El gobierno ha publicado una nueva cifra oficial de víctimas a causa del terremoto y maremoto del 27 de febrero, la que asciende a 486 personas muertas y 79 desaparecidos.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, indicó que la nómina completa incluye sólo a personas que fallecieron por consecuencia de la catástrofe natural, según lo indican sus certificados de defunción.
Según Ubilla, tanto el sistema policial como el Servicio Médico Legal y el Registro Civil están en la etapa más compleja de las labores periciales y de reconocimiento de cuerpos, así como en el hallazgo de nuevas víctimas y la recolección de nuevas denuncias de presunta desgracia.
Por ello, según las declaraciones de Rodrigo Ubilla, el objetivo final del gobierno es “saber exactamente cuál fue el impacto de este terremoto y maremoto en el tema más sensible de todos: las vidas humanas”. Sin embargo, y a pesar de que el secretario de Estado aseguró que se conocería nuevas cifras la próxima semana, “está claro que el número total se ha ido estabilizando”.
Clave en estas labores será la aprobación del proyecto de ley ingresado por el gobierno y que pretende que aquellas personas que desaparecieron en los maremotos y cuyos familiares reportaron una presunta desgracia, se les pueda declarar una muerte presunta en 90 días a partir del 27 de febrero.
De aprobarse esa iniciativa, a fines de mayo el gobierno podría eventualmente entregar una nómina final de personas fallecidas a raíz del terremoto y maremoto.
El gobierno ha publicado una nueva cifra oficial de víctimas a causa del terremoto y maremoto del 27 de febrero, la que asciende a 486 personas muertas y 79 desaparecidos.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, indicó que la nómina completa incluye sólo a personas que fallecieron por consecuencia de la catástrofe natural, según lo indican sus certificados de defunción.
Según Ubilla, tanto el sistema policial como el Servicio Médico Legal y el Registro Civil están en la etapa más compleja de las labores periciales y de reconocimiento de cuerpos, así como en el hallazgo de nuevas víctimas y la recolección de nuevas denuncias de presunta desgracia.
Por ello, según las declaraciones de Rodrigo Ubilla, el objetivo final del gobierno es “saber exactamente cuál fue el impacto de este terremoto y maremoto en el tema más sensible de todos: las vidas humanas”. Sin embargo, y a pesar de que el secretario de Estado aseguró que se conocería nuevas cifras la próxima semana, “está claro que el número total se ha ido estabilizando”.
Clave en estas labores será la aprobación del proyecto de ley ingresado por el gobierno y que pretende que aquellas personas que desaparecieron en los maremotos y cuyos familiares reportaron una presunta desgracia, se les pueda declarar una muerte presunta en 90 días a partir del 27 de febrero.
De aprobarse esa iniciativa, a fines de mayo el gobierno podría eventualmente entregar una nómina final de personas fallecidas a raíz del terremoto y maremoto.
El gobierno ha publicado una nueva cifra oficial de víctimas a causa del terremoto y maremoto del 27 de febrero, la que asciende a 486 personas muertas y 79 desaparecidos.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, indicó que la nómina completa incluye sólo a personas que fallecieron por consecuencia de la catástrofe natural, según lo indican sus certificados de defunción.
Según Ubilla, tanto el sistema policial como el Servicio Médico Legal y el Registro Civil están en la etapa más compleja de las labores periciales y de reconocimiento de cuerpos, así como en el hallazgo de nuevas víctimas y la recolección de nuevas denuncias de presunta desgracia.
Por ello, según las declaraciones de Rodrigo Ubilla, el objetivo final del gobierno es “saber exactamente cuál fue el impacto de este terremoto y maremoto en el tema más sensible de todos: las vidas humanas”. Sin embargo, y a pesar de que el secretario de Estado aseguró que se conocería nuevas cifras la próxima semana, “está claro que el número total se ha ido estabilizando”.
Clave en estas labores será la aprobación del proyecto de ley ingresado por el gobierno y que pretende que aquellas personas que desaparecieron en los maremotos y cuyos familiares reportaron una presunta desgracia, se les pueda declarar una muerte presunta en 90 días a partir del 27 de febrero.
De aprobarse esa iniciativa, a fines de mayo el gobierno podría eventualmente entregar una nómina final de personas fallecidas a raíz del terremoto y maremoto.
