que comenzará una investigación sobre el caso del que se desprenderán las sanciones correspondientes para quienes resulten responsables.

Sin embargo, Verónica Sánchez manifestó su inquietud sobre la debilidad de la legislación que protege estos datos sensibles.

“Con los diputados nos hemos dado cuenta que la legislación que protege los datos personales o sensibles es muy débil y lo único que se entrega es el resarcimiento del perjuicio civil, es decir, el daño moral que uno pueda tener y eso vamos a tener que acreditarlo en los tribunales de justicia. No hay un mecanismo expedito en legislación por eso hay que llamar a los parlamentarios para que establezcan un mecanismo más eficiente y rápido de protección de datos personales”, explicó la abogada.

Ante esto, Gabriel Silber añadió estos delitos deberían ser sancionados con penas de cárcel, ya que el ciudadano está sumamente desprotegido frente a este tipo de abusos.

Por esta razón, junto a Verónica Sánchez están elaborando un proyecto de ley, que esperan tenga buena acogida en el Congreso.