Jorge Sariego, el padre de la chilena Rocío Sariego, quien se desempeñaba como secretaria cultural de la embajada de Chile en Costa Rica en el momento de la matanza de 2004, solicitó al Presidente, Sebastián Piñera, que ordene una investigación para esclarecer el crimen.

El 27 de julio de 2004, uno de los guardias encargados de resguardar la seguridad de la embajada chilena en San José, Orlando Jiménez, mató a tres chilenos:  Rocío Sariego, al cónsul Cristián Yussef y al primer secretario Roberto Nieto.

Los sucesos de esa fatídica tarde estuvieron cubiertos por un espeso manto de dudas, sobre todo después de que el gobierno costarricense decidiera no emprender una investigación y de que el gobierno chileno tampoco la exigiera.

En varias ocasiones el padre de Rocío Sariego, Jorge, solicitó a las autoridades de los gobiernos de la Concertación que abrieran investigaciones sin tener resultados.

Hoy, con el gobierno de Sebastián Piñera a la cabeza, busca nuevamente que se haga justicia. “Espero que ordene una investigación seria que aclare las cosas y que además permita dilucidar algunas cuestiones que cabe desentrañar del comportamiento de la Cancillería chilena en este y otros asuntos”, sostuvo.

Para Jorge Sariego lo más difícil de aceptar es que, según los peritajes hechos en el momento por el médico forense Luis del Valle, la muerte de los tres compatriotas fue “instantánea”.

Versión que se contradice con otros estudios encargados por los familiares de las víctimas, como el Informe Tanatológico elaborado por el doctor Luis Ravanal Zepeda y la doctora Miriam Bustos de Labocar, que asegura que hubo un tiempo prolongado de entre dos y cinco horas de sobrevivencia y agonía de Rocío Sariego.

Los tres delegados chilenos murieron por falta de atención médica, debido a que la embajada no autorizó el ingreso de la policía costarricense, pese a que el autor del crimen ya estaba gravemente herido luego de dispararse en la cabeza.

“No se hizo ninguna investigación. Pasaron siete horas para que el embajador autorizara la entrada de ayuda médica a la sede de la embajada y eso es inexplicable, siendo que la policía y los políticos costarricenses que allí estaban le solicitaron de manera reiterada, por lo menos, tres veces que autorizara la entrada y no lo hizo. Si hubieran entrado, según los médicos, se hubiese salvado mi hija y Cristián Yuseff”, afirmó el padre de Rocío.

En noviembre y diciembre de 2005 la familia Sariego interpuso querellas en contra del Estado chileno por mil trescientos millones de pesos y contra el embajador chileno en Costa Rica de ese entonces, Guillermo Yunge, por cuasi delito de homicidio.

Según Sariego, los intereses políticos del partido de Yunge, la Democracia Cristiana, se interpusieron en la vida de su hija Rocío, protegiendo al embajador.

“Él fue protegido por la ministra Soledad Alvear, por el ministro Walker que lo sustituyó, luego fue protegido por una serie de personalidades del ministerio de Relaciones Exteriores que a mí me bloquearon constantemente, tal como bloquearon cualquier oportunidad de hacer una investigación seria”, denunció Sariego.

Según información extraoficial, los tres asesinados habrían manejado información de un mal desempeño profesional de Yunge en el cargo, lo que habría sido “ocultado” para no agrandar el tema. Esto incluso podría haber significado que José Miguel Insulza no llegara a la secretaría general de la OEA.

A través de un exhorto enviado a Washington, en agosto de 2008, la Corte Suprema solicitó a Insulza que declara en el caso, pues éste se encontraba en gira en Costa Rica al momento del ataque en calidad de ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos y participó en el comité de crisis que afrontó la emergencia en San José.

En diciembre de 2009, la Corte de Apelaciones decidió sobreseer el juicio contra Yunge.

Este miércoles, Jorge Sariego envió cartas al Presidente Sebastián Piñera, a la ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer y al canciller Alfredo Moreno, para lograr abrir una nueva investigación por los hechos.